La Junta Militar que manda en Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 enfrenta su momento más crítico en tres años. El Ejército se siente acorralado después de la ofensiva lanzada en octubre por un grupo de guerrillas de las diferentes etnias del país y la pinza de la oposición, que apuestan por una democratización y una organización federal. A pesar de su indiscutible superioridad en medios aéreos y terrestres, la desmotivación, la mala preparación y la mísera equipación de los soldados birmanos comienzan a provocar importantes deserciones y empiezan a gotear las dimisiones en la estructura de mando.

La inesperada expansión de la ‘Operación 1027’, denominada así por su inicio el 27 de octubre en el estado septentrional de Shan, fronterizo con China, ha sido liderada por la Alianza de la Hermandad, compuesta por tres influyentes organizaciones guerrilleras. Han recuperado el control de una amplia zona perdida hace 15 años y han derrotado a miles de soldados, que han entregado sus armas. A esta ofensiva se han unido sorprendentemente las Fuerzas para la Defensa del Pueblo (PDF, por sus siglas en inglés) y diversas milicias, abarcando casi la totalidad del país.

En la región occidental de Arakan, el control estratégico de la ciudad clave de Paletwa, así como de las redes viales y fluviales, incluso de las que conectan esta provincia con India y con Bangladesh, es ya un hecho. Analistas locales aseguran que desde que las guerrillas han empezado a trabajar codo con codo, han pasado de resistir los envites militares a hostigarlos con una ofensiva de resultados tangibles y que abren la esperanza de una derrota de los partidarios del golpe.

República federal

En el aniversario del golpe, el prodemocrático Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se declara la voz legítima del país, apostó inequívocamente por derrocar el régimen militar birmano y avanzar hacia una nueva unión democrática y federal. En un comunicado conjunto con diversas guerrillas, el NUG no sólo reiteró su compromiso de «derrotar a la dictadura militar y establecer una democracia federal», sino que extendió una oferta de «negociación» a la Junta condicionada a su disolución.

El NUG ha delineado por primera vez una hoja ruta clara compuesta por seis puntos: la desvinculación de las Fuerzas Armadas de la política, la supeditación de los militares a un Gobierno civil democráticamente elegido, la redacción de una nueva Constitución y el establecimiento de un Estado federal. Además, se incluye un último punto crucial: la implementación de un mecanismo de justicia transicional, que busca no solo sanar las divisiones en la sociedad birmana, sino también identificar a los responsables y emprender acciones reparadoras para, según sostienen, «orientar al país hacia la senda correcta y garantizar un futuro próspero».

Aunque el NUG es consciente que las posibilidades que de que la Junta, liderada por el general Min Aung Hlaing, abandone el poder son escasas, esta hoja de ruta ha sido acogida con optimismo por muchos ciudadanos. Expertos coinciden en que la Junta tiene sus horas contadas, aunque nadie se atreve a poner una fecha para ello. Mientras tanto, los militares continúan aplicando su política represiva, aunque, de tanto en tanto, hagan gestos, como sucedió el pasado mes de enero, cuando se liberó a 9.766 detenidos, incluyendo a extranjeros, en una amnistía masiva en el día nacional.

Objetivo: periodistas

Uno de los colectivos que más está sufriendo la represión son los periodistas: desde el alzamiento militar, cuatro reporteros han sido ejecutados y más de 150 profesionales de los medios de comunicación siguen encarcelados, enfrentándose a penas cada vez más severas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) urge a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el régimen y lograr la liberación de los periodistas detenidos.

La Junta ha implementado tribunales carcelarios, condenando a periodistas por cargos como «terrorismo» y «espionaje». Las sentencias se han vuelto más duras, incluyendo una cadena perpetua para la documentalista Shin Daewe, en enero de 2024. Unos meses antes, en septiembre de 2023, el fotoperiodista Sai Zaw Thaike ya había sido condenado a 20 años de cárcel con trabajos forzados por supuestos cargos de «desinformación» y «sedición».

Según RSF, Myanmar ocupa el puesto 173 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y es una de las mayores cárceles de periodistas del mundo con 61 presos, solo superada por China.