El ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que «los delitos graves como los de terrorismo han de estar exceptuados de la amnistía» y ha aclarado que seguirán trabajando en mejorar la ley «sobre esa base y con esos principios».

Sin embargo, la proposición de ley registrada por el PSOE únicamente incluye entre las excepciones para aplicar la amnistía «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados siempre y cuando haya recaído sentencia firme». Eso implica que sí serían amnistiados los delitos de esta índole sobre los que no haya fallo judicial firme, como en el caso de los doce CDR procesados por la Audiencia Nacional o los investigados por Tsunami Democràtic.

Bolaños se ha expresado así tras ser preguntado por las enmiendas parciales presentadas por Junts y ERC este martes a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los «delitos terroristas» por los que están acusados independentistas. En concreto, Junts, junto con ERC han propuesto que la amnistía incluya todos los casos relacionados con el «terrorismo», incluidos aquellos sobre los que recaiga sentencia firme.

El ministro, sin embargo, ha avalado únicamente «las enmiendas pactadas» entre PSOE, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG, que «refuerzan una ley que ya de por sí es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esas enmiendas sí mantienen excepciones a la aplicación de la amnistía en aquellos delitos de «terrorismo» sobre los que haya recaído sentencia firme, al contrario de lo que plantea Junts.

«Y esas son las enmiendas que apoya el Partido Socialista, por eso las ha firmado con otros grupos parlamentarios», ha incidido el ministro, que ha asegurado –sin nombrar a Junts– que «también se trabajaron» con «otros grupos» que no las firmaron.

«Por tanto, sobre esa base, con esos principios en la tramitación parlamentaria, seguiremos dialogando. Claro que sí, pero siempre sobre esa base, sobre esos principios. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley», ha repetido Bolaños.

Informe del Congreso de 2018

En este contexto, un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía que tramita la Cámara y ve indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa registrada por el PSOE.

La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan «palmarias» como para vetar su tramitación.

Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia, que trabajaron con presidentes del PP –Piedad García Escudero fue letrada mayor con Luisa Fernanda Rudi e Isabel Revuelta fue secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo–, las que inciden en esas dudas y las detallan, «aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente» y subrayando «la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales».

De entrada, el informe pone en cuestión que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que ésta sea una «figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador», dado que no figura entre las competencias de las Cortes Generales y además la Constitución española «desautoriza expresamente» los indultos generales.

Por ello, considera que «la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional».

Al ser interpelado sobre la cuestión, Félix Bolaños ha manifestado que sabe de «tres informes de letrados del Congreso y todos ellos son respetables y todos, desde luego, los vamos a analizar desde el Gobierno. Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de la amnistía».

Además, Bolaños se ha referido a otro informe, fechado en marzo de 2018, donde los letrados «decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional». Ese texto, en concreto, señala que «podrían existir otras figuras dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, que respetarían el espíritu perseguido por la Proposición de Ley» que analizaron los letrados, relativa a la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias civiles.

«Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres, pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día, que lo que ocurría en Cataluña en 2017, donde había fuerzas políticas que actuaban fuera de la ley, fuera de la Constitución, hoy no pase», ha apostillado el ministro.

El PP ha emplazado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a aclarar cuál es el criterio jurídico del Congreso en relación con la ley. A su entender, hay un dilema jurídico en la posición de los letrados porque se han emitido dos informes «distintos y contradictorios» sobre este asunto.