El prestamista Gormedino S.L., con sede en Zaragoza, ha solicitado el desahucio del caserío Guruzeta de Astigarraga, según ha denunciado Stop Desahucios Donostialdea.

Según ha explicado este colectivo, en el caserío Guruzeta viven Julián, de 72 años y enfermo coronario, y sus sobrinos discapacitados con un menor con minusvalía.

Stop Desahucios, que ha convocado una concentración y comparecencia para este jueves a las 11.00 en el kiosco del Boulevard, ha explicado que el prestamista les reclama una deuda de 197.715 euros por un préstamo de 147.000 euros que debían ser entregados mediante cuatro cheques, de los que solo fueron entregados dos por valor de 60.000 euros.

Interés de mora del 29%

Estos dos cheques debían devolverse en un año con un interés anual del 15% a pagar cuando vencieron, por lo que les obliga a devolver los 147.000 euros más un 15% de interés (22.050 euros), junto con un interés de mora de seis meses al 29% por valor de 29.400 euros, lo que hacen un total de 197.715 euros.

Esta cantidad se ha reclamado en una demanda de ejecución hipotecaria presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Donostia. En una subasta celebrada en mayo de 2022, el prestamista se adjudicó el caserío en el que Julián, jubilado con una pensión modesta, ha vivido toda su vida y que actualmente comparte con sus sobrinos (una de ellas tiene una minusvalía) y un hijo de estos, también minusválido.

Stop Desahucios añade que se ha denunciado esta práctica por usura en un juzgado de Zaragoza, pero ha sido archivada, por lo que el procedimiento ha seguido adelante. De este modo, está pendiente de fijarse la fecha del desahucio por parte del Juzgado de Paz de Urnieta en base a la diligencia emitida por el Juzgado de Donostia.

Recurso

Esta diligencia fue recurrida el 16 de enero y admitida a trámite por el Juzgado de Donostia en base al decreto que suspendía los desahucios de familias vulnerables y otra normativa europea, estatal y autonómica. «Gracias a este recurso esta familia tiene una tregua al menos hasta el 31 de diciembre de 2024», subraya Stop Desahucios. 

«Es inaudito que en el siglo XXI estas prácticas no estén perseguidas por la Justicia y esos indeseables prestamistas sigan haciendo negocio a costa de quedarse con viviendas, en esta caso un caserío, por cantidades irrisorias», destaca Stop Desahucios,