Una actuación de la Ertzaintza está de nuevo en el foco de la polémica, ya que un juzgado de Bilbo desliza que la Policía autonómica sería quien filtró al entorno de la extrema derecha española las fotografías y datos de 79 personas arrestadas durante la pasada edición de Aste Nagusia.

Estos hechos ya fueron en su día objeto de controversia: EH Bildu pidió información al respecto y se preguntó si aquella acción policial, que apuntaba a la Ertzaintza y/o a la Policía Municipal de Bilbo, respondía a motivaciones racistas.

Cabe destacar que fue Alvise Pérez, propagador habitual de bulos, fue quien difundió en su perfil de Telegram aquellas imágenes, que posteriormente fueron recogidas por varias webs de similar perfil. Pérez también está siendo investigado por ello, según informa este martes ‘eldiario.es’.

El propio consejero de Seguridad de Lakua, Josu Erkoreka, informó de que Asuntos Internos de la Ertzaintza había iniciado una investigación interna para tratar de aclarar lo ocurrido. También indicó que había dado traslado de esta cuestión a la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD) y a la fiscal superior de la CAV.

Ahora son sendas resoluciones de AVPD, fruto de las denuncias recibidas y a las que ha tenido acceso NAIZ, las que arrojan algo más de luz.

Con fecha de este 11 de marzo, el presidente del órgano, Unai Aberasturi –quien ha pasado por los micrófonos de NAIZ Irratia antes de que se supiera de estas decisiones–, acuerda la apertura de sendos expedientes de infracción contra el Ayuntamiento y el Departamento. Y las averiguaciones realizadas hasta el momento apuntan claramente a la Ertzaintza.

La Policía Municipal no lo elaboró ni tuvo acceso

Tras recibir la denuncia, la AVPD solicitó información a las citadas instituciones para tratar esclarecer lo ocurrido. En su respuesta, el Consistorio bilbaino explicó que «el contenido del documento referido parece corresponderse, en parte, con la información que desde Policía Municipal de Bilbao se remite durante la Aste Nagusia a la Ertzaintza, pero no así su formato».

El Ayuntamiento remarcó que, tras una investigación interna, comprobó «que el citado documento no había sido elaborado» por la Policía Municipal «ni se había tenido acceso al mismo». Y añadió que el 1 de septiembre informó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de la «difusión del documento».

De igual manera, el Departamento de Seguridad se limitó a responder que la cuestión estaba bajo investigación judicial: «En la actualidad, sentimos no poder ofrecer información adicional en la medida que la investigación, tutelada por la autoridad judicial, no ha finalizado y una mayor concreción de las actuaciones practicadas pudiera comprometer el resultado de la misma».

En febrero de este año, Protección de Datos remitió un escrito al juzgado para averiguar si las diligencias que está practicando coinciden con la denuncia recibida por la AVPD, y este respondió el 4 de marzo que «resulta sumamente probable que el documento al que se hace referencia sea coincidente con el asunto penal objeto de instrucción».

Por ello, la AVPD decide incoar los citados expedientes, que acto seguido suspende a la espera del final del camino que este asunto haga en los tribunales para determinar si hubo responsabilidades penales. De momento lo investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbo.