Detener las entregas a Israel de piezas para los cazas F-35 es lo que exigido un tribunal al Gobierno de Países Bajos tras atender una demanda de las ONG neerlandesas Oxfam Novib, PAX y The Rights Forum, apoyadas por otros grupos y por más de un millar de ciudadanos en una campaña de financiación colectiva y que habían acusado al Estado de ser «cómplice de violaciones de leyes de guerra» en la Franja de Gaza.

También le había acusado de ser, en parte, responsable del «castigo colectivo de la población civil» en Gaza, aunque, a mediados de diciembre, otro tribunal neerlandés no consideró que este país tuviera obligación de suspender las entregas.

Israel realizó y recogió en octubre pasado un pedido en el almacén regional europeo de los F-35 en la base aérea de la provincia de Brabante, donde se encuentra el centro de distribución de Estados Unidos en Europa para piezas destinadas a estos aviones.

«Los ataques de Israel han causado un número desproporcionado de víctimas civiles, incluidos miles de niños. (...) Países Bajos debe prohibir la exportación de bienes militares si existe un riesgo claro de violaciones graves del derecho humanitario de la guerra», ha agregado.

Como se ha señalado, en diciembre, un tribunal consideró que Países Bajos no tenía obligación de suspender las entregas, pero las ONG presentaron un recurso. La Corte de Apelación ha respaldado su denuncia, que considera a Países Bajos, en parte, responsable del «castigo colectivo de la población civil» en Gaza.

Tres prioridades

El fallo llega con el primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, de viaje oficial en Israel y Palestina.

«Tres cosas son ahora la máxima prioridad: se necesita muchísima más ayuda humanitaria en Gaza, Hamás debe liberar inmediatamente a los más de 100 rehenes y las operaciones israelíes deben reducir rápida y significativamente su intensidad. Una operación militar a gran escala en Rafah tendría consecuencias humanitarias catastróficas», ha asegurado Rutte.

En enero, un grupo de funcionarios de la oficina de Rutte le acusaron de «encubrir información negativa» y «mantener un control firme» de las comunicaciones sobre la guerra de Israel en Gaza para «proteger» el apoyo estadounidense a su candidatura a secretario general de la OTAN, según una misiva publicada en el diario NRC y entregada de forma anónima al Tribunal de Apelación, en apoyo al recurso por el caso de los F-35.