El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a Antton López Ruiz, Kai Saez de Egilaz, ‘Pipe’ San Epifanio, Haimar Altuna, Oihana Garmendia y Oihana San Vicente por el recibimiento a represaliados vascos entres 2016 y 2020. En concreto habla de 120 actos.

El auto del magistrado instructor, que les imputa por ello un «delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento», establece un plazo de diez días para que la Fiscalía formule un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

Posición ambigua del fiscal

Esta decisión llega tres semanas después de que la propia Audiencia Nacional corrigiese la decisión de García Castellón de prorrogar la instrucción del sumario para investigar canales de Telegram administrados por Sortu y Sare.

El tribunal de excepción estimó así el recurso presentado por el fiscal Carlos Berro, que advirtió de que no se ha advertido delito en los chats. También señaló que estos eran ajenos a la investigación.

«No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes», afirmó.

Esta parte sí reclamó la apertura de juicio oral al considerar que se «quebrantó gravemente la identidad de las víctimas» con recibimientos a presos que volvían a casa tras años en prisión. Habrá que ver ahora en qué concreta su acusación.

«Para la restauración de la dignidad de las víctimas es menester que se dé por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora», señaló.

«Lawfare»

Cabe recordar que la fase de instrucción de la causa se había cerrado ya en octubre. De hecho, el pasado 12 de enero se anunció la imputación de seis miembros de la izquierda abertzale.

Sortu mostró entonces su rechazo al proceso, y este miércoles ha vuelto a denunciar que «estamos ante un nuevo caso de lawfare», incidiendo en que Garcia Castellón es el juez que instruye el proceso judicial abierto contra el independentismo catalán . «La decisión del juez de seguir adelante con este caso demuestra una vez más la falta de voluntad de los poderes del Estado profundo de proporcionar una solución democrática a los conflictos políticos de Euskal Herria, Galicia y Catalunya», ha apuntado.

Y ha reiterado que «para Sortu el objetivo de esta operación es desbaratar la ventana de oportunidad; desbaratar la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y de los derechos nacionales de Euskal Herria, Catalunya y Galicia; es decir, de cerrar la puerta a toda posibilidad de democratización del Estado español. En definitiva, impedir la posibilidad de desatar lo que el franquismo dejó atado y bien atado. Para ello, una vez más se está utilizando el aparato de justicia».

«Ante los obstáculos, nosotros y nosotras, seguiremos trabajando por la paz y la libertad, por los derechos de los pueblos y de todas las personas. Como demuestra la experiencia de Luhuso y el desarme, los estados son fuertes pero no invencibles. Como hemos visto en las movilizaciones de hoy, en Euskal Herria hay una mayoría que reclama una solución integral del conflicto. Este pueblo logrará la paz y la libertad; logrará construir un futuro sin presos, huidos y deportados», ha añadido.