Un grupo de expertos en Derecho ha presentado en el Parlamento Europeo la propuesta de norma de claridad para materializar procesos de autodeterminación en regiones de los estados miembro de la UE. El texto, encargado por siete eurodiputados, entre ellos representantes del PNV, EH Bildu, ERC y el BNG, ha sido presentado por Elisenda Casanas, directora asociada del Centro de Derecho Constitucional de Edimburgo, Zelai Nikolas, jurista de Lakua, Maite Zelaia, investigadora en la UPV, y Marc Sanjaume-Calvet, profesor en la Universitat Pompeu Fabra.

«La resolución de estos conflictos sobre soberanía territorial debe comenzar por aceptar la propia existencia de conflictos», ha avanzado Sanjaume-Calvet. Desde la perspectiva de la Unión Europea, como ha sido en los casos de Escocia (cuando el Reino Unido no había abandonado el club) o Catalunya, se ha pasado de puntillas por ellos aludiendo a que se trata de «asuntos internos» de los Estados. Sin embargo, defienden que «trasciende» las fronteras y afecta al global de la UE.

Por ello, el grupo de expertos ha presentado un borrador de reglamento que persigue, como objetivo prioritario, «garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía europea sostenida en la prohibición de la discriminación por nacionalidad y, como objetivos subsidiarios, el reforzamiento del Estado de Derecho y creación de un estándar normativo acorde con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea». Es decir, establecer un marco de garantías que ofrezca a todas las partes la certeza jurídica para el desarrollo democrático de estos procesos.

En concreto, la propuesta, remarca que estos procesos «deben ser reglados y consensuados», pero que la norma de claridad que determinará cada ejercicio de decisión requiere un marco común de garantías establecido por la Unión, estableciendo una norma estándar que se deberá cumplir en cada fase.

Así, el texto recoge que las regiones tienen derecho a revisar su estatus político mediante un procedimiento reglado y el propio procedimiento tendría el objetivo de lograr un mandato democrático.

¿Cuándo se puede proceder?

Para ello, detalla las condiciones que se deben cumplir en cada frase para lograr el grado de legitimidad necesario en tres extremos: la legitimidad de la reivindicación, la legitimidad de la decisión y la legitimidad del resultado.

En primer lugar, exige que la reivindicación tenga un amplio apoyo social, detallando varios criterios para cuantificar ese apoyo, asumiendo también que el apoyo no tiene por qué coincidir con el exigido para tomar la decisión final. Es decir, el apoyo para que se celebre un referéndum, por ejemplo, no tiene por qué ser el mismo que el necesario para independizarse.

Para otorgar legitimidad a la decisión, señala que esta debe ser «de calidad», mediante un proceso «libre y debidamente informado». El proceso debe garantizar que sean los ciudadanos los que tomen la decisión final sobre el estatus soberano. «Las formas de expresar la voluntad democrática deben conjugarse y coordinarse para que cualquier decisión que se tome tenga legitimidad suficiente y evitar decisiones plebiscitarias inesperadas», señala.

Asumiendo que los mecanismos de democracia directa pueden ser «muy variados», la propuesta de reglamento subraya que «la igualdad entre las partes debe estar garantizada en todo el proceso», para lo que se citan como pautas las recomendaciones de la Asamblea de Venecia y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el tema de los referendos: igualdad de oportunidades entre las distintas partes en las campañas previas a todo referéndum; la financiación y la transparencia de tales campañas; la claridad de la pregunta; o el ineludible respeto al marco constitucional de toda convocatoria de referéndum.

Asimismo, se prevé la necesidad de garantizar la reversibilidad de cualquier decisión y la repetibilidad del litigio.

Cómo hacer cumplir el resultado

Del mismo modo, el reglamento hace hincapié en garantías para que se aplique el resultado del proceso, que el Estado miembro lo respete y que las instituciones europeas lo tengan en cuenta con las consecuencias que conlleva.

También se prevén las consecuencias de no cumplir todos estos requisitos. Si el Estado miembro «no actúa de buena fe» o no cumple lo señalado, las instituciones europeas podrán intervenir, pudiendo llegar a tomar en consideración las declaraciones unilaterales de independencia «tras comprobar la legitimidad democrática». Si quien no cumple la norma es la comunidad subestatal, las instituciones europeas no estarían obligadas a tener en cuenta el resultado.

De esta forma, según ha explicado Casanas, las instituciones de la UE quedarían obligadas a reconocer la legitimidad de la decisión y negociar de buena fe la aplicación del resultado.

También se propone un periodo de transición para la aplicación de ese resultado en el que las entidades del nuevo estado estarían obligadas a cumplir las leyes de la Unión, los ciudadanos mantienen sus derechos como ciudadanos de la UE, los ciudadanos de otros Estados de la UE mantienen sus derechos de ciudadanía en el nuevo estado y las instituciones de la UE y los Estados miembro comenzarán las negociaciones para los tratados necesarios.

La propuesta de reglamento no regula las condiciones exactas para dirigir estos procesos de decisión sobre el estatus político, aceptando que ello puede ser un asunto interno de cada estado miembro. Pero esta competencia no es absoluta. «La integridad territorial de los Estados no es una razón legítima para que un Estado miembro no articule política y legalmente las reivindicaciones de soberanía», ha recordado Nikolas.

Urkullu: «Un buen punto de partida»

En el último panel de la sesión en la Cámara europea han participado el lehendakari Iñigo Urkullu, el president de Catalunya, Pere Aragonés, y el presidente del Consejo Ejecutivo de Corsica, Gilles Simeoni, tres naciones que han visto en la propuesta «una solución de futuro» sin entrar al fondo de la cuestión.

El lehendakari ha agradecido el trabajo realizado por el grupo de juristas, viendo en ella «un buen punto de partida para un debate sosegado». Urkullu ha destacado que sea «una aportación positiva, concreta» y ha apostado por que «las legítimas demandas de los pueblos se diriman a través del diálogo».

Debido a ello, ha reclamado a la UE que «habilite cauces de diálogo y solución» y le ha reprochado la actitud mostrada hasta la fecha en casos como el de Catalunya. «No puede dar la espalda aduciendo a que son cuestiones internas. Debe tener una actitud proactiva y no reactiva».

El presidente catalán, por su parte, ha tenido como eje de su breve intervención la «democracia» como herramienta para solucionar conflictos de soberanía. «Estamos para establecer un marco de reglas comunes sobre cómo solucionar los conflictos de soberanía en el marco de la democracia. Europa ha de ser un proyecto para el conjunto de la ciudadanía», ha apuntado.

Por ello, ha mostrado el «compromiso» del Govern catalán para encontrar «una claridad compartida para definir bajo qué circunstancias ha de ser posible el ejercicio de autodeterminación» en la UE. Algo imposible, por el momento, en el Estado español. «Hace unos años también era imposible que 350 millones de europeos compartiésemos un Parlamento o una moneda, que las fronteras desapareciesen dentro de Europa, que se aceptara una amnistía que a pesar de todo creo que saldrá».

El representante corso ha sido quien más ha profundizado en la propuesta presentada hoy, destacando que «nace de una carencia». «La UE exporta su saber hacer, sus conocimientos como líder de la democracia, la Europa que ha servido de pacificadora en conflictos externos. Pero se ha mostrado impotente en conflictos políticos dentro de sus fronteras», ha subrayado, recordando que «hemos visto a ciudadanos que decidían organizar un referéndum y que a esos miembros de la sociedad civil no solo no se les ha escuchado, sino que se les ha perseguido y encarcelado bajo un silencio atronador». Algo que definido como «una falla democrática» de la UE.

Simeoni observa en la propuesta «una acción política» para superar esas situaciones de bloqueo. Ha definido el texto como «una navaja suiza» a la que cada uno debería dar su uso. «Es un instrumento teórico, pero que se podría aplicar a pueblos que aspiran al ejercicio de autodeterminación para ir a la forma de Estado. Pero esos instrumentos también se podrían utilizar en Corsica. No estamos en el mismo punto. Nuestro proyecto no es el de la independencia, sino el de la autonomía de pleno derecho».