La temporalidad del sector público en Hego Euskal Herria sigue siendo la más alta de Europa y del Estado español, y triplica al sector privado. Así lo ha denunciado ELA en una comparecencia celebrada este viernes en su sede en Bilbo. Según el sindicato, un 44% de los trabajadores públicos de la CAV son temporales y en Nafarroa la cifra asciende al 51%. En total, son 77.000 trabajadoras.

Precisamente, hace una semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que considera que la Justicia española no disuade adecuadamente a las administraciones públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria durante años.

Y este mismo miércoles, los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK han registrado una convocatoria de huelga en los servicios públicos de la CAV para el próximo 12 de marzo para exigir una «creación y consolidación del empleo público» que sitúe la temporalidad «por debajo del 8%».

En la rueda de prensa de hoy, ELA se ha centrado en la situación del empleo público dependiente del Gobierno de Lakua, y han denunciado que los procesos de estabilización aprobados hasta la fecha por el ejecutivo «no son suficientes».

Según los datos del sindicato, actualmente, Lakua tiene 47.070 trabajadores temporales o interinos, de los cuales, además, 19.800 tienen más de 8 años de antigüedad y 29.740 más de 3 años. Es un panorama que, tal y como ha denunciado ELA, no será revertido con las plazas de estabilización en las OPEs propuestas hasta ahora, que solo alcanzarán a 12.619 trabajadores, quedando fuera el %73 (34.461) de los trabajadores que están en esa situación.

Por sectores, la sanidad vive el escenario «más dramático», según Saavedra, responsable de ELA Osakidetza. 24.600 trabajadores son temporales o interinos actualmente, y los procesos de estabilización de Lakua solo van a estabilizar a 3.700 (15%). Además, Saavedra ha advertido que «esa situación se va a agravar aún más por el ritmo de jubilaciones que en Osakidetza asciende a unas 1.200 personas anuales». Asimismo, ha recordado que actualmente existen un total de 1.645 plazas sin ocupante, y 3.654 empleados y empleadas «trabajan en fraude como temporales de larga duración en plazas o puestos de trabajo que responden a funciones estructurales pero que no están reconocidas como tal».

En Educación, el 70% de los 16.900 trabajadores temporales también quedará fuera de esos procesos: unas 12.000 personas.

Llama la atención la situación diametralmente contraria que hay en la Administración General, donde sí que se van a estabilizar un 84% de las 4.500 plazas temporales que hay actualmente.

«La temporalidad es el paso previo a la privatización»

ELA ha subrayado que la temporalidad es «el paso previo a la privatización del sector público», y ha recordado que actualmente hay 120.000 trabajadores y trabajadoras en servicios esenciales del sector público que están privatizados.

Destaca el sector de cuidados, con el 90% de los servicios privatizados. En Osakidetza, según ELA, el Departamento de Salud destinó en 2023 un total de 269 millones de euros a financiar los servicios privatizados, un 9% más que el año anterior.

«El último ejemplo es el de los almacenes, cuya adjudicación a una empresa privada se va a realizar por un total de 129 millones de euros. Estos datos demuestran que el mantra de la colaboración público-privada no es más que una apuesta por privatizar lo público», ha denunciado Igor Eizagirre, secretario general de Gizalan de ELA.

Asimismo, ha recordado que Hego Euskal Herria se encuentra «a la cola del empleo público». Según sus datos, en la UE el 20% de las y los trabajadores son públicos, en el Estado español son el 17%, y en la CAV apenas supera el 15%.

Propuestas para rebajar la temporalidad al 8%

Por todo ello, ELA considera necesaria una modificación legislativa que «permita la consolidación de esas plantillas, que rebaje la temporalidad al 8% y que articule mecanismos para que esta situación no se vuelva a repetir».

Así, exige a las instituciones y partidos políticos vascos que no privaticen ningún servicio público más y que reviertan los ya privatizados. «Que dejen de escudarse en los supuestos vetos de Madrid, que eliminen las tasas de reposición y los obstáculos para posibilitar la consolidación del empleo del personal público temporal. Es cuestión de voluntad política», ha destacado.

Concretamente, ELA propone articular procesos excepcionales con garantías de consolidación para el personal temporal, antes de que finalice el año, «convocando todos los puestos estructurales, incluidos los que todavía no cuentan con ese reconocimiento (puestos de trabajo cubiertos por temporales en los tres últimos años, estén formalmente creados o no en la RPT o instrumento de ordenación de personal correspondiente)». También propone sanciones para aquellas administraciones que no lleven a efecto dichos procesos y no rebajen la temporalidad al 8%, así como que se adopten mecanismos para evitar situaciones similares a futuro.

Por último, ELA ha llamado a todos los trabajadores a participar en la huelga convocada en los servicios públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para el próximo 12 de marzo.