El Estado francés ha completado este lunes el trámite para convertirse en el primer país que inscribe el aborto en su Constitución, una ceremonia con reminiscencias regias en el Palacio de Versalles, donde tres quintos de los diputados y senadores han avalado el proyecto. Anteriormente, ya ha habido otros estados que han introducido o prohíben indirectamente el aborto en su Carta Magna.

Los diputados y senadores franceses, reunidos en sesión conjunta, han adoptado este lunes de forma mayoritaria, la inscripción del aborto en la Constitución, una reforma que consideraron «histórica». En total, 780 de los 925 parlamentarios han apoyado una reforma constitucional que modificará el artículo 34 de la Carta Magna para incluir «la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo». Solo 72 parlamentarios han votado en contra.

El proyecto, lanzado por el presidente, Emmanuel Macron, para preservar ese derecho amenazado en otros países, contaba con un gran respaldo popular y obtuvo apoyos de todos los partidos políticos, sin reservas en la izquierda y más condicionados en la derecha y extrema derecha.

«Podemos cambiar nuestra ley fundamental para inscribir la libertad de las mujeres, con quienes tenemos una deuda, con las que han sufrido, con las que han muerto, con las que han tenido que escapar de forma clandestina al extranjero, cuyo recuerdo nos avergüenza», ha asegurado el primer ministro francés, Gabriel Attal, en su discurso ante la reunión conjunta de diputados y senadores en el Palacio de Versalles.

Attal, que ha llegado acompañado de Jean Veil, hijo de Simone Veil, la ministra responsable hace casi medio siglo de la despenalización del aborto, rindió homenaje a todas las mujeres que, a lo largo de los años, han trabajado para lograr y defender este derecho que el Estado francés ha querido afianzar.

El primer ministro ha señalado que solo entonces «el cuerpo de las mujeres será el templo de su libertad» y ha enviado este mensaje a todas las mujeres: «Vuestro cuerpo os pertenece y nadie puede disponer de él en vuestro lugar». «Este es un paso decisivo en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Todavía estamos lejos del final del camino, pero poco a poco nos acercamos», ha agregado.

El Vaticano responde al Estado francés

Por su parte, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano ha defendido que «no puede ser un derecho acabar con una vida humana», en respuesta a la decisión del Senado francés. En un comunicado dirigido a todos los gobiernos del mundo y todas las religiones, la Academia vaticana exige que en esta fase de la historia «la protección de la vida se convierta en una prioridad absoluta, con pasos concretos en favor de la paz y la justicia social, con medidas efectivas para un acceso universal a los recursos, la educación y la salud».

«Las situaciones de vida particulares y los contextos difíciles y dramáticos de nuestro tiempo deben ser afrontados con los instrumentos de una civilización jurídica que mira por encima de todo a la protección de los más débiles y vulnerables», ha indicado.

En este sentido, destaca que «la protección de la vida humana es el primer objetivo de la humanidad» y puede desarrollarse únicamente en «un mundo sin conflictos ni heridas, con una ciencia, una tecnología y una industria al servicio de la persona y la hermandad».

«Para la Iglesia católica la defensa de la vida no es una ideología sino una realidad, una realidad humana que involucra a todos los cristianos, precisamente porque son cristianos y humanos», afirma la pontificia academia, parafraseando un discurso del papa Francisco en la audiencia general del 25 de marzo de 2020.

Una ley de Pinochet

La iniciativa francesa aboga por blindar en su artículo 34 la «libertad garantizada de la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo». Esta es «la primera disposición constitucional explícita y amplia sobre el tema» en el mundo, explica a AFP Leah Hoctor, de la organización estadounidense Center for Reproductive Rights.

En septiembre de 2022, Chile intentó introducir el derecho para las mujeres a «una interrupción voluntaria del embarazo» en su proyecto de nueva Constitución, que fue rechazado en referendo. La actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), estipula que «la ley protege la vida del que está por nacer». Otro intento de reforma posterior, elaborado por un consejo dominado por la ultraderecha, protegía la vida de «quien está por nacer», dando pie a revisar el derecho al aborto. También fue rechazado.

Este país, tradicionalmente conservador sobre el tema, prohibía el aborto hasta en 2017, cuando una ley lo autorizó en tres causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre.

El precedente yugoslavo

Actualmente, varios países «ofrecen una protección constitucional del derecho al aborto, pero no mediante una formulación explícita», explica Leah Hoctor. Varios países de los Balcanes heredaron así el «derecho humano de decidir libremente sobre el nacimiento de los hijos» incluido en la Carta Magna de 1974 de la entonces Yugoslavia del mariscal Tito. Este es el caso de Eslovenia, Macedonia del Norte y Serbia, así como de la entidad de los serbios de Bosnia.

Otros países como Cuba también hacen una referencia velada cuando hablan de «derechos reproductivos» en su Constitución. La Carta Magna de Ecuador consagra «el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener».

Caso por caso

Otros países, sobre todo africanos, «se refieren al aborto de manera explícita en su Constitución, pero generalmente para permitirlo en circunstancias específicas», explica la experta. En Kenia, «el aborto no está autorizado, salvo si un profesional de salud cualificado lo considera necesario para un tratamiento de emergencia o si la vida o la salud de la madre corre peligro, o si lo permite otra ley escrita», indica la Constitución.

La ley fundamental de la vecina Somalia señala que «el aborto es contrario a la sharía (ley islámica) y está prohibido, salvo en caso de necesidad, en particular para salvar la vida de la madre».

La Carta Magna de Esuatini, pequeño país de África Austral, dispone que «el aborto es ilegal, pero puede autorizarse» en caso de violación y de riesgo para la vida o la salud de la mujer.

Vida desde la concepción

A las antípodas de la iniciativa francesa, algunas leyes fundamentales prohíben implícitamente el aborto, consagrando el derecho a la vida desde la concepción, como en el caso de República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador.

Este país de América Central es uno de los más duros. El aborto se castiga con dos a ocho años de cárcel, pero a menudo es tipificado como «homicidio agravado», lo que conlleva penas de 30 a 50 años de prisión.