El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por la República de Sudáfrica señala un cambio notable en la lucha internacional y palestina de 75 años para poner fin al excepcionalismo israelí ante el derecho internacional. Las medidas ordenadas por la Corte son una poderosa afirmación de su compromiso de proteger los derechos humanos y el Estado de derecho frente a una campaña sin precedentes para destruir esos derechos destruyendo la vida palestina misma, con impunidad. El voto casi unánime de los jueces de la Corte refleja el creciente aislamiento moral de "Israel" y su posición como Estado paria.

A la luz del descarado desprecio de “Israel” por las medidas vinculantes ordenadas por la CIJ, incluidas sus incesantes masacres, destrucción y prevención de la ayuda humanitaria y los informes verificados de tortura de palestinos, desde la Alianza Legal Global pro Palestina nos hacemos eco de la directiva de la Corte y pedimos urgentemente a la ONU, su Consejo de Seguridad, los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio, la comunidad jurídica y todas las personas con conciencia para garantizar la implementación inmediata, integral y contundente de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ para cesar, prevenir y castigar toda la gama de actos que constituyen, causan riesgo de genocidio o que tiende a ayudar, apoyar o incitar al genocidio.

La Alianza pide a la Corte Penal Internacional que emita, de inmediato, órdenes de arresto contra los líderes políticos y militares israelíes, incluidos, pero no limitados a, Netanyahu, Galant, Herzog, Halevi, Alian, Edri, Ben-Gvir y Smotrich por su papel en el genocidio, y que investigue la involucración de funcionarios gubernamentales de Gran Bretaña y EEUU en el genocidio israelí en Palestina.

Desde la Alianza nos vemos obligados a resolver primero los conceptos erróneos prevalentes, incluso entre miembros de la comunidad jurídica, respecto de la ausencia de una «orden de alto el fuego», el término «riesgo plausible» de genocidio y el requisito de presentar informes en un mes.  De esta manera, aclaramos lo siguiente:

Las órdenes de medidas provisionales se dictan antes de que se resuelva un caso, sin una audiencia estándar de determinación de los hechos y con carácter de emergencia. La conclusión del Tribunal de «riesgo plausible» de genocidio es la conclusión más alta posible en esta etapa del caso. 

En cuanto a la ausencia del término «alto el fuego», aclaramos que la autoridad de la Corte para pedir un alto el fuego está limitada por el hecho de que Palestina y los palestinos, si bien son parte en el conflicto militar, no lo son en el caso. Para que la Corte ordene un alto el fuego debe existir un conflicto claro y directo entre las partes del caso. Como tal, el único conflicto claro y directo entre Sudáfrica e “Israel” se refiere a sus obligaciones e interpretaciones de la Convención sobre el Genocidio. No obstante, la Corte superó este obstáculo y ordenó un alto el fuego efectivo, al exigir que Israel cumpliera con el artículo II de la Convención sobre el Genocidio, tomando todas las medidas para evitar matar, causar daños corporales o mentales graves, infligir condiciones que causen destrucción física e impedir nacimientos.

La autoridad de la Corte para pedir un alto el fuego está limitada por el hecho de que los palestinos, si bien son parte en el conflicto militar, no lo son en el caso.

Además, el requisito de que “Israel” informe sobre su cumplimiento en el plazo de un mes no permite, de ninguna manera, que “Israel” continúe con su genocidio. La Corte dejó inequívocamente claro que “Israel” debe detener, prevenir y castigar inmediatamente todos los actos potencialmente genocidas. Si bien esta medida no cumplió con el período de presentación de informes de una semana solicitado por Sudáfrica, observamos que en el caso de Myanmar la Corte ordenó un informe dentro de los seis meses y no impuso tal requisito en el caso de Ucrania contra Rusia.

La confusión ante las medidas provisionales ordenadas por la Corte, movilizada por “Israel” y sus partidarios, carece de fundamento jurídico y distrae la atención de las obligaciones y responsabilidades de cumplimiento de Israel –y distrae la atención de las obligaciones y responsabilidades potenciales de los Estados que la apoyan–.

Las medidas provisionales de la Corte representan una intervención histórica que otorga fuerza de ley desde el máximo tribunal mundial a las demandas y acciones globales en defensa de Palestina y deben ser percibidas y aprovechadas como tales.

El desprecio por parte de la CIJ del argumento israelí de «autodefensa» marca un cambio sísmico en el tratamiento legal y discursivo internacional de “Israel” y sus partidarios. Refuerza las propias conclusiones de la CIJ en la opinión consultiva de la CIJ de 2004 sobre el muro, en la que encontró que, como potencia ocupante beligerante, “Israel” no tiene derecho a la autodefensa y despoja a “Israel” de su capacidad de continuar ejerciendo este reclamo para justificar su genocidio y ocupación de tierras palestinas. El rechazo de este argumento por parte de la Corte asesta un golpe histórico a los argumentos estadounidenses y europeos que sustentan su apoyo militar y financiero ilegal a “Israel”, y los implica en crímenes israelíes.

La orden de la Corte que ordena que se detenga y castigue el discurso lleno de odio y deshumanizante contra los palestinos también es histórica. Este fallo sirve como aviso a “Israel”, a todos los Estados parte y a la sociedad civil internacional en general, para que combatan la retórica anti-Palestina que se ha normalizado durante demasiado tiempo. El discurso de odio antipalestino ha servido para borrar y desacreditar las alarmas que los palestinos hicieron sonar sobre el genocidio incremental y creciente, ha desviado la responsabilidad israelí y no tiene cabida en la sociedad civilizada.

De igual importancia es la conclusión de la Corte de que «los palestinos parecen constituir un ‘grupo nacional, étnico, racial o religioso’ distinto y, por tanto, un grupo protegido en el sentido del artículo II de la Convención sobre el Genocidio», lo que va en contra de las afirmaciones israelíes de que los palestinos no son una población distinta y, por tanto, no pueden ser trasladados.

El desprecio de la CIJ del argumento de «autodefensa» marca un cambio sísmico en el tratamiento legal y discursivo internacional de «Israel» y sus partidarios.

El requisito de la Corte de que “Israel” preserve e impida la destrucción de pruebas presagia la trayectoria de este caso y señala un reconocimiento de la historia israelí y su propensión a este respecto. Esto debería servir como advertencia a los Estados para que investiguen la base fáctica y la veracidad de las acusaciones israelíes contra los palestinos.

La Alianza también muestra su preocupación por la omisión por parte de la Corte de medidas que abordan el desplazamiento forzado de palestinos y sus dictados sobre los rehenes israelíes, excluyendo los dictados sobre los miles de rehenes palestinos que, según informes creíbles, sufren torturas brutales a manos de las fuerzas israelíes. Estas omisiones dispares plantean dudas sobre posibles sesgos; por lo tanto, la Alianza insta a la Corte a cuestionar y considerar este sesgo para que pueda garantizar un proceso justo y sin prejuicios en el resto de este caso.

La Alianza reitera su apoyo a la decisión de la CIJ sobre medidas provisionales y subraya la importancia de aprovechar este momento histórico por parte de todos los sectores de la sociedad, tanto  internacional como nacional, para implementar justicia para Palestina y poner fin a la impunidad israelí y a las continuas violaciones del derecho internacional que ha perpetrado.

Peticiones de la Alianza Legal Global por Palestina respecto a «Israel»

Ante las atrocidades israelíes en curso, la Alianza llama urgentemente a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a todos los Estados y a la sociedad civil en su conjunto a actuar para detener el exterminio «espantosamente sin precedentes» de los palestinos y obligar a “Israel” a cumplir con el derecho internacional y las medidas ordenadas por la CIJ, por medio, entre otros, de:

• Suspender a “Israel” de las Naciones Unidas y/o, en caso de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, suspender a “Israel” a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los órganos y actividades de las Naciones Unidas por sus persistentes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, incluidas, pero no limitadas a sus prácticas de apartheid, genocidio, ocupación beligerante ilegal y asedio ilegal.

• Movilizarse para que la CPI y los estados parte en la Convención sobre el Genocidio emitan órdenes de arresto contra los dirigentes militares y políticos israelíes por su papel en el genocidio y su incitación al mismo.

• Censurar y rechazar el discurso genocida y deshumanizante de “Israel” en la ONU y emitir una demanda formal y aviso de que dicho discurso justificará la suspensión inmediata y/o remoción de “Israel” de la ONU.

• Implementar sanciones económicas, desinversiones y embargos hasta que “Israel” cumpla con el derecho internacional.

• Cortar los lazos diplomáticos y financieros hasta que “Israel” cumpla con el derecho internacional.

• Abrir el cruce de Rafah y autorizar la formación de coaliciones capaces de garantizar que se permita el paso de la ayuda a través del cruce de Rafah y/o formar coaliciones para garantizar que se abran corredores terrestres, marítimos y aéreos para proporcionar la ayuda humanitaria que los palestinos en Gaza necesitan con urgencia.

• Promulgar medidas legales para prevenir y castigar a ciudadanos privados, corporaciones y otras partes por brindar apoyo material, ya sea material, financiero o humano, a los crímenes israelíes como se planteó en este caso y como se enumera en la decisión consultiva de la CIJ sobre el Muro en 2004.

• Incrementar los esfuerzos populares globales para asegurar la implementación local de las medidas provisionales mediante la adopción de resoluciones de alto el fuego y desinversión y la adopción de medidas intensificadas para obligar al fin de los crímenes y la impunidad israelíes.

• Castigar y prevenir el discurso anti palestino y deshumanizante por parte de todos los sectores de la sociedad en todas las jurisdicciones, desde los medios hasta la academia, la gobernanza y más allá.