PP y PSOE han acordado eliminar de la Carta Magna el término ‘disminuidos’, un anacronismo cuya supresión lleva dos décadas sobre la mesa pero sin resultado hasta ahora. ¿Por qué es tan difícil cambiar cosas en la Constitución aunque haya un consenso unánime para hacerlo?

La respuesta está en el Título VIII, el relativo a la organización territorial del Estado español, una parte de la Constitución que se redactó incluso antes de que nacieran las comunidades autónomas, pensada para poner en marcha ese proceso y que se fió a un desarrollo posterior.

Nunca se desarrolló y nunca ha parecido que pudiera reeditarse el grado de consenso de 1978, especialmente en los últimos años con el crecimiento del apoyo al independentismo en Catalunya y Euskal Herria.

En algunos momentos el PSOE y siempre el PP, los dos partidos mayoritarios, han temido que una reforma constitucional más allá de meros detalles pudiera afectar a esa parte y abrir un melón difícil de cerrar.

Desde el principio, los soberanistas catalanes y vascos han pedido el reconocimiento de sus ‘hechos diferenciales’ y del derecho a decidir frente al ‘café para todos’. Ante eso, sobre todo la derecha, teme que ese planteamiento lleve a quebrar un documento que asevera que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Lo que se cambió

Así las cosas, las dos reformas constitucionales que se han llevado a cabo han tenido carácter limitado y, hasta esta tercera, las anteriores han venido inducidas directa o indirectamente por Europa.

En 1992 se añadieron dos palabras al apartado 2 del artículo 13 de la Carta Magna, ‘y pasivo’, para que, en aplicación del Tratado de Maastricht, los ciudadanos de la UE residentes en el Estado español pudieran, no solo votar en las elecciones municipales –sufragio activo– sino también ser candidatos y resultar elegibles –sufragio pasivo–.

A diferencia de la unanimidad de esa primera reforma, la segunda, la que introdujo el principio de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna, solo contó con el apoyo de PSOE –entonces gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero– y PP.

En 2011, en plena crisis económica, el Estado español estaba al borde la intervención y con muchas dificultades para obtener financiación en los mercados. Las autoridades europeas exigían rigor y un compromiso de disciplina presupuestaria, así que los dos partidos mayoritarios pactaron una reforma constitucional que se tramitó a finales de agosto en menos de una semana.

En el programa electoral de 2016, el PSOE prometía eliminar esa reforma; en 2019 ese compromiso ya no figuraba entre sus promesas electorales.

Lo que se quiso cambiar

La reforma del Senado para convertirlo en cámara de representación territorial ha estado en el debate de los posibles cambios constitucionales casi desde el principio.

En 1995 una ponencia en esa cámara estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero no se logró por la convocatoria anticipada de elecciones.

También el Gobierno de Rodríguez Zapatero propuso a su llegada al poder en 2004 modificaciones en cuatro puntos, entre ellos la reforma del Senado, además de incluir en la Carta Magna la denominación de las comunidades autónomas, referencias a la Constitución Europea, o eliminar la prioridad del varón en el acceso a la corona.

Las demandas de incremento del autogobierno e incluso el reconocimiento del derecho a decidir por parte de los soberanistas catalanes y vascos son otro clásico de las propuestas de reforma constitucional, y contrastan con las que se han hecho en ocasiones desde la derecha.

Por ejemplo, UPN y PP propusieron la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que contempla una posible unión entre la CAV y Nafarroa mediante un referéndum.

También en sentido contrario a las de los soberanistas fueron las iniciativas de UPyD, que pedía la recuperación de competencias como la Sanidad y la Educación por parte de la Administración estatal.

Este partido, ya desaparecido, propuso en 2011 un cambio de la circunscripción para una reforma electoral, al entender que la existente favorecía excesivamente a los partidos mayoritarios, así como a los soberanistas y regionalistas.

Tanto UPyD como el PSOE y entonces IU coincidían en revisar las relaciones de privilegio con la Iglesia católica y reforzar el carácter laico del Estado. Y el PSOE, fuera del Gobierno, propuso en 2013 una reforma de la Constitución en 40 puntos que incluía el diseño de un Estado federal o limitar parcialmente los aforamientos, entre otros asuntos.

Partidos como IU y el PNV también han apostado en varias ocasiones por eliminar el concepto de inviolabilidad de la figura del rey.

Ninguna de estas iniciativas llegó ni siquiera a tramitarse en el Parlamento.

Las enmiendas a esta tercera reforma

Ahora, como cada vez que se plantean retoques de la Carta Magna, algunas fuerzas políticas aprovechan para pedir otras modificaciones y, por el momento, Sumar y PNV ya han anunciado enmiendas parciales que deberán presentarse antes del debate del jueves.

Sumar aboga por la recuperación del derecho civil valenciano y que Formentera elija un senador propio, una reclamación de Mès; y los jeltzales piden el reconocimiento del derecho a decidir, eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial del Estado, abolir el artículo 155, que permite la intervención del Estado en una comunidad autónoma, y crear una junta arbitral para solucionar los conflictos de competencias.

Previsiblemente ninguna de estas sugerencias vaya a ser ni siquiera calificada por la Mesa y el debate se limitará al artículo 49 de la Carta Magna.