El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha hecho público este lunes que el pasado 18 de marzo comunicó una serie de preguntas tanto al Gobierno español como a las dos mujeres agredidas sexualmente en Iruñea en 2016 y cuyas denuncias fueron archivadas. Esa solicitud de información es el paso previo para pronunciarse sobre el caso.

La evaluación que harán a partir de las respuestas que reciba no significa que los jueces europeos necesariamente dictarán sentencia, ni siquiera es una garantía de que declararán admisible la demanda, pero teniendo en cuenta la experiencia de su trabajo, es muy probable que así ocurra.

Las chicas perdieron la consciencia en un bar de la capital en diciembre de 2016 y despertaron después desnudas en un piso que no conocían y con la impresión de haber sufrido sendas agresiones sexuales, informa este lunes el periódico ‘Diario de Noticias’.

La Policía española logró detener a dos hombres como presuntos autores de la agresión y, según destaca el citado rotativo, se comprobó que uno de ellos era cuñado de un agente de la misma unidad que estaba investigando los hechos.

El abogado de las jóvenes, José Luis Beaumont, ha comentado a Efe que si le hubieran contado antes lo que han vivido estos años, «nunca jamás» lo habría creído.

«Un muro de despropósitos»

«Ha sido un muro de propósitos», incluso «teniendo a la Fiscalía en contra», ya que «no movió un solo dedo desde el origen de la investigación» para ejercer su obligación, «porque a cualquier efecto está su propio Estatuto orgánico, que le obliga a perseguir todo tipo de delitos», ha declarado.

Pero «lejos de hacerlo», ha agregado, la Fiscalía «se opuso sistemáticamente durante años a todas y cada una de las diligencias de investigación que yo proponía».

Beaumont ha relatado que el informe pericial de la extracción de datos del teléfono móvil de los detenidos se hizo en la Comisaría General de Policía Científica de la Policía española en Madrid y se remitió a Iruñea en soporte digital porque eran «miles y miles de folios» pero ese material sufrió una «desaparición total y para siempre», al igual que las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento hostelero en el que comenzaron a ocurrir los hechos.

Además, ha denunciado que, durante la custodia policial, se activaron y se encendieron los teléfonos móviles de los dos detenidos «sin ningún motivo lógico ni ilógico».

El abogado ha asegurado que su impresión es que no ha habido una serie de negligencias, sino una «intencionalidad», porque ha sido «una cascada continua» de problemas con las pruebas.

También ha considerado que la Audiencia de Nafarroa, que confirmó el archivo de la causa decretado por el juzgado de instrucción, «podía haber hecho más», ya que «se ventiló este asunto, después de seis años de aparente investigación judicial» con un párrafo mecanografiado de cuatro líneas, «absolutamente nada más».

Beaumont ha explicado que, si Estrasburgo dicta una sentencia condenatoria por mala praxis, «la consecuencia natural inmediata sería la reapertura del procedimiento», pero en este caso «va a ser siempre infructuosa, porque ya nunca puede haber un juicio justo porque se ha destruido para siempre las pruebas».