Por no respetar el principio de autodeterminación de los saharauis, la Abogada General de la UE, Tamara Cápeta, ha propuesto anular el acuerdo pesquero con Marruecos, aunque respalda el agrícola.

Cápeta respalda la sentencia del Tribunal General –en primera instancia del TJUE– que en 2021 anuló la decisión del Consejo por la que se aprobaba la celebración del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y su protocolo, aunque preservó sus efectos hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones, la Abogada General propone al Tribunal de Justicia que desestime estos recursos de casación y confirme la sentencia del Tribunal General por la que se anula la decisión del Consejo.

La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente al Estado español, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.

Pese a respaldar la sentencia del TJUE, la Abogada General propone, no obstante, basar dicha anulación en un razonamiento diferente. En este sentido, explica que el pueblo del Sahara Occidental no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre, aunque reconoce que el Frente Polisario lucha por uno de los tres posibles resultados del derecho a la autodeterminación: la creación de un Estado independiente.

En consecuencia, Cápeta cree que debe considerarse que el Frente Polisario refleja los intereses y deseos de «al menos» una parte del pueblo del Sahara Occidental y recuerda que tanto el acuerdo de pesca como su protocolo de aplicación no cumplen el requisito de tratar el territorio como «separado y distinto» de Marruecos, lo que vulnera el principio de autodeterminación, tal como interpretó el Tribunal de Justicia en una sentencia previa.

Además, según la Abogada General, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también puede repercutir en el derecho del pueblo del Sahara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio.

Sin embargo, dado que algunos de esos elementos –aunque se plantearon ante el Tribunal General–, no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sahara Occidental.

Respaldo al acuerdo agrícola

Sin embargo, la misma Abogada General indica, por otro lado, que el Tribunal General incurrió en un error al anular la decisión por la que se aprueba, en nombre de la UE, un acuerdo arancelario preferencial con Marruecos relativo al territorio del Sahara Occidental, por lo que propone anular dicha sentencia.

En este caso, la Abogada General concluye que el acuerdo arancelario preferencial sí trata al territorio del Sahara Occidental como separado y distinto de Marruecos, pero considera que el Tribunal General interpretó erróneamente la sentencia del TJUE, porque esta no exigía que el Consejo obtuviera directamente del pueblo saharaui su consentimiento porque, en su organización actual, no puede consentir por sí solo la celebración de un acuerdo internacional relativo a su territorio.

Las conclusiones señalan que, acorde al Derecho internacional público, una potencia administradora puede, en determinadas circunstancias, celebrar un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo, como el del Sahara Occidental.

En este caso, la Unión Europea considera a Marruecos como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, por lo que la Unión puede aceptar que Rabat dé su consentimiento a dicho acuerdo en nombre del pueblo del Sahara Occidental.

No obstante, la Abogada General considera que pueden existir otras obligaciones derivadas del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental que pueden ser pertinentes a la hora de celebrar un acuerdo con Marruecos en su nombre.

Además, dado que la UE y la comunidad internacional consideran al Sahara Occidental como un territorio distinto y separado de Marruecos, otro dictamen de este jueves indica que el etiquetado de productos alimenticios exige que se indique el territorio del Sahara Occidental como país de origen de los melones y tomates cultivados y cosechados en dicho territorio.

No hacerlo, añade, sería contrario a la posición declarada de la UE sobre el territorio del Sahara Occidental e infringiría el requisito de establecer indicaciones «correctas, neutrales y objetivas» en las etiquetas de los productos alimenticios de la UE. Por tanto, etiquetar esos productos como originarios de Marruecos en lugar de originarios del Sahara Occidental vulnera el Derecho de la UE.

Petición de las Juntas Generales de Araba

El mismo día que se ha conocido la propuesta de la Abogada General de la UE, las Juntas Generales de Araba han aprobado una moción en la comisión de Igualdad, Euskara y Gobernanza, por la que se insta a Naciones Unidas a que «promueva una solución justa al conflicto del Sahara, que pasa por el ejercicio del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui mediante la celebración de un referéndum».

La iniciativa, promovida por los grupos junteros de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha contado con el respaldo de todos los grupos, aunque el PSE ha evitado posicionarse y no ha intervenido en el debate de la moción.

En el texto también se exige a Marruecos «la liberación de los y las presas políticas y de conciencia, y que cese las violaciones de derechos humanos en las prisiones».

Asimismo, se insta al Gobierno español a que otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en el Estado «como único y legítimo representante del Pueblo Saharaui», y que «promueva las iniciativas políticas necesarias para lograr una solución justa y definitiva sobre la base del cumplimiento del Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental».

La moción denuncia «el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos», y solicita a las empresas que operan en el territorio que «respeten el derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las reglas del derecho internacional humanitario aplicables a la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado».