Este martes se cumplen diez años de una de las mayores tragedias migratorias sufridas en el Estado español: la muerte de 15 migrantes subsaharianos, según las resoluciones judiciales; 14, de acuerdo con las ONG, cuando pretendían entrar en Ceuta a nado a través del espigón fronterizo del Tarajal.

Una década después, todavía permanece en el recuerdo lo ocurrido en aquella mañana cuando más de 250 subsaharianos se lanzaron al agua para intentar entrar en Ceuta a través de la frontera sur. Un episodio por el que fueron investigados dieciséis guardias civiles en una causa que se archivó y que ahora está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional español.

Desde el primer momento, las resoluciones judiciales han dicho que quince personas murieron esa madrugada, pero las organizaciones denunciantes aseguran que son catorce: diez están identificadas formalmente, tres se sabe quiénes son gracias a la labor de esas ONG aunque no se han practicado pruebas de ADN, y hay una persona cuya identidad se desconoce.

Así lo explica a Efe Patricia Fernández, abogada de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, una de las organizaciones que han ejercicio la acusación popular en el procedimiento judicial que ha sido archivado definitivamente por la vía ordinaria.

Las víctimas cuyos nombres se conocen son Jeannot, Armand, Samba, Daouda, Luc, Yves, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Omarou, Blaise y Roger Chimie, según Caminando Fronteras, una de las organizaciones más implicadas en la identificación de los fallecidos. Los nueve fallecidos identificados están en Marruecos, mientras que en el Estado español solo hay una persona identificada oficialmente.

En la vía judicial, dieciséis guardias civiles fueron imputados inicialmente por homicidio por imprudencia y denegación de auxilio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta. Según el auto dictado por ese juzgado en septiembre de 2019, los guardias «dispararon pelotas de goma y botes de humo con propósito disuasorio desde la playa ceutí del Tarajal al mar en el que una serie de personas intentaban alcanzar Ceuta a nado y que fueron obligadas a volver a Marruecos. No obstante, no todas consiguieron volver nadando y se ahogaron quince personas, resultando otras lesionadas».

Ante el recurso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ese mismo juzgado archivó la causa. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ratificó esa decisión al afirmar que el uso del material antidisturbios empleado ese día por los guardias civiles fue «adecuado y proporcional» a las circunstancias y a lo permitido, un fallo que respaldó más tarde el Supremo.

La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) recurrieron en amparo al Constitucional, que en junio del año pasado acordó revisar el caso. Lo hizo porque «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal» y porque «el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna».

El fiscal se ha adherido a la petición de estas organizaciones al cuestionar que se hayan cumplido los cánones de la protección del derecho a la vida reconocido en nuestra Constitución. Está pendiente de admisión otro recurso interpuesto por las familias de cinco de los fallecidos, que plantan «que se ha violado el derecho a la vida de sus familiares y su propio derecho a comparecer en sede judicial así como que también se violó su libertad religiosa por no ser enterrados los cuerpos por sus preceptos religiosos».

Por otro lado, hace una semana, una de las víctimas de esta tragedia, Ludovic N., presentó una queja ante el Comité contra la Tortura de la ONU por los malos tratos sufridos, su expulsión y la falta de investigación pronta e imparcial de su caso, ya que asegura que se le impidió testificar durante toda la investigación, antes de que la causa fuera finalmente archivada.

Las organizaciones denunciantes han puesto el foco este martes en la «inacción» de las autoridades españolas durante estos diez años. También lo ha hecho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha lamentado que no haya existido justicia ni reparación para las víctimas ni existe garantía de que no se repita un hecho similar.

Las ONG han llevado a cabo un homenaje a primera hora de la mañana frente al Congreso español y han convocado una concentración a las 19.30 en la madrileña plaza de Lavapiés. El pasado sábado, al igual que ha venido ocurriendo todos los años, se celebró en Ceuta la «Marcha por la Dignidad», en la que colectivos y asociaciones exigieron que las víctimas no queden en el olvido.