Las autoridades de Suiza han cuestionado de nuevo la investigación por «terrorismo» del Tsunami Democràtic. La Oficina Federal de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia suizo, se ha negado a colaborar con el juez Manuel García-Castellón, que le había pedido, mediante una comisión rogatoria, que localizara a Marta Rovira y facilitara información sobre una cuenta bancaria que supuestamente financió las acciones del Tsunami.

La respuesta de las autoridades suizas, adelantada por ‘El País’, supone un nuevo revés a la instrucción realizada hasta ahora por el magistrado. En su carta, con fecha del pasado 22 de diciembre y remitida al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española, las autoridades judiciales helvéticas expresan sus dudas sobre la proporcionalidad de la diligencia solicitada por el juez y le recuerdan que es similar a la que ya cursó en 2019, también en la causa de Tsunami Democràtic, y que le fue denegada.

De hecho, detallan las autoridades suizas, la única diferencia respecto a la petición de 2019 es que ahora solicita la localización de Marta Rovira, a quien García-Castellón investiga por un delito de «terrorismo» por la organización de las protestas de Tsunami Democràtic en una causa que también implica al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Antes de tramitar la solicitud cursada por la justicia española, la Oficina Federal alerta de que debe verificar si esta tiene carácter «político», lo que, recuerda, de acuerdo con la legislación del país sobre asistencia mutua en materia penal, les impediría cooperar con la Audiencia Nacional.

En concreto, la Oficina Federal de Justicia exige saber los motivos por los que la Audiencia Nacional solicita el paradero de Rovira mediante asistencia judicial, teniendo en cuenta que es una cuestión que puede averiguarse con mecanismos más sencillos de cooperación policial, y admite que no entiende cuál es la finalidad de la diligencia encargada por García-Castellón.

Respecto a la solicitud de información sobre la cuenta bancaria suiza que García-Castellón sospecha sirvió para financiar las protestas de Tsunami, las autoridades helvéticas piden aclarar por qué se solicitan sus movimientos hasta junio de 2020, cuando las protestas de Tsunami en el aeropuerto tuvieron lugar en octubre de 2019.

También para garantizar la «proporcionalidad» de la petición de información, la Oficina Federal solicita que se concrete con exactitud la relación entre Marta Rovira y las protestas convocadas por Tsunami y, más en concreto, con los saqueos y actos contra funcionarios cometidos por los manifestantes.

En la carta, las autoridades suizas apuntan también a que han sabido por la prensa que en el Estado español se está preparando una ley de amnistía contra algunos independentistas, por los que pide al Ministerio y a la Audiencia Nacional que les amplíen la información al respecto.

Suiza quiere saber qué consecuencias puede tener la futura ley sobre los procedimientos abiertos contra miembros de la plataforma anónima Tsunami Democràtic y contra Rovira, cuya pertenencia a la entidad que organizó las protestas contra la sentencia del procés, añaden, no está clara.

En marzo de 2020, Suiza rechazó la anterior comisión rogatoria remitida por García-Castellón, por los delitos de «organización criminal» y «terrorismo», argumentando que la legislación de su país considera inadmisibles las solicitudes de asistencia en actos con un «carácter político preponderante».

En este sentido, las autoridades suizas apuntaron que tampoco se cumplían los requisitos para colaborar en casos de delitos políticos, que su legislación sólo permite si se trata de actos «especialmente reprensibles», como la coacción o extorsión que ponga en peligro la vida de personas mediante el secuestro de avión, el uso de medios de exterminio masivo o la provocación de una catástrofe o toma de rehenes.

En su escrito de 2020, Suiza también advertía de que, aunque se negara la naturaleza política de los actos en cuestión, sólo podrían colaborar con la Justicia española si los hechos expuestos correspondieran a infracciones castigadas por el derecho suizo.

Y en el caso de Tsunami, añadía la respuesta a la comisión rogatoria, «las manifestaciones de desobediencia civil contra el poder central español» no encajaban con su definición ni de «organización criminal» ni de «terrorismo».