![Diana Urrea en una imagen de archivo.](/media/asset_publics/resources/001/074/256/article_main_landscape/Urrea.jpg)
PNV y PSE han acordado con EH Bildu la futura Ley de Cooperación y Solidaridad, acuerdo que se suma a los alcanzados recientemente con la Ley de Transición Energética y la Ley de Infancia y Adolescencia.
Este acuerdo se da a conocer un día después de que los tres partidos hiciesen público su pacto para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz, donde PSE y PNV gobiernan en minoría pese a que los soberanistas son la primera fuerza.
EH Bildu se ha comprometido a votar a favor de la Ley de Cooperación y Solidaridad, en la que finalmente se establece que el Gobierno de Lakua dedicará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la cooperación con países en desarrollo para cumplir así el compromiso de Naciones Unidas.
Según ha informado el grupo soberanista, para su parlamentaria Diana Urrea el compromiso del 0,7% «es algo más que un porcentaje» porque supone «toda una declaración de intenciones a la que no puede renunciar una Ley de Cooperación que se erige transformadora, puntera y referente».
«Hasta ahora el Gobierno no ha cumplido ese compromiso de Naciones Unidas y es importante que esta nueva ley lo recoja y lo concrete», ha indicado Urrea, quien ha afirmado que el acuerdo recoge, además del citado compromiso, también el de «aumentar su inversión hasta conseguir ese objetivo».
Ha agregado además que el pacto implica «una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las políticas de Cooperación y una apuesta por la educación para la transformación social».
Enmiendas de EH Bildu
A través de las enmiendas aceptadas a EH Bildu, la ley también reconoce el protagonismo de las organizaciones sin ánimo de lucro en este campo e incluye la renuncia del Ejecutivo autonómico a derogar la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, una ley que «contiene elementos muy válidos para el desarrollo adecuado de políticas de cooperación y solidaridad».
Por último, EH Bildu ha destacado que la norma va a tener el objetivo de impulsar la cooperación y solidaridad vascas «desde una dimensión feminista y de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de los principios democráticos».
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