FNSEA y Jeunes Agriculteurs (JA) han puesto sobre la mesa su tabla de reivindicaciones, dando concreción a las aspiraciones de un movimiento de cólera que este 25 de enero se mantiene en pie con numerosas operaciones de bloqueo en autopistas y carreteras hexagonales a las que, por cierto, el Gobierno de Emmanuel Macron no pone impedimientos.

Hasta ahora, solo se habían expuesto demandas globales y difíciles de cuantificar, como la exigencia de remuneraciones dignas para los afectados o la «simplificación de las normas» que deben respetar los productores, que en su mayor parte emanan de Bruselas, aunque el Gobierno francés tenga la potestad de enriquecer su contenido y determinar los modos de aplicación.

Los agricultores mantienen sus protestas en torno a la capital labortana aunque, a diferencia de días precedentes, esta mañana no han paralizado la rotonda de Grand Basque.

Se mantiene el punto de bloqueo en el puente Touya, lo que obstaculiza la circulación en la autopista A63 tanto en dirección a Biriatu como en sentido Burdeos.

Café y croissants para los gendarmes

Como en días precedentes, la Policía no perturba la protesta sindical. Hasta el punto de que, según narra en la red 'X' el cronista del diario  'Sud-Ouest', los gendarmes que se han acercado esta mañana al lugar para interesarse por el desarrollo de la movilización «han sido recibidos –por los agricultores– con café y croissants de chocolate».

El portavoz departamental del FDSEA, Éric Mazin, ha reiterado que «la protesta se mantendrá» al menos hasta el viernes, a la espera que lleguen «respuestas claras» de París.

Anoche, ya en la escala estatal, FNSEA y JA hicieron pública en París una tabla de reivindicaciones que, de acuerdo al resumen del diario 'Libération', incluye demandas ya conocidas respecto a la fiscalidad del gasóil, pero también la exigencia de suprimir medidas para la protección de la salud y el medio ambiente.

En su vertiente más económica, la tabla se encabeza con una demanda de una aplicación real de la legislación Egalim sobre el reparto en la cadena de valor alimentaria, para lo que se reclama que haya más controles que garanticen la justa retribución a los productores.

Igualmente, los agricultores detallan sus peticiones en materia de impuesto al gasóil tipo GNR que emplean en tractores y otras maquinarias. Piden una moratoria fiscal.

Al tiempo, exigen el pago inmediato de las ayudas con cargo a la Política Agrícola Comun (PAC) «independientemente de los motivos que hayan llevado a no pagar las mismas» y también de las indemnizaciones «por crisis sanitarias o climáticas», que en este caso corren a a cargo del Estado. Como con el carburante, piden no pagar impuestos por esos ingresos.

Sector vinícola y agricultura biológica

La lista incluye la demanda de «ayudas urgentes» para el sector vinícola y para la agricultura biológica, «principales víctimas de la inflación», señalan esas centrales.

La pasada primavera, la FNSEA exigió ya un plan general cifrado «entre 50 y 100 millones» para salvar a la agricultura biológica.

El Ministerio francés de Agricultura respondió con un cheque de 60 millones de euros, incluido en un programa que preveía además medidas para incentivar el consumo de alimentos biológicos.

Sin embargo, es en materia medioambiental donde los sindicatos cruzan más barreras. Ya no solo se oponen a que París refuerce los dispositivos europeos, sino que exigen directamente la supresión de las normativas existentes.

Hasta el punto de que demandan la supresión de las zonas de seguridad en el uso de productos fitosanitarios o ZNT que, como medida de prevención en materia de salud y respeto al medioambiente, impiden en el Estado francés que se apliquen productos contra las plagas en cultivos situados en las inmediaciones de viviendas o cursos de agua.

Van más allá y rechazan el llamado 'Plan Ecophito', en vigor desde 2008, a raíz de un «debate nacional sobre el futuro de la agricultura».

En base a ese plan, París aspira a reducir a la mitad el uso de pesticidas de aquí a 2030.

Los sindicatos exigen de manera abierta «una moratoria en las prohibiciones de pesticidas», lo que cuestiona la política de protección de la salud y medioambiente que preconiza la UE.

También enmiendan ambas centrales el Plan del Agua de 2021 que fija las condiciones en cuanto a la extracción de recursos hídricos en tiempo de sequía.

Demanda de reducir legislación y medidas del Ejecutivo

Finalmente, los dos sindicatos quieren que el Parlamento francés aborde a medio plazo una «reducción de las normas» que se aplican a los productores agrícolas y postulan que la oficina francesa de protección de la biodiversidad asuma una función «más pedagógica que represiva».

La tabla reivindicativa se daba a conocer horas antes de que el primer ministro francés, Gabriel Attal, reúna este jueves a los ministros de Agricultura, Transición Ecológica y Economía para ultimar los detalles de un anuncio, hoy mismo, o como tarde el viernes, sobre las primeras medidas que propondrá el Ejecutivo para tratar de apaciguar la cólera del sector agrario.