El proyecto de Ley de Amnistía para los implicados en el ‘procés’ independentista de Catalunya tuvo que volver a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts se posicionara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.El nuevo dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra.

Como el orden del día del pleno ordinario de la próxima semana, que va a celebrarse el martes, ya estaba cerrado, y su posible modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, los promotores de la ley han optado por convocar un segundo pleno para el jueves.

En este pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más.

Como es una norma de rango orgánico, necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante.

Si la ley prospera en el Congreso, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses, puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.

Los representantes de Junts entienden que los políticos exiliados como Carles Puigdemont o Toni Comín podrán regresar a Catalunya en un plazo máximo de dos meses a partir de esa fecha.

Si el próximo jueves la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.

El pacto cerrado por el PSOE con Junts y ERC modifica tres artículos del proyecto de ley de amnistía y también el preámbulo, donde deja claro que serán los jueces los encargados de identificar a las personas concretas amparadas por la medida de gracia.

«Corresponde al poder legislativo establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», se afirma en el texto.

La mayoría de los cambios efectuados al dictamen que rechazó Junts en el pleno del Congreso el pasado 30 de enero buscan acotar las conductas que quedarán excluidas de la amnistía. A petición de la formación que lidera Carles Puigdemont se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

Modificaciones

En el caso del «terrorismo», se borran las referencias al Código Penal español y se señala que quedan sin cobertura «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo» según la directiva europea de 2027 y que, a su vez, hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».

En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura– y al derecho internacional humanitario.

Respecto a los delitos de «traición» y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

Se remiten en este caso a los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la resolución 2.625 aprobada por la Asamblea General en 1970.

Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de «torturas» o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando «no superen un umbral mínimo de gravedad», porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o «provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física».

El texto acota la amnistía del delito de «malversación», que estará cubierto por esta medida de gracia «únicamente» cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el ‘procés’ y «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento».

Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el ‘procés’ cuando «independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, la conocida como Ley mordaza.

Se podrá hacer salvo que se trate de infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren «criterios de proporcionalidad» para hacerlo.

Acuerdo primero entre catalanes

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desvelado que el PSOE accedió a aceptar el acuerdo al que llegaran su partido y ERC sobre las enmiendas que han dado lugar al texto final. «Si ERC y nosotros llegamos a un acuerdo y lo acordamos, ¿nos lo aceptaréis? Dijeron que sí. Pues no sufráis, que llegaremos a un acuerdo», ha relatado Turull.

«A partir de ahí, las personas que llevan el tema jurídico en ERC y Junts se pusieron a trabajar, con un objetivo evidentemente plenamente compartido, y se llegó a un acuerdo, y este es el acuerdo que se hizo llegar al PSOE», ha añadido.

Respecto a las acusaciones de «terrorismo» y su referencia a la normativa europea, ha indicado que se trata de evitar la «interpretación capciosa» que se está haciendo en el Tribunal Supremo (TS). «Lo que están haciendo algunos fiscales del Tribunal Supremo y algunas instituciones es una banalización del terrorismo que se les debería caer la cara de vergüenza».

En cuanto a la «malversación», Turull ha apuntado que se ha procurado «precisar mucho» en el texto que se han de amnistiar todos aquellos casos en los que no exista enriquecimiento personal.

La portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha descartado que la Ley de Amnistía sea un punto y final para las aspiraciones de los independentistas, sino que «es un punto de partida para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político».

Ha remarcado que desde su formación están «muy satisfechos» con el acuerdo alcanzado. «Tiene la seguridad jurídica necesaria para cubrir todas las personas, desde Carles Puigdemont hasta Marta Rovira y las más de mil personas implicadas».

Jordà ha remarcado que la luz verde a la Ley de Amnistía allana el camino al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado español.

Desde el PSOE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que «estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos», y ha apuntado que servirá para avanzar en una nueva etapa y no seguir «anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia (...) la historia de un Gobierno valiente, de un Partido Socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abre una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones».

Desde el otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que este acuerdo «va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea».

Ha recalcado que «son delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Eso es la amnistía que el Gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas».