«Ante el persistente abandono por parte del Estado, en detrimento de las finanzas locales, y a la luz de las crecientes necesidades, el presupuesto de 2024 y la trayectoria financiera prospectiva para 2026 exigen encontrar nuevos puntos de equilibrio».

La declaración de intenciones, incluida en el informe de 128 páginas presentado en la reunión del consejo comunitario celebrada el pasado sábado en Baiona, encendió el debate, al servir de preludio al aumento de impuestos planteado para 2024 por el Ejecutivo de Jean-René Etchegaray.

Efectivamente, el proyecto de directrices presupuestarias plantea actualizar, al alza, toda una serie de impuestos que van de las tasas que se aplican a terrenos, bienes inmuebles, residencias secundarias e instalaciones industriales.

Una previsión que, hechas las oportunas salvedades, remite a la fuerte subida de 2021, cuando las tasas aumentaron del 0,29% al 2,79% con el argumento de acompañar las inversiones de la institución de base municipal.

Ahora se plantea aplicar una nueva subida que el Ejecutivo justifica en dos razones básicas. Evoca, de entrada, un aumento del 12% en los costos de funcionamiento de la institución, que pasarán de costar 197 millones en 2023, a 221 millones en el presente ejercicio.

Sin embargo, la institución justifica también ese aumento en la voluntad de mantener el compromiso respecto a las inversiones.

El vicepresidente y responsable del área de Finanzas, el alcalde de Hendaia, Kotte Ezenarro, se congratulaba, así, de esa tasa de ejecución del 69% respecto a lo proyectado, lo que en cifras contantes y sonantes significa que de los 76 millones presupuestados el año pasado en inversiones se ejecutaron 52 millones de euros.

Aumento de plantilla y actualización salarial

En dos años, los costes de personal aumentaron de 59 millones de euros a 70 millones de euros.

La institución también acaba de contratar a más de un centenar de personas (119 en total en 2023), de las cuales 44 se vincularán a las labores relativas a la gestión del ciclo del agua y 15 a la gestión de residuos, resume el semanario ‘Mediabask’.

Ese aumento de plantilla, según señaló Ezenarro, se ha producido en un contexto de subidas salariales para hacer frente a los efectos de la inflación.

Ezenarro trató de minimizar el impacto de las subidas. Detallaba así que la subida, en el caso de suelo edificado, se traduce en el pago suplementario de 1,6 euros anuales de media y de 0,22 euros en el caso de los terrenos no edificados.

Para las empresas que facturen más de 500.000 euros anuales, la subida sería de unos 83 euros.

Finalmente, el impuesto sobre la segunda residencia se traduciría en un aumento anual medio de 19 euros.

Bil Gaiten plantea alternativas

El grupo de electos abertzales Gil Gaiten cuestionó el método y el porcentaje de subida por boca de Alain Iriart.

«Creo que no hay necesidad de aumentar las tarifas en 2024, cuando se contempla un aumento del 1,80 % en los ingresos durante los próximos tres años y, además, hemos ingresado un 5% en los últimos dos años», exponía el alcalde de Hiriburu, para sugerir que «retengamos el 4% y nos pongamos en una posición de control».

Con respecto a las inversiones, Iriart planteaba no contemplar el 100% de las inversiones, sino «una tasa de finalización del 70%, en línea con la tasa de 2023».

Bil Gaiten reclama al ejecutivo ordenar sus prioridades atendiendo a demandas en materia de vivienda, transporte, gestión de agua y transición ecológica.

El portavoz de Elgarrekin Herriarentzat, articulado principalmente en torno a electos jeltzales, mostró, a su vez, su preocupación por el aumento de la deuda.

«La deuda de la Mancomunidad Vasca ascendería a más de 215 millones de euros en 2026, una cantidad que nos costaría pagar nueve años», alertó Peio Etxeleku.

El electo de Kanbo estimaba en un 35% el incremento de la deuda de la institución pública de Ipar Euskal Herria entre 2023 y 2026.