El Supremo español ha anulado el Real Decreto 252/2023 por el que se traspasó a Nafarroa la competencia exclusiva de Tráfico, con lo que quedó en manos de la Policía Foral y no de modo compartido con la Guardia Civil. Ha dado la razón a la asociación policial Jucil frente al dictamen del Gobierno español y el navarro.

Los magistrados concluyen que «no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la LORAFNA [Amejoramiento] ni amparada en su Derecho histórico». Y añaden que esas competencias podrían ser asumidas por Nafarroa pero por otras dos vías: «O bien reformando la Lorafna o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución».

El primer argumento resulta sorprendente, porque la cuestión de la transferencia pendiente de Tráfico a Nafarroa está sobre la mesa de modo recurrente desde los años 90 sin que se pusiera en cuestión su encaje legal desde prácticamente ningún organismo. El segundo constituye una distorsión histórica, porque es cierto que la Policía Foral tuvo el control exclusivo de esta materia desde su fundación en 1928 (como Cuerpo de Policías de Carretera) hasta 1959, cuando se dio entrada a la Guardia Civil en pleno franquismo.

Sobre lo primero, la sentencia apunta que el Amejoramiento de 1982 «no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra». Y de ahí salta incluso a afirmar que la competencia siempre ha sido de la Guardia Civil, «ejerciendo la Policía Foral una función subordinada».

Para subrayar esto, el Supremo acude a un documento de 1964 (posterior por tanto a la irrupción de la Guardia Civil unos años antes) en que la Policía Foral subraya sus competencias de tráfico pero «en estrecha colaboración con las fuerzas de la Guardia Civil».

«La realidad –resumen los magistrados-- es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la Lorafna no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (…), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la Lorafna ni antes de promulgarse».

Ello contradice otras posiciones anteriores del mismo Supremo. De hecho, en 2018, cuando el Gobierno español dio el primer paso para la transferencia, apuntó en su nota que el Alto Tribunal español consideraba que esta materia «forma parte de los derechos históricos» de Nafarroa; es decir, lo contrario de lo que ahora esgrime.

A una con Jucil

Asimismo, la sentencia rechaza la alegación que realiza el Gobierno navarro sobre la falta de legitimación activa de la asociación Jucil para presentar el recurso. En una afirmación reveladora sobre el sesgo de la decisión, el tribunal contesta que, «paradójicamente la mejor defensa de la legitimación activa de Jucil la hace la propia Comunidad Foral de Navarra».

En su opinión, no es razonable que se sostenga «que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alegar que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas ‘en otros destinos geográficos’, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra».

Para el tribunal, «es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial».

La oposición a esta transferencia, presentada como un intento de «echar a la Guardia Civil de Navarra», ha sido encendida pero más en un círculos políticos y periodísticos madrileños que en Nafarroa. Cabe recordar, además, que como recoge la sentencia el Gobierno navarro decidió articular una «pasarela» para que agentes de la Guardia Civil pasaran a la Policía Foral y mantuvieran por tanto esas funciones.

Antecedentes

La transferencia había sido comprometida ya al Ejecutivo de Uxue Barkos pero ha terminado de concretarse con el de María Chivite. Se está desarrollando de modo paulatino desde el pasado 1 de julio. Hasta ese momento había unos 200 agentes de la Guardia Civil encargados de estas labores, frente a cerca de 150 policías forales.

La argumentación del Supremo choca ahora con la ausencia de debate anterior sobre estas cuestiones técnicas. Con gobiernos del PP como el de José María Aznar (1996-2004) ya se barajó esta transferencia, pero entonces el ministo del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo que no era conveniente porque para la lucha contra ETA resultaba más efectivo que fuera la Guardia Civil quien controlara las carreteras. Es ahora cuando aparecen estos otros argumentos, que una asociación como Jucil ha llevado hasta Madrid y que ha terminado avalando el Supremo.

Chivite: «El Supremo se ha enmendado a sí mismo»

La lehendakari, María Chivite, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo «va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con el compromiso unánime de avanzar en el autogobierno» con la asunción de la competencia de Tráfico; y ha advertido de que «el Supremo se ha enmendado a sí mismo», porque «existe jurisprudencia anterior del 2018 en el otro sentido».

Chivite ha asegurado que trabajarán, junto al resto de grupos parlamentarios, ya que fue una decisión unánime de la Junta de Transferencias, en buscar una de las posibles fórmulas de cambio normativo para lograr la competencia de Tráfico.

La lehendakari ha defendido que la fórmula elegida por el Ejecutivo foral para materializar la transferencia se debe a la jurisprudencia en la que se basaron tanto la asesoría jurídica del Gobierno como los letrados del Parlamento, que concluyeron que la vía del real decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso, algo que el Supremo ha tumbado.

Sobre la sentencia no cabe recurso y el Gobierno navarro y los grupos parlamentarios tendrán que valorar qué vía utilizar, ya que «el Tribunal Supremo abre la puerta a que la competencia llegue a Navarra por otras vías».

Declaración del PSN en el Parlamento

En el mismo sentido, el PSN ha anunciado que presentará una declaración institucional en el Parlamento navarro para «defender la transferencia de Tráfico como un derecho histórico de Navarra» y ha destacado que todos los partidos deberán posicionarse y «decidir si respetan lo que marcan los derechos históricos de Navarra en la Lorafna y en la Constitución».

Junto a ello, el PSN ha destacado que la asunción de las competencias de Tráfico «no significa la exclusión de nadie», en referencia a la Guardia Civil, y subraya que los gobiernos de María Chivite y Pedro Sánchez tienen el compromiso de «ampliar y fortalecer el autogobierno de Navarra».

EH Bildu: «Un ataque a la soberanía navarra»

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu, ha considerado la sentencia como «un ataque jurídico grave contra la foralidad y la soberanía de Navarra». Aznal, que ha comparecido junto a la diputada Bel Pozueta y a Miren Zabaleta, coordinadora general de EH Bildu Nafarroa, ha recordado que la de tráfico es una competencia histórica navarra que fue arrebatada durante el franquismo.

En este sentido, ha denunciado que cuando gracias a la posición mayoritaria en Nafarroa se había conseguido la competencia «un tribunal español impide que se materialice». Asimismo, ha recordado que EH Bildu impulsó el acuerdo que permitió la transferencia. «Todo ello a iniciativa de una asociación de la Guardia Civil. No lo aceptamos. Nos parece muy grave», ha subrayado.

«Este ataque pone en evidencia la necesidad de defender y de actualizar el autogobierno y la soberanía navarra», ha proclamado Aznal, que ha llamado a la unión de fuerzas de agentes políticos y sociales en esta dirección.

Geroa Bai: «Grave ataque el autogobierno»

Para Uxue Barkos (Geroa Bai), la sentencia es «un grave ataque al autogobierno». «Es de una enorme extrema gravedad para quienes creemos en el autogobierno como herramiente de futuro de la sociedad navarra», ha subrayado.

La senadora y anterior lehendakari ha recordado que el domingo se celebró en Castejón el 130º aniversario de la Gamazada, revuelta popular ante el intento de cercenar los derechos navarros.

«La sentencia niega el carácter histórico de nuestros derechos históricos y ataca la esencia misma de la foralidad», ha destacado Barkos, que ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro Félix Bolaños y ha instado a los gobiernos español y navarro a revertir judicialmente la sentencia.

El portavoz del PP navarro, Javier García, por su parte, ha destacado en un mensaje en la red X que la sentencia del Supremo es «una buenísima noticia para la Guardia Civil».

El Supremo anula el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra.

Buenísimas noticias para la @guardiacivil de la Comunidad Foral.

No cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la LORAFNA. https://t.co/4aK210Wtrz

— Javier García Jiménez (@javiergar_) February 19, 2024

Satisfacción de Jucil

Jucil ha celebrado el fallo del Tribunal Supremo (TS) que le da la razón ante el «desatino» de la transferencia de las competencias de Tráfico a Nafarroa, ya que entiende que lo que el Gobierno español pretendía era «saltarse todas las normativas que establece la legislación, jugando con la vida de cerca de 200 guardias civiles».

Jucil ha señalado que «confirma que el contenido del decreto ahora anulado afecta de forma grave y directa a las vidas de las familias de los guardias civiles de Tráfico en esa comunidad».  «No puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros a través de un decreto ley», ha indicado.

«Han jugado con la vida de los cerca de 200 compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad», ha lamentado Jucil en una nota en el que señala al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «No es lógico que el propio Gobierno se salte las normas».

UPN acata la sentencia

UPN ha señalado que acata la sentencia del Supremo y pide al Gobierno de María Chivite que «asuma su responsabilidad por lo sucedido y que aclare por qué eligió la fórmula del real decreto».

En este sentido, UPN reclama que «la competencia de Tráfico debe venir a Navarra conforme a la legalidad y ser prestada de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil, de manera que esta última no desaparezca de las carreteras de Navarra como pretender los partidos nacionalistas e independentistas».

Contigo-Zurekin: «Minusvalora el autogobierno»

Contigo-Zurekin considera que la sentencia del Tribunal Supremo tiene un claro «transfondo político».

A eso, añade en un comunicado que «minusvalora el autogobierno y la propia titularidad de la competencia que ostentó Navarra hasta 1960, además de la propia Constitución Española», ya que la disposición adicional primera ampara, respeta y reconoce los derechos históricos de los territorios forales.

Al respecto remarca que esta disposición es «título suficiente para efectuar un traspaso, contrariamente a lo que manifiesta en su sentencia el Alto Tribunal».