Porque «recortará aún más derechos», Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han presentado este miércoles un recurso judicial para impugnar parte del nuevo reglamento de la RGI de la CAV. Para denunciar lo que entrañan los cambios introducidos, han convocado una manifestación en Bilbo para el próximo 24 de febrero.

Según han explicado los portavoces de estos colectivos en una rueda de prensa frente al Palacio de Justicia de Bilbo, donde se han concentrado, «llevamos tiempo señalando que, de forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables».

Dos cambios «sustanciales»

En concreto, se han referido a dos cambios que han calificado de «sustanciales». Por un lado, «la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII), que entraba en vigor el pasado 29 de marzo y por la que se redefine el concepto de ‘domicilio’».

Esta modificación supone que «no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título de una vivienda. Es decir, aquellos domicilios que no dispongan de un título, un contrato de arrendamiento o el título de propiedad, por ejemplo, no podrán percibir la RGI».

Otro consiste en «la implementación de la ayuda denominada Prestación Económica de Vivienda (PEV), aprobada definitivamente en octubre de 2023 y que entrará en vigor en abril de este mismo año».

Han detallado que esta prestación «no se suma a las ya existentes, sino que las sustituye. En concreto, dejará de existir la Prestación Complementaria de Vivienda que acompañaba la RGI y las Ayudas a Emergencias Sociales destinadas al alquiler. Bajo el pretexto de simplificar y unificar las ayudas, han cambiado un requisito importante: para acceder a esta nueva prestación se incluye como criterio ineludible tres años de inscripción ininterrumpida en Etxebide».

Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han alertado de que «si estos cambios se introducen, afectarán a cientos de unidades de convivencia y miles de personas se quedarán sin acceso a las prestaciones de vivienda».

Es más, «son los sectores más precarizados y empobrecidos los que se verán afectados: las personas que no estén inscritas con tres años de antelación en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, quienes viven en subarrendamientos y no disponen de un aseo de uso propio por habitación, las que no tienen un contrato de alquiler regular o las que viven ocupando viviendas vacías».

«Criminalización»

Consideran que el nuevo reglamento «introduce un criterio excluyente que criminaliza a las personas más empobrecidas. En primer lugar, se asume que todo el que viva sin contrato lo hace ilícitamente, y en segundo lugar, se dice expresamente que estas personas no podrán acceder a las prestaciones para ‘evitar la proliferación de acciones ilegales’. Es decir, las personas más vulnerables son criminalizadas por partida doble: si no puedes tener un contrato o un aseo de uso propio porque eres demasiado pobre, se te culpará por ello y no podrás acceder a una ayuda de miseria».

Sin embargo, han añadido que «lo que hoy impugnamos en los juzgados es solo la punta del iceberg. Se suma a toda una serie de reformas y recortes que se están dando en materia de prestaciones a vivienda y que tienen como objetivo expulsar a los sectores más empobrecidos».

Para mostrar el rechazo «contra los recortes, contra la criminalización y el empobrecimiento que los acompañan y en favor de unas condiciones de vida de calidad garantizadas para todas las personas», han convocado una manifestación el día 24 de febrero a las 12.00 horas desde la plaza Moyua de Bilbo.