Crear en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa este año o en 2025 un mercado voluntario de carbono es el «novedoso proyecto» impulsado desde la Confederación de Forestalistas del País Vasco y apoyado por varias universidades, con la UPV/EHU incorporando un sistema propio; así como por empresas tecnológicas (Elkarmendi) y de certificación PEFC, el sistema de certificación forestal más implantado a nivel internacional.

La puesta en marcha de este proyecto ha sido anunciada por la UPV/EHU a través de una nota, en la que Inmaculada Astorkiza, profesora de la Facultad de Economía y Empresa e investigadora principal del equipo interuniversitario del mismo, señala que «está encaminado a aumentar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos a través de una gestión orientada a elevar de forma verificable la capacidad de absorción de las masas boscosas ya existentes respecto a un nivel base de partida, ya que la normativa exige que haya un aumento en la cuantía de la captura de carbono respecto al nivel previo a la actuación».

Potencial inicial

En estos momentos, la superficie certificada total en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con potencial de conformar la oferta inicial, asciende a 107.477 hectáreas, con la mitad de titularidad privada, pequeños y medianos propietarios de bosques (49,1%), y que está compuesta por más de 86 especies arbóreas diferentes, como pino, eucalipto, haya, castaño o roble. Y el potencial de demanda del mercado sería de casi 30.000 empresas clasificadas como microempresas, pequeñas y medianas, y grandes compañías.

Los datos preliminares de Astorkitza apuntan que el bosque estaría «captando un promedio de 4,1 t CO2 por hectarea y año en la CAV, teniendo en cuenta que en la actualidad dispone de 396.191 ha arboladas, supondría 1.624.392 t CO2/año, es decir el 9% de las 17,5Mt CO2/año reportadas en el Inventario de Emisiones de Efecto Invernadero del País Vasco».

Los precios en el mercado voluntario para nuevas plantaciones son bastante variables, pero oscilan entre los 30-45 euros/t CO2 en los casos revisados, aunque dichos mercados no cuentan con una certificación estándar de verificación, añade la experta.

En cambio, lo que se pretende implantar en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «se verifica cada cinco años por AENOR y sale al mercado con todas las garantías de veracidad. Dado que el carbono que se pretende comercializar cumple requisitos más completos, estrictos y verificados, se precisa obtener un precio de salida más acorde con la calidad de la oferta de nuestro sector forestal a través de una encuesta que proporcione la disposición a pagar de las empresas vascas por dicho producto».

Abierto a quien quiera compensar su huella

Es un mercado voluntario de créditos de carbono «basado en proyectos de absorción de emisiones de CO2 y abierto a todo tipo de sectores y organizaciones públicas y privadas, incluso ciudadanos, que quieren compensar sus emisiones (huella) de carbono y responsabilizarse de su acción climática».

En este sentido, añade que «está encaminado a aumentar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos a través de una gestión orientada a elevar de forma verificable la capacidad de absorción de las masas boscosas ya existentes respecto a un nivel base de partida».

Pero la medición del carbono absorbido por los bosques «solo puede ser culminada con la ayuda de la ciencia y la tecnología, y con la transferencia de dicha información a los agentes implicados y al conjunto de la sociedad», apunta la experta.

Para ello, el equipo de Astorkiza ha elaborado un sistema denominado ‘Basoko’, que trata de «incrementar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos a través de una gestión específica del carbono más eficiente».

Según detalla, este sistema está compuesto por cinco módulos para el cálculo y la valoración, «tanto de la absorción de carbono de cada alternativa de absorción propuesta para tal fin, como de los costes y beneficios asociados a cada alternativa, permitiendo al forestalista una toma de decisiones racional y eficiente sobre el camino a seguir».

También contempla la certificación por un organismo de evaluación independiente, como puede ser AENOR, que «verifique el proceso y los resultados (absorciones anuales reales) obtenidos, dando garantías a las transacciones que se realicen con el respaldo del certificado PEFC_+C emitido».

Otros módulos se encargan del «registro público de los ‘certificados de carbono’ comercializables en el mercado voluntario por cada titular forestal y la contabilización de los ‘créditos de carbono’ de cada plan: créditos totales, verificados, disponibles, usados, previstos, etc.; además de la transacción en el mercado voluntario de los ‘créditos de carbono’».

Añade que «el mercado incorpora información sobre el mecanismo interno de compra-venta, la cantidad ‘créditos de carbono’ en venta, el precio del ‘crédito de carbono’, el contrato que establece los incentivos económicos de las partes junto a los derechos y obligaciones de los contratantes...».

Eficacia en la captura de carbono

La profesora de la UPV/EHU considera que Basoko Sistema «garantiza una mayor eficacia en la captura de carbono de los bosques, ya que internaliza y combina, dentro de sí, distintas políticas de mitigación, tales como instrumentos económicos (mercados y precios de carbono), de control y verificación (realizados quinquenalmente en el marco de la certificación PEFC), e instrumentos de acción colectiva (contratos de cooperación entre forestalistas y empresas que recogen tanto los incentivos de las partes, como las penalizaciones en caso de incumplimiento)».

Astorkiza apunta que «es de suponer que esta iniciativa animará a nuevos propietarios forestales a realizar Planes Técnicos de Gestión Sostenible y que, mediante esta certificación (condición sine qua non), puedan participar en el mercado voluntario».

Como beneficios de este mercado, señala que «genera ingresos adicionales complementarios a los propietarios forestales y los incentiva a seguir por la senda de la gestión sostenible, a la vez que la gestión forestal del carbono crea nuevos empleos locales en las zonas rurales».

Además, «mejora la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas participantes, eleva su reputación y mejora su imagen de marca».