PSOE y Junts, junto a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, han aprobado este martes una definición de la ley de amnistía, que pasará ahora a Pleno, que permite amnistiar a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los diez encausados por las protestas presuntamente promovidos por Tsunami Democràtic que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

Así lo han pacto en el marco de la Comisión de Justicia del Congreso en la que han pactado diversas enmiendas técnicas a la proposición de la ley que presentó el PSOE el pasado noviembre para amnistiar una década del procés independentista catalán.

Entre las enmiendas acordadas, se mantiene el «terrorismo» como delito excluido de la aplicación de la amnistía, homologándose su estructura al resto de exclusiones previstas en la norma, recurriendo además a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con el fin de ofrecer una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión.

Fuentes parlamentarias han precisado que con esta modificación se otorga «mayor claridad y exhaustividad» al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, con el fin de dotar a este apartado de «mayor seguridad jurídica».

Asimismo, se refuerza además la función jurisdiccional de jueces y magistrados a la hora de aplicar esos efectos, especialmente en lo referente al levantamiento de medidas cautelares ante una eventual suspensión del proceso judicial por cualquier causa.

Junts: Calificar el procés de «terrorismo» es «una aberración jurídica»

Cabe recordar que la semana pasada, Junts y ERC propusieron una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarcara todos los delitos «terroristas» por los que está acusado el independentismo.

Precisamente, Junts ha explicado este martes que las enmiendas transaccionales pactadas con el PSOE a la ley de amnistía están dirigidas a evitar que el procés sea calificado de «terrorismo», al considerar que se trata de una «aberración jurídica».

El diputado de Junts Josep Maria Cervera ha señalado que uno de los objetivos de las enmiendas transaccionales es «cubrir todos los supuestos de uso fraudulento de los mecanismos jurídicos para impedir una efectiva, eficaz y rápida aplicación de esta ley». «Una amnistía diferida no es amnistía», ha dicho.

En concreto, ha apuntado que, «como dice Gonzalo Boye», estos cambios responden a «la necesidad de superar la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son».

«Tratar el independentismo catalán como «terrorismo» es una aberración jurídica y una politización de la Justicia que esta ley también tiene que revertir», ha defendido. Además, ha sostenido que no hay ningún instrumento jurídico en el marco de la Unión Europea que impida amnistiar al «terrorismo».

Por otro lado, también ha aclarado que la enmienda destinada a ampliar el marco temporal de la amnistía, que arrancaría el 1 de noviembre de 2011, en lugar del 1 de enero de 2012, obedece a la finalidad de que «se incluyan las actuaciones que el Tribunal de Cuentas incluye en su informe de fiscalización».

Cervera ha manifestado asimismo que el segundo objetivo de estas enmiendas transaccionales es que «la amnistía incluya a todos», «sin excepciones», en referencia a los encausados por Tsunami Democràtic y a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en la Operación Judas.