El Tribunal Constitucional (TC) español ha decidido postergar su fallo sobre el caso de Alí Aarrass, un hombre de doble nacionalidad marroquí y belga que el Estado español extraditó a Marruecos, donde sufrió torturas que acabó denunciando ante la ONU. La organización internacional le dio la razón, por lo que acudió a la Justicia española para que le indemnizara pero sin éxito. Ahora el TC estudia qué respuesta debe dar a este tipo de casos.

El Constitucional ha debatido en su Pleno de esta semana el asunto de Aarrass en base a una ponencia redactada por el magistrado conservador César Tolosa, que proponía desestimar el recurso de amparo que presentó después de que el Estado español le denegara la indemnización de más de tras millones de euros que reclamaba por mal funcionamiento de la administración de justicia.

Según el relato recogido en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2006 cuando la Audiencia Nacional (AN) comenzó a investigar a Aarrass por su presunta implicación en los atentados perpetrados el 1 de mayo de 2003 en Casablanca, así como por su supuesta pertenencia al movimiento yihadista Harakat al-Moudjahidine Fi al-Maghrib.

La investigación finalmente fue archivada en 2009, pero de forma paralela los tribunales marroquíes emitieron una orden internacional de busca y captura en su contra por delitos de terrorismo al sospechar que mantenía contactos con células de Al-Qaeda en el Magreb para crear campos de entrenamiento paramilitar en Argelia. En ejecución de dicha orden, el 1 de abril de 2008 fue detenido en Melilla y puesto a disposición de la AN.

Tras un largo recorrido judicial, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), finalmente Aarrass fue extraditado en 2010, después de que todas las instancias ignoraran su advertencia sobre el riesgo de ser torturado para obtener una confesión. La Audiencia Nacional entendió que no podían considerarse sistemáticas y generalizadas ni, por tanto, asumir que las sufriría.

«Maltrato severo»

Aarrass aseguró en su denuncia ante la ONU que durante su detención en Marruecos fue torturado para hacerle firmar testimonios escritos. Según detalló, fue violado, drogado y sometido a descargas eléctricas y privación de sueño, un «maltrato severo» que le provocó problemas de audición y pérdida de sensibilidad en las extremidades, así como estrés postraumático.

El hombre formuló denuncia en el Comité de Derechos Humanos de la ONU reprochando que, a pesar de que «era previsible que existía un riesgo personal y real de ser torturado», las autoridades judiciales españolas se «limitaron a examinar superficial y formalmente sus alegaciones».

En 2014, la ONU le dio la razón al considerar que el Estado español «no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos» y, en consecuencia, violó el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

El Comité determinó, además, que Madrid tenía la obligación, entre otras cosas, de proporcionar a Aarrass «un recurso efectivo, que incluya proporcionar una compensación adecuada por la violación sufrida, teniendo en cuenta los actos de tortura y malos tratos a que fue expuesto como consecuencia de su extradición a Marruecos».

Precedentes en Euskal Herria

Llama la atención que el Constitucional haya emprendido al máximo nivel el análisis de un caso de tortura ocurrido en Marruecos cuando en Euskal Herria esta ha sido una lacra omnipresente durante las últimas décadas, según se reconoce ahora en los informes oficiales asumidos por los gobiernos de Lakua e Iruñea, que recogen más de 5.000 casos.

Además, la ONU ha emitido puntualmente decisiones sobre casos de tortura perpetrados en Euskal Herria. El informe del IVAC firmado en 2017 por el equipo de Paco Etxeberria refirió tres dictámenes del Comité contra la Tortura, dos de ellos por detenciones de la Guardia Civil y otro de la Ertzaintza, durante los años 1992 y 2002, que inciden en la falta de investigación de estos delitos. Y se le suman un par de sentencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reconocen los tormentos aplicados, la última reciente, de 2019, por los maltratos a Gorka Lupiañez en 2007 por la Guardia Civil, tanto en Bilbo como en Madrid.

A estas decisiones de la ONU se suma la docena de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenando al Estado español todas ellas por negativa a investigar las torturas, salvo en el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, en que se determinó además que sufrieron «trato inhumano».