Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK han convocado, para el 12 de marzo, una nueva jornada de huelga en los servicios públicos de la CAV «ante la nula voluntad política para negociar aquí las condiciones laborales», según han dado a conocer en una comparecencia en Bilbo. Estos sindicatos tienen un 80% de representación en el sector público de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El pasado mes de octubre realizaron otra huelga en el sector público de la CAV con las mismas reivindicaciones.

De este modo, estos sindicatos subrayan que «no ven otra opción que seguir con la movilización para conseguir una mejora real de las condiciones laborales y del sector público» y denuncian que mientras las diputaciones y el Gobierno de Lakua han obtenido una recaudación récord y superávit presupuestario, la temporalidad ha llegado al techo histórico del 44% y la pérdida de poder adquisitivo supera el 8% en los dos últimos años.

«Mientras que en el sector privado se están alcanzando mejoras con subidas salariales superiores al IPC en diferentes convenios sectoriales gracias a la movilización, en el sector público es Madrid quien, con la connivencia de instituciones y partidos políticos vascos, sigue sosteniendo la batuta; y la pérdida del poder adquisitivo de estos dos últimos años supera el 8%. Además, la temporalidad general ha alcanzado su máximo histórico, con un 44% (en algunos sectores como Osakidetza supera el 50%), superando los 65.000 trabajadores y trabajadoras», han explicado.

Madrid decide

«A pesar de que el acuerdo de investidura entre el PNV y PSOE abría la puerta a poder decidir aquí los salarios y el empleo -dejando claro que atender las peticiones de los sindicatos es cuestión de voluntad política, no un imposible-, no se han dado pasos reales en la consecución de ese objetivo.  Claro ejemplo de ello es que en los presupuestos aprobados en el Parlamento Vasco para el año 2024, se incluye en el artículo 19, un sometimiento expreso a las decisiones de Madrid en materia de salarios y empleo», han denunciado.

En este sentido, instan a los partidos vascos a apostar por la eliminación de «los vetos impuestos por Madrid» durante la negociación de los presupuestos españoles para poder decidir en Euskal Herria las condiciones laborales de los trabajadores públicos vascos.

Entre las medidas concretas que los sindicatos reclaman está un incremento salarial del 10% en 2024 y un compromiso de «recuperación de la deuda contraída anteriormente»; cerrar la puerta a las privatizaciones; creación y estabilización del empleo público, reduciendo la temporalidad al 8%; aliviar las cargas de trabajo garantizando la salud de las plantillas; consensuar políticas feministas, planes reales y eficaces para la igualdad; euskaldunizar la administración y las plantillas y reducir la jornada laboral hacia las 32 horas semanales.

Lakua no ve razones para el paro

Tras conocerse la convocatoria, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno de Lakua, Olatz Garamendi, ha señalado que el Ejecutivo considera que no hay «razones objetivas» para la huelga y ha subrayado que mantiene las puertas abiertas a la negociación.

La consejera ha insistido en que respeta la actividad sindical, pero ha señalado que no existen razones objetivas para estas movilizaciones.

Ha recordado las «propuestas de mejora» que ha planteado su departamento y ha añadido que «cuando quieran, estamos ahí».

Garamendi ha hecho un balance de las actuaciones en la función pública que se han desarrollado durante esta legislatura. Ha anunciado que las primeras plazas del proceso de consolidación del empleo público en la Administración de la CAV, 1.600, se adjudicarán a principios del mes de mayo y los trabajadores tomarán posesión de sus puestos en julio.

Ha explicado que el proceso de consolidación de empleo público encara su tramo final y una vez que concluya a finales de 2024, supondrá «el fin de la temporalidad de alrededor de 3.700 plazas en la administración general».

Las 1.600 plazas que se adjudicarán en mayo corresponden principalmente a las escalas administrativa, personal de apoyo, administrativa y técnica de enfermería, entre otras.

El resto corresponde en su mayoría a escalas superiores, facultativas y técnicas y su adjudicación comenzará en septiembre, mientras que la toma de posesión será entre los meses de noviembre y diciembre, ha avanzado.

La consejera ha destacado que, entre enero de 2020 y diciembre de 2023, el empleo público ha aumentado «por encima de las 5.000 personas».

Ha puesto en valor otras medidas implementadas para la mejora de las condiciones de los empleados públicos, como la ampliación de la flexibilidad del horario de entrada y salida para quienes tienen hijos de 12 a 14 años y la reducción de la jornada por enfermedad muy grave de familiares o por cuidado de menores o personas con discapacidad, entre otros.