El Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenado este lunes la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande tras no lograr presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende hasta los 302.000 millones de euros.

«La vista ha durado un año y medio y la empresa aún no ha sido capaz de presentar una propuesta de reestructuración concreta. Creo que ha llegado el momento de que el tribunal diga basta», ha declarado la jueza Linda Chan durante la audiencia, según ha publicado el diario chino ‘South China Morning Post’.

Esta decisión, que se ha convertido en la primera orden de liquidación dictada por tribunal de la ciudad, aún puede ser recurrida, si bien esta misma jornada se asignará al liquidador provisional para que comience a gestionar la reestructuración de la deuda con los acreedores y tomar el control de sus activos, libros y registros.

El consejero delegado de Evergrande, Shawn Siu, ha asegurado este lunes que la compañía «cooperará» con los administradores judiciales «en los procedimientos pertinentes con arreglo a la ley» después de que la Justicia hongkonesa ordenase la liquidación del grupo.

Siu, citado por el diario económico chino ‘21st Century Business Herald’, ha mostrado su «máximo pesar» ante la decisión pero avanzó que Evergrande «se comunicará de forma activa con los administradores judiciales y promoverá tareas clave como garantizar la entrega de viviendas (vendidas sobre plano)».

Evergrande, que todavía puede recurrir la decisión judicial, «afrontará las dificultades y los problemas de frente, tomará todas las medidas legales y promoverá la operativa normal de los negocios del grupo al tiempo que protegerá los derechos e intereses legítimos de los acreedores locales y extranjeros», ha agregado el directivo.

Siu ha reconocido que «las operaciones del grupo se enfrentan a enormes dificultades y los recursos son extremadamente limitados», algo que ha causado que sea «incapaz de cumplir con las condiciones legales pertinentes para las fases clave de la reestructuración de la deuda extraterritorial (‘offshore’)».

Pese a que esta situación «refuerza las diversas incertidumbres y dificulta la implementación del plan de reestructuración», Siu ha asegurado que Evergrande «promoverá la resolución de las deudas con arreglo a las prácticas internacionales y las reglas del mercado».

Se espera que este mismo lunes se nombre un administrador judicial provisional que tome el control de la dirección de Evergrande, aunque los analistas ponen en duda que sea reconocido en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos.

Una larga crisis

Evergrande, con un pasivo de 304.235 millones de euros, entró en impago hace más de dos años tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.

Además, el grupo se ha visto sumido en una nueva crisis después de que su fundador y presidente, Xu Jiayin, fuese puesto bajo una especie de arresto domiciliario por «sospechas de actividades ilegales».

La prensa internacional había apuntado que la últimas rondas de negociaciones de Evergrande con sus principales acreedores había finalizado en ruptura y que, en consecuencia, estos habían decidido apoyar la petición de liquidación presentada a mediados de 2022 por un inversor local por el impago de 101,4 millones de euros en concepto de recompra de acciones.

El año pasado, la promotora aseguró, citando un análisis de Deloitte, que la tasa de recuperación para los inversores en caso de una liquidación rondaría un 3,4%.

Evergrande, que acumula 18.444 millones de euros de deuda extraterritorial ('offshore') impagada, ha suspendido en varias ocasiones las votaciones sobre sus propuestas de reestructuración: la última fue en septiembre, cuando reconoció que sus ventas estaban evolucionando peor de lo esperado y anunció que no podía seguir emitiendo nueva deuda a través de su principal subsidiaria en China.

Se estima que Evergrande tiene todavía que terminar de construir y entregar viviendas vendidas sobre plano por valor de unos 604.000 millones de yuanes (77.557 millones de euros), siendo este uno de los factores no financieros que más preocupa al Gobierno chino debido a sus posibles implicaciones para la estabilidad social, ya que los bienes inmuebles son uno de los principales vehículos de inversión de las familias del país.