Unos días después de la campaña mediático-política contra Itziar Ituño por participar en la movilización de Sare, otra filtración, en este caso procedente de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, trata de atacar la vía legal penitenciaria. Diarios del Grupo Vocento filtran cruces de mensajes entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, y miembros de la izquierda independentista entre 2018 y 2020, de los que intentan extraer la tesis de que este sector político «supervisaba» la apertura de la política penitenciaria por parte del Gobierno Sánchez.

«La ‘cordial’ y ‘eficaz’ relación entre el Gobierno y Bildu sobre los presos de ETA», titula ‘El Correo’ esta información firmada en Madrid.

Hay que matizar en primer lugar que el asunto no es nuevo. Hace justo ahora dos años ya se aludió en medios de derecha a la existencia de canales de comunicación entre Instituciones Penitenciarias y organizaciones que trabajan por los derechos de los presos y presas vascas. En aquella ocasión el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció algunos cruces de mensajes pero los calificó de normales y remarcó que «en ningún caso condicionan» las decisiones de política penitenciaria.

La única novedad ahora es que se reproducen textualmente mensajes de Angel Luis Ortiz, lo que supone que un aparato del Estado como la Guardia Civil no tuvo reparo en espiar conversaciones del secretario general de un órgano del Gobierno como es Instituciones Penitenciarias, ni tampoco la Audiencia Nacional para incluirlos en un sumario.

Según se explica en la información, estos mensajes están incluidos en la causa abierta contra los «ongi etorris» en la Audiencia Nacional, por la que la Fiscalía acaba de solicitar la imputación de seis miembros de la izquierda independentista.

La supervisión... de la AVT

También resulta llamativo que se señale con intentos criminalizadores esta vía de comunicación cuando es conocido que el Ministerio de Interior comunicó todas las decisiones sobre acercamientos de presos previamente a organizaciones de víctimas.

Ello ha conllevado que algunas de ellas fueran filtrando las decisiones de Instituciones Penitenciarias antes incluso de su comunicación oficial. Sobra decir que ninguno de estos medios destacó entonces que la AVT o Covite estuvieran «supervisando» el proceso, como ahora se intenta achacar a EH Bildu.