Los fiscales del TS español consideran que el expresident catalán Carles Puigdemont asumió el «liderazgo absoluto» de Tsunami Democràtic, «un grupo organizado de carácter terrorista», y, por tanto, «no cabe duda alguna de que los hechos encajan perfectamente» en el delito de «terrorismo».

Así lo ha apuntado el fiscal Fidel Cadena en 14 folios, en los que recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por «terrorismo».

En aquella junta de fiscales, 15 de sus miembros apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg y, por 12 a 3, que puede haber delitos de «terrorismo».

De esta forma, tumbaron el informe redactado por el fiscal Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de «terrorismo», sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.

Cadena ya ha remitido el escrito a la número dos de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, de cara a preparar el informe que determinará el criterio del ministerio público, respecto de si pide o no a la Sala Segunda del Supremo que investigue a Puigdemont por «terrorismo».

El documento, que adelantó ‘El Español’, apunta a «la pluralidad de indicios» sobre Puigdemont que «acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas» de Tsunami, que describe como «un grupo organizado de carácter terrorista».

Añade que «hubiera podido evitar» los disturbios que siguieron a la sentencia del procés «retirando su apoyo carismático», pero «lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento».

Dicen los fiscales que «desde el principio» Puigdemont «estuvo informado de la constitución de Tsunami», que describen como un grupo organizado «animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones».

Además, «aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami» como el «medio elegido para vehicular las movilizaciones que se pretendían organizar» como respuesta a la sentencia del procés, de 14 de octubre de 2019.

Igualmente, dan cuenta de una conversación mantenida con el empresario Josep Campmajó en la que aluden a Tsunami como «la herramienta para alcanzar la independencia».

En dicha conversación, el expresident entiende que «los disturbios ocurridos son importantes, pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en otras grandes ciudades del planeta», de tal forma que el problema vendría si hubiera algún muerto en cualquier bando, «pues eso sería muy duro y confirmaría lo que le llevó al exilio: perderemos».

Respecto de los delitos, el texto cita que los miembros de Tsunami han cometido «delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros».

Y subraya que «el elemento subjetivo común que los une, transforma y convierte en delitos de terrorismo, que asumen y absorben todos ellos, es la subversión del orden constitucional, la alteración de la paz pública, la provocación de terror en una parte de la población y la desestabilización grave de las instituciones políticas del Estado», que son algunas de las finalidades que persigue Tsunami.

Por ello, destaca que «de lo que no cabe duda alguna es de que los hechos encajan perfectamente» en el delito de «terrorismo».

Así las cosas, el documento pide a la número 2 de la Fiscalía que se dirija al Tribunal Supremo para que asuma la investigación penal y cite como investigados a Puigdemont y al diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg, que ahora se encuentra en Suiza, ante «la pluralidad de indicios probatorios sólidos y fundados».

«Dinamita para el Estado de derecho»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que el hecho de que los fiscales del Tribunal Supremo le consideren «líder absoluto» de Tsunami Democràtic es «dinamita para el Estado de derecho».

«No tengo ninguna duda de que entre jueces, fiscales, policías y determinados políticos y medios abunden los artificieros del Estado de derecho, que creen que cualquier medio es lícito para defender España. Y tampoco hay dudas de que entre los que se supone que no son de esta trama corrupta está la voluntad y el coraje de perseguir estas conductas, que claramente son delictivas», ha asegurado en X.

Que un fiscal espanyol conclogui que jo sóc el cap absolut d’una organització terrorista només es pot explicar per dues raons, i totes dues són pura dinamita per a l’estat de dret:

1. Que doni credibilitat a una informació delirant i manipulada dels serveis policials (com sol…

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 21, 2024

García-Castellón responde a Suiza

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha respondido a las autoridades suizas que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial solicitado por motivos políticos en una causa de «terrorismo», y ve «inadmisible» que le pidan explicaciones sobre la amnistía.

En un contundente auto, el magistrado que investiga el caso de Tsunami Democràtic ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, conocida este martes, en la que le pedían que ampliase los indicios por «terrorismo» contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter «político», lo que le impediría colaborar con la justicia española.

García-Castellón discrepa de plano porque, subraya, los tratados internacionales impiden a Suiza rechazar la asistencia judicial solicitada, al tratarse de un procedimiento en el que se investigan delitos de terrorismo.