La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de prorrogar seis meses más la investigación del llamado «sumario de los ongi etorris». Sortu calificó la semana pasada la reapertura como «una operación política de la derecha reaccionaria para desbaratar la ventana de oportunidad abierta en el Estado español».

La fase de instrucción de la causa reactivada se había cerrado ya en octubre. De hecho, el pasado 12 de enero se anunció la imputación de seis miembros de la izquierda abertzale por la misma: Antton Lopez Ruiz, Kai Saez de Egilaz, Pipe San Epifanio, Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia.

El fiscal Carlos García Berro subraya que la solicitud de diligencias que dan pie a la reapertura la realizó Dignidad y Justicia (a la que se sumó el PP) «fuera de plazo». Además, afirma que con ello buscan «realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen». De hecho, apunta a que la reapertura de diligencias «dista mucho de estar ajustada a Derecho».

«No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes», señala el escrito firmado por el fiscal Carlos García-Berro en respuesta a la decisión del juez García Castellón.

«No es delito actuar políticamente ni que los abogados realicen gestiones para sus clientes», responde el Ministerio Fiscal a García Castellón

Recuerda que esos canales de Telegram por los que se quiere reabrir la investigación son unidireccionales y por tanto no permiten interacciones con los suscriptores, por lo que el hecho de que un suscriptor reciba un mensaje no presupone interacción alguna. E indica que es el caso de Saez de Egilaz, que en septiembre de 2020 recibió un mensaje en el que se decía ‘el preso vasco Rufino Arriaga natural de Ordizia en libertad tras 23 años en prisión’».

«¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción?, ¿qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación?, ¿qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?», se pregunta el fiscal.

Tras esto, explica que en el canal de Telegram de Sare tampoco «se atisba indicio de criminalidad alguno ni tampoco se intuye qué relación pudiera existir, más allá del mero voluntarismo, con la organización criminal que es objeto de imputación».

Apertura de juicio oral

La Fiscalía, que considera que se «quebrantó gravemente la identidad de las víctimas» con recibimientos a presos que volvían a casa tras años en prisión, defiende que «para la restauración de la dignidad de las víctimas es menester que se de por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora».

Asimismo, señala que el recurso de Dignidad y Justicia «pedía profundizar en los indicios aflorados en la causa de que el entorno de los presos de ETA tenía línea directa con el Gobierno para mejorar su situación». Para el fiscal, eso se aleja del objeto de la investigación y la prioridad debe ser, «huyendo de toda investigación prospectiva o intentos de inquisición general» esclarecer «la organización reiterada y sistemática de ongi etorris y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la extinta banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento». 

Así, la Fiscalía recurre la decisión Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu en los que «se impartirían directrices e instrucciones» porque no encuentra delito en los mismos y son ajenos a la investigación.