Nafarroa aprobó una ley pionera para el reconocimiento de las víctimas de abusos por parte de miembros Iglesia en 2022. A través de ella, se creó una institución para validar las denuncias. Esta comisión de reconocimiento se compone de dos miembros nombrados por el Gobierno navarro, otros dos elegidos por el Parlamento y se reservaron otros dos puestos más para la Iglesia, que se negó a ocupar.

Mediante una carta, el anterior arzobispo de Iruñea y Tutera, Francisco Pérez, anunció que no iba a participar de dicha comisión. Dos años después, la consejera del Interior, Amparo López, ha comunicado al Parlamento que la Iglesia ha cambiado de opinión y que asumirá sus puestos.

El giro dado por la Iglesia llega de la mano del nuevo arzobispo, Florencio Roselló, quien sustituyó a Pérez en noviembre. Estos religiosos tienen una trayectoria bien distinta. Pérez accedió a la Archidiócesis navarra después de ser obispo castrense. Roselló fue elevado a obispo siendo cura de prisiones.

Desde la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, su presidente, Jesús Zudaire, ha reconocido a NAIZ que se enteraron «por la prensa» de este cambio de decisión de la Archidiócesis. Si bien, no les pilla del todo por sorpresa.

Zudaire ha aclarado que, aunque la reunión personal no ha tenido lugar aún, el arzobispo les ha mandado mensajes de que se quiere concertar esa cita. «Tenemos noticias suyas. Nos han trasladado que nos va a apoyar, no solo aquí. También ante la propia Conferencia Episcopal (CEE)», asegura el presidente de la asociación de víctimas.

Cabe recordar que la «vía navarra» para el reconocimiento, finalmente, no contempla indemnizaciones para las víctimas. Procesos llevados en otros países, como en Bélgica o Alemania, sí que han incluido una reparación económica para estas personas.

La ausencia de indemnizaciones se sustentaba en esta decisión de la Iglesia de no sumarse ni a la comisión ni al reconocimiento. No parecía lógico que, no siendo los autores de los abusos funcionarios públicos, tuviera que ser la Administración quien asumiera finalmente la compensación.

Situación de bloqueo en Madrid

La reparación global para las víctimas de los abusos es un asunto irresuelto a nivel estatal, donde la CEE mantiene bloqueado el proceso. De hecho, Zudaire ha dado respuesta a las preguntas de este medio desde Madrid, a la salida de una reunión con el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo. En ese encuentro se han discutido detalles de la próxima comisión en las Cortes.

La CEE, en un primer momento, trató de torpedear el proceso liderado por Gabilondo articulando una vía de reconocimiento paralelo mediante la contratación de un despacho de abogados –Cremades y Calvo Sotelo–, cuya cabeza visible reconoció pertenecer al Opus Dei. Los obispos dejaron claro que solo reconocerían lo que dieran por bueno sus abogados.

El plan de los obispos, sin embargo, falló. Después de encargar este trabajo y, en vistas de la cantidad de casos que el despacho declaró veraces, la CEE se negó a validarlo.

Cremades y Calvo Sotelo dieron por buenas más de 2000 denuncias en un informe hecho público en noviembre. Y, además de ello, este informe declaraba que la Iglesia debía «compensar a las víctimas» y proponía para ello la creación de un fondo mínimo de 50 millones de euros.

Las víctimas, a juicio de Cremades, deberían de ser indemnizadas con entre 6.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

El siguiente movimiento de los obispos fue la publicación de otro informe elaborado, esta vez, directamente por ellos. En dicho documento se reducía ostensiblemente el número de casos de abusos que se dan por probados. Entre ellos, habían desaparecido las 12 denuncias presentadas en Nafarroa.

A través de un comunicado que llegó el pasado domingo, la asociación de víctimas navarras criticó esta omisión, recordando que incluso el arzobispo anterior, pese a rechazar formar parte de la comisión de reconocimiento, había dado por ciertos estos abusos.

La comisión de reparación, pese a que los dos de la Iglesia quedaron vacíos, ha estado operativa. Al contar con seis de cuatro puestos ocupados, ha aprobado la condición de víctima a 15 personas: diez varones y cinco mujeres.