Catalunya ha entrado este jueves oficialmente en fase de emergencia por «la peor sequía del último siglo», una situación sin precedentes relacionada con el cambio climático y que comportará restricciones en piscinas, en el riego, las actividades agrícolas, industriales y recreativas, y con una limitación del consumo de agua a un máximo de 200 litros por habitante y día.

Hasta 239 municipios entrarán  en emergencia, lo que implicará que estos ayuntamientos tendrán que controlar los consumos de los ciudadanos y servicios que se abastecen con la red pública.

Concretamente, son 202 municipios del sistema Ter-Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 12 del embalse de Darnius Boadella, 2 de Riudecanyes y Vallirana, de la unidad de explotación Anoia-Gaià.

Quedan fuera de la situación crítica la mayoría de localidades de Lleida y Tarragona, que dependen de la Conferencia Hidrográfica del Ebro o de la unidad del Consorcio de Aguas de Tarragona, que ha mejorado y pasa de alerta a prealerta.

Lo han anunciado el president, Pere Aragonès, y el conseller de Acción Climática, David Mascort, en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental de la Sequía, donde se ha decidido declarar la emergencia en el sistema Ter-Llobregat después de que las reservas de estos embalses hayan bajado de la línea roja del 16% –100 hectómetros cúbicos–, el umbral para entrar en emergencia.

«No nos habíamos enfrentado nunca una sequía tan larga desde que existen mediciones de lluvia. Arrastramos tres años en los que no llueve como el país necesita», ha justificado Aragonès, quien ha defendido el «trabajo y la inversión» para mitigar los efectos y retrasar hasta 15 meses la entrada en emergencia. 

A pesar de la gravedad de la situación, Aragonès ha apostado por que Catalunya «saldrá más fuerte y más resiliente» de la situación, y ha mostrado su «orgullo» por el «esfuerzo» hecho tanto por los ciudadanos como por sectores como el primario, principalmente la ganadería y la agricultura.

Seis millones de habitantes

El de Ter-Llobregat es el sistema de pantanos, acuíferos, desalinizadoras y plantas de potabilización más importante de Catalunya, pues abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y la parte sur de la provincia de Girona, donde viven seis millones de habitantes.

La fase 1 de emergencia es la más grave de todas y tiene tres estadios: En el primero, las dotaciones de agua se reducen a 200 litros por habitante y día para todos los usos (comercial, industrial, lúdico o personal), y en los estadios dos y tres descienden a 180 y 160 litros, respectivamente, al tiempo que se incrementan otras restricciones.

Restricciones

Así, entrar en emergencia implica que se reduce en un 80% el riego agrícola, en un 50% el de ganadería y en un 25% el industrial, el mismo porcentaje que se aplica para usos recreativos.

En los hogares, se recomienda que el consumo sea de 90 litros. La ciudad de Barcelona no tiene consumo superiores en estos momentos.

Para reducir el consumo, cabe la posibilidad de bajar la presión del agua en los municipios que superen los máximos, algo que es competencia del Área Metropolitana de Barcelona.

También en la limpieza de espacios urbanos queda prohibido el uso de agua potable salvo si es para un accidente o incendio, pero sí que se permite el uso de agua regenerada o freática.

Tampoco se puede lavar el coche excepto en establecimientos dedicados a esta actividad, que tienen circuitos de recirculación de agua.

Por otro lado, quedará prohibido el llenado total o parcial de todo tipo de piscinas, lo que incluye a las de hoteles y campings, aunque en las fases de emergencia una y dos habrá excepciones.

Así, se permitirá el rellenado parcial de las piscinas cubiertas inscritas en el censo de equipamientos deportivos de la Generalitat y de las piscinas descubiertas de uso durante todo el año para la práctica deportiva federada.

Hoteles y campings ya están tomando medidas para en su caso rellenar sus piscinas con agua de mar de forma que no vean afectadas sus próximas temporadas de Semana Santa y verano.

Por último, queda prohibido el uso de agua para el riego de jardines y zonas verdes, tanto privadas como públicas, excepto si es para la supervivencia del arbolado o jardines botánicos públicos siempre que se haga con aguas regeneradas o freáticas, como ya hace el Ayuntamiento de Barcelona.

Si se agudiza y cronifica la situación de sequía, entre otras medidas sobre la mesa está la de contratar barcos cargados de agua que la lleven hasta el Puerto de Barcelona procedentes de zonas como Tarragona.

«También es mala gestión»

Tras conocer la declaración de emergencia, los colectivos ecologistas, sociales y vecinales agrupados en la campaña ‘D'on no hi ha, no en raja’ han opinado que «la sequía no es solo falta de lluvia, también es mala gestión».

Coincidiendo con la declaración de emergencia, integrantes de la campaña han subido a Montjuïc para mostrar una panorámica de la ciudad de Barcelona con el mensaje «Cambio climático + Mala gestión = Sequía», según han informado en un comunicado.

Han criticado la a su juicio mala gestión por parte de la Generalitat en la aplicación del Plan Especial de Sequía, señalando que los datos de consumo de las actividades económicos con concesión de agua otorgada por la ACA no son públicas, por lo que «no hay forma de saber si el plan se está cumpliendo y si las restricciones son suficientes».

Han lamentado también la «actitud interesada y partidista» que ha comportado la modificación del Plan en diversas ocasiones para relajar las medidas, señalando que enmiendas de PSC y Junts permitieron que pudieran llenar piscinas de hoteles y retrasar las sanciones el pasado verano.

También han reprochado que los ayuntamientos «han rehuido» sus funciones en materia de agua, y han señalado que solo el 7% de los municipios de Catalunya, los de más de 20.000 habitantes, están obligados a contar con un plan municipal de sequía y de estos uno de cada cuatro lo tienen activado.

Las entidades han remarcado que, según el Indice de Explotación del Agua, Catalunya sobreexplota en un 31% su agua dulce disponible, lo que significa que «la demanda actual sobrepasa el uso sostenible de los recursos hídricos».

Ante este escenario, han defendido, «no es sostenible seguir impulsando un modelo basado en la construcción y el turismo».