Con la cueva de Alí Babá ha comparado la Fiscalía la cuenta en la que el PP ingresaba los donativos para financiar irregularmente sus campañas electorales en València en 2007 y 2011, hechos que están siendo juzgados.

«Todo acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral porque es una quiebra a la sociedad y, cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la transparencia y cometen fraude en las elecciones, el reproche es mayor». Así ha comenzado el fiscal Anticorrupción su informe por la pieza A del caso Imelsa y ha insistido en fraude electoral del PP de València en 2007 y 2011. También ha situado al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau y a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster como «piedra angular» de las irregularidades.

El fiscal se ha pronunciado así en la penúltima sesión del juicio por la pieza A de Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. En este procedimiento hay cuatro acusados: Grau; García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

Dinero «irregularmente obtenido»

En la exposición de su informe de conclusiones, el fiscal ha repetido: «El PP de Valencia cometió en las elecciones de 2007, de 2011 y, en menor medida, de 2015, fraude electoral porque incrementó su presupuesto para las elecciones mediante un dinero irregularmente obtenido».

En esta línea, ha manifestado que el PP obtuvo dinero «irregular» de cuatro formas distintas: de dinero aportado por fundaciones y entidades municipales; empresas valencianas y una sociedad fantasma; ingresos en efectivo que constan, por ejemplo, en el Libro Mayor de Laterne –mercantil que hizo campaña electoral de 2007–; y los billetes de 500 euros que entregó Grau a su exasesor Jesús Gordillo, testigo principal de la acusación pública que cambió su versión en la vista.

Sobre la campaña de 2015, que se investigó inicialmente en el procedimiento por delito de blanqueo pero se acabó archivando por la Audiencia, el fiscal únicamente ha hecho referencia para alegar irregularidades: «Tanto en las elecciones de 2007 como en la de 2011 y 2015, el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de los restantes partidos políticos y partía con una ventaja fundamentalmente económica», ha dicho.

En relación con las campañas de 2007 y 2011, el fiscal ha recordado, tal y como manifestó en su momento el PP estatal, que los grupos municipales no podían manejar dinero en efectivo ni admitir donaciones, y que tenían designado un presupuesto desde Génova para las campañas. En el caso del PP de València, para la campaña de 2007 había un presupuesto de 133.762 euros y para la de 2011, de 150.200 euros. «Sin embargo, en ambos casos, el dinero se multiplicó exponencialmente por el grupo», ha apostillado.

Dos cuentas corrientes

El fiscal ha recordado que el grupo popular tenía dos cuentas corrientes: una de ellas, la legal, donde se recibían las subvenciones del Ayuntamiento; y, otra, en la que García Fuster, «tesorera y la que mandaba y cobraba como asesora del Ayuntamiento», ingresaba «pequeñas corruptelas, tal y como decía la exconcejal de Cultura», «hacía y deshacía lo que quería, era como la cueva de Alí Babá, una cuenta sin control», ha apostillado.

En este contexto, ha añadido el fiscal, apareció «el hombre fuerte del PP, Grau»: «Acumulaba cargos por todos los sitios, como primer teniente, concejal de Grandes Proyectos, portavoz del PP o presidente de entidades. En 2007, Grau fue designado, pese a negarlo, coordinador de la campaña y suscribió el contrato con Laterne, aunque no lo firmó, por 150.000 euros. Sin embargo, según la declaración que prestó Gordillo ante la Policía y el juzgado, la cantidad gastada por Laterne para la campaña superó los dos millones de euros».

«Si resulta que Grau, el PP, firma un contrato con Laterne por 150.000 euros y Laterne gasta 2.500.000 euros, hay una diferencia de dinero que tiene que aportar alguien. El PP no lo puede aportar porque hemos examinado las cuentas y no había. Se fue tirando del hilo y se descubrió», ha dicho.

Una primera forma de conseguir ese dinero fue, según el fiscal, a través de fundaciones y entidades creadas por el Ayuntamiento como CEyB, presidida por Santón, con contratos con Laterne e importes de dinero «no justificados». El fiscal también ha citado a Fivec, delegada a Santón, y a la Fundación Turismo Valencia, cuyo gerente era Salinas y Grau el presidente del patronato.

Junto a ello, en esta mecánica, el fiscal se ha referido a pagos realizados por empresas «en favor» de Laterne, «y todo ello sin contrato ni justificación documental del trabajo realizado», ha añadido. Y todos los ingresos efectuados por estas mercantiles «coincidieron, casualmente, con la campaña electoral», ha dicho.

Usando una sociedad «fantasma»

Una segunda fuente de aportación dineraria era a través de una sociedad «fantasma», constituida en diciembre de 2007 por el dueño de Laterne –ya fallecido– junto con los principales empresarios de Valencia, quienes le entregaron una cantidad de dinero. «Esta sociedad se crea porque detrás está Grau, va a las reuniones y ese dinero se utiliza para pagar la campaña del PP», ha aseverado.

La tercera forma de ingresos de los populares para financiar las campañas fue, según el fiscal, el dinero en efectivo contabilizado en el Libro Mayor de Laterne: «En 11 días de abril de 2008, diferentes mercantiles ingresaron 400.000 euros que se utilizaron para liquidar la campaña». La cuarta forma fue el dinero en efectivo en billetes de 500 euros que Grau aportaba a Gordillo: «El testigo dijo que Grau le había dado 350.000 euros en billetes de 500 euros, además de cheques para pagos a Laterne», ha expuesto.

En el año 2011 la operativa del partido era «esencialmente la misma», ha señalado el fiscal. Su presupuesto de campaña fue de 150.200 euros, el coordinador fue Grau y se contrató a Trasgos por importe de 170.000 euros. «¿Y quién paga esto? García Fuster a través de cuatro cheques y de ingresos que hacía en cuenta de colaboradores y allegados desde julio de 2010 a mayo de 2011», ha aseverado. La campaña también contó con dinero en efectivo y aportaciones de empresas, algunas de ellas las mismas que en 2007, ha advertido el fiscal. La «piedra angular» de todo este «entramado» era Grau y Fuster.

«Dopaje descomunal»

La acusación popular, ejercida por Compromís, se ha adherido al informe del fiscal y ha centrado parte de su texto a las contradicciones efectuadas por Jesús Gordillo. Sobre los hechos, ha aludido a que «hay que coger con pinzas» las declaraciones de García Fuster y en relación con Grau, ha destacado que «está en el centro de todas las operativas corruptas que se enjuician en esta causa» y ve «abrumadora la prueba que hay contra él de que era el coordinador de las campañas electorales. Resulta sospechoso que trate de negarlo», ha afirmado.

En resumen, ha destacado: «Hubo un dopaje electoral descomunal y en medio de ello estaba Grau (...) No hay ni un solo contraindicio de la entrega de dinero para favorecer al PP».

Por todos estos hechos, el ministerio público reclama para Grau una pena de nueve años y dos meses de prisión; cinco años y dos meses para Salinas y Santón; y un año de cárcel para García Fuster. La acusación popular se ha adherido a lo reclamado por el ministerio público.