Estados Unidos ha anunciado este martes la restauración de sanciones al sector del oro de Venezuela y ha amenazado con hacer lo mismo con el sector petrolero como represalia por la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado.

«El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos», ha señalado el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, 

Después de que el chavismo y la oposición acordaran en octubre pasado una hoja de ruta para las elecciones presidenciales de 2024, Washington levantó durante seis meses una serie de sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela.

El anuncio de este martes sobre el sector del oro implica que todas las empresas que están realizando operaciones con la minera estatal venezolana Minerven deben liquidarlas antes del 13 de febrero, según el Departamento de Estado.

El Gobierno de Joe Biden responde así a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 15 años que pesa sobre la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales, María Corina Machado.

Plazo hasta abril para sancionar el petróleo

La Casa Blanca había recordado el lunes al Gobierno venezolano que le ha dado de plazo hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición, entre los que incluye permitir a Machado competir en las próximas elecciones.

El Gobierno de Venezuela ha respondido a esta medida advirtiendo de que suspenderá cualquier mecanismo de cooperación existente con Estados Unidos, haciendo hincapié en los mecanismos migratorios, si la Administración norteamericana intensifica las sanciones económicas impuestas a la nación caribeña.

Repatriación de migrantes

«Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida», ha señalado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez ha añadido que «pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano».

El Gobierno de Venezuela ha acusado al Gobierno de EEUU de llevar a cabo un «chantaje e intromisión en los asuntos internos» y considera la decisión adoptada por Washington «un ultimátum contra toda la sociedad venezolana» y un intento por «imponer el golpismo» a través de «la coerción y la amenaza».

«Venezuela rechaza de manera absoluta e inequívoca el intervencionismo neocolonialista que desde Washington se intenta imponer contra un país independiente que ejerce plenamente su soberanía nacional y que tiene derecho a elegir su propio destino», señala el escrito venezolano.

Caracas han acusado además a Estados Unidos de ser «cómplice de la masacre y el genocidio en Gaza» y de contar con «un historial sangriento de violaciones de derechos humanos» en el continente americano, y «con un prontuario de represión a su propia población indígena, afrodescendiente y migrante».