Un tono de despedida constante que no acaba de hacerse real. En varias de sus últimas declaraciones, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte Gutiérrez, parece que estuviera diciendo adiós por cuentagotas, aunque no renuncie en los hechos. El desayuno informativo de este miércoles en el Real Casino de Madrid no ha sido la excepción: parecía un discurso de salida que no se concreta nunca, a pesar que todos tienen el mandato vencido hace un lustro.

Preguntado sobre este asunto y si comparte que, como dijo algún vocal, sería un «delito de abandono de función pública» que todos renunciaran a la vez, ha descartado esa teoría. «No me gusta ser juguete de algo que no controlo, yo he ayudado... hay que renovar el Consejo. He intentado pacificar, ayudar y si no se consigue, yo creo que no pinto mucho. [Hay que renunciar] sin ninguna estridencia, es un signo de las sucesiones, no pasaría nada», ha añadido. Es una de las varias frases en las que ha dejado entrever que piensa irse pronto pero sin asegurar cuándo.

Le ha antecedido en la palabra nada más ni nada menos que el juez del Supremo Manuel Marchena, que encabezó el tribunal que juzgó a los líderes catalanes del «procés». Ha hablado de su vieja amistad con Guilarte y se ha limitado a defender al CGPJ, tachándolo de «bien constitucional».

«Debemos superar esa tendencia a hacer a los vocales responsables de la situación política de desencuentro, no hay otros responsables que aquellos que tienen que ponerse de acuerdo», ha afirmado. Y luego ha opinado que sería «un salto al vacío fragmentar el Poder Judicial y hacer un mosaico territorial. Los constituyentes querían un Poder Judicial único».

Marchena y Guilarte han coincidido en espíritu jacobino, alertando contra la «fragmentación» que acarrearía descentralizar el Poder Judicial

En ese espíritu jacobino no puede estar más de acuerdo el presidente del CGPJ, que alerta de intentos de «fragmentar» la judicatura. Ha llamado a evitar «una degradación de competencias», y, en cambio, intentar «una objetivación de competencias», en el sentido de cambiar los parámetros con los que se elige a los jueces de los altos tribunales.

En el turno de preguntas, Guilarte ha escuchado lo expresado ayer por la Justicia helvética sobre presuntos actos de «terrorismo» por parte de Tsunami Democràtic y la toma del aeropuerto de El Prat, en la que están investigados Carles Puigdemont y Marta Rovira. Sobre la respuesta que vino de Suiza ha sido irónico: «Ahí están los tribunales para valorarlo... que Suiza ha rechazado eso, pues no tengo ni idea. Suiza es un país que no está en la Unión Europea y vamos a ver cómo evoluciona... Desde Falciani no nos da nada y nosotros tampoco le damos». [El juez García Castellón también ha cargado este miércoles contra la Justicia suiza en su respuesta, más información aquí].

Esa frase dicha entre sonrisas (y que ha despertado risas entre el auditorio) se refería al caso de Helvé Falciani, un ciudadano suizo que vive confinado en el Levante con una orden internacional de detención y extradición emitida por la justicia helvética, y que la Audiencia Nacional ha rechazado dos veces (la última en 2018). El extrabajador del HSBC filtró datos de 120.000 clientes del banco. Con esa alusión, Guilarte da a entender implícitamente que los magistrados están en una disputa de poder más allá de las razones judiciales.

Y es que, para el presidente del CGPJ con mandato vencido, los jueces españoles «han hecho todo lo que debían hacer» y actuaron «correctamente» contra el «procés». Ha repetido en tres oportunidades que no permitirá el «cambio de relato en el que los buenos son malos y malos son buenos», algo que a su entender ya ha acabado, en referencia a las afirmaciones del Gobierno y los soberanistas sobre «lawfare». También ha hecho una enfática defensa de la actuación de Marchena.

Sobre la amnistía, el presidente del CGPJ dice que no permitirá «un cambio de relato en que los buenos son malos y los malos son buenos»

A la hora de las respuestas (se nota que lo suyo es el derecho y no la comunicación) no ha podido evitar contradecir sus propias declaraciones. Ha criticado la politización «mediática» de la judicatura, alertado sobre «esta bipolarización entre conservadores y progresistas» incluso con bromas (dice que los jueces deben volver a ser tachados «de tontos o listos» pero no por ideología), y hasta admitido: «Quizás no hemos dado un ejemplo de independencia». Pero minutos después él mismo ha formulado conceptos políticos, por ejemplo, cuando le han preguntado por el proyecto de amnistía.

«Todo el mundo sabe que la amnistía se hizo para obtener mayoría parlamentaria, yo en eso no me meto. Hay que procurar que no se metan en lo nuestro y no meternos en lo de ellos», ha añadido, sin quizás darse cuenta que lo suyo estaba siendo una valoración política. De la amnistía ha dicho que no quería opinar, pero incidiendo en que no ve «nada adecuado» el «cambio de relato» contra los jueces.

¿Y la renovación?

Sobre un acuerdo para renovar el CGPJ, ha considerado que espera «un desenlace feliz» y que lo que le informan desde el PP y el PSOE es que se está avanzando.

En su mesa no había autoridades del Partido Socialista (el Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, sí estaba pero se retiró raudamente apenas acabó el evento), pero sí ha sido de la partida Esteban González Pons, el designado negociador para los asuntos judiciales del PP y una de las manos derechas de Núñez Feijóo.