UPN ha anunciado que llevará a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate, pese a que la presidenta María Chivite lo ha defendido como «la más transparente de todas las adjudicaciones que ha llevado a cabo este Gobierno».

Lo han puesto de manifiesto tanto Chivite como el presidente de UPN, Javier Esparza, en la comparecencia de la primera para explicar, a instancias del segundo, las vicisitudes de este expediente, adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 62 millones de euros por parte de una Mesa de Contratación que la eligió entre 7 ofertas, con documentación y trámites a los que puede acceder «cualquiera que quiera conocer los detalles».

El proceso se ha llevado a cabo «como si hubiera sido bajo el ojo de un 'gran hermano'», ha dicho una Chivite defensora de la legalidad de la mayor adjudicación pública de la última década en Nafarroa, aunque «la más transparente de todas las que ha llevado a cabo este Gobierno», que en su conjunto suman más de 3.300 contratos de suministro, servicio y obras, entre otros, que superan los 1.200 millones de euros.

«Ustedes lo que están expresando es una frustración de intentar encontrar en este Gobierno algo que no van a encontrar. No hay nada», ha dicho rotunda en respuesta a los comentarios del portavoz de UPN sobre las «extrañas coincidencias» en torno a esta adjudicación, como la falta de unanimidad en la mesa, el voto decisivo del presidente de este órgano y, sobre todo, la comida que Chivite mantuvo con, entre otros, directivos de una de las empresas que finalmente fue adjudicataria.

Al respecto, la presidenta ha reconocido que el interventor realizó un informe de fiscalización positivo, aunque con un reparo no suspensivo habida cuenta de los votos particulares, y al existir mayoría se adjudicó la obra, aunque con cierta demora, ya que se pidió un certificado al Ministerio español de Transporte para respaldar la solvencia y suficiencia de las empresas de la UTE adjudicataria.

Expediente de la UE a Nafarroa

Desde el pasado mes de marzo está en ejecución la obra, que se extenderá durante 45 meses.  Durante 11 años de gobierno de UPN no se llevó a cabo pese a la obligatoriedad de adaptar la seguridad de estos túneles dictada por la Unión Europea con un plazo que ya se ha agotado y que ha motivado la apertura de un expediente a Nafarroa.

«La realidad es que, por mucho que hayamos querido correr, esta obra cuesta 7 años, lo que hará que en Navarra seamos los últimos de España en adaptar esta normativa», ha lamentado Chivite, quien ha anunciado que en breve deberán explicar en Bruselas «cara a cara por qué estamos incumpliendo», tras lo que incluso ha señalado que podría derivarse en el cierre de los actuales túneles.

Por ello, ha atribuido las «responsabilidades políticas» a UPN: «No solo no hicieron nada, sino que ahora con bulos e insidias se empeñan en poner palos en las ruedas. Humo y confusión interesada frente a las obras que han comenzado ya», ha zanjado para invitar a Esparza a «ir a los juzgados. Y si no hay nada que denunciar, déjenos trabajar».

También Adolfo Araiz (EH Bildu) ha defendido esta como «una adjudicación legal y transparente», lo que no quita para que a futuro «haya que afinar mucho más la motivación jurídica» de estos procesos. No obstante, ha sido muy crítico con UPN, que «está dando un contenido penal» a este asunto y «extendiendo una mancha» que apunta a acusar de favorecer a una empresa en concreto.

También por Geroa Bai Pablo Azcona ha rechazado las «dudas sembradas» por UPN para «seguir embarrando» la situación, en la que ha asegurado que deberían mejorarse los procesos a futuro, «pero en esta cuestión se ha sido totalmente legal, a falta de que UPN tenga algo que nosotros no tenemos».

Asimismo, Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha considerado el auspiciado por UPN un «cínico espectáculo en el que la derecha neoliberal pretende sembrar la duda sobre un gobierno, generando además la desafección de la ciudadanía», cuando a juicio de su coalición se ha tratado de «un proceso legal y transparente».

PP y Vox, con UPN

Por el lado contrario, Javier García (PP) se ha alineado con UPN para lamentar las «dudas» que le suscita este proceso y para considerar que es obligado el cese del consejero Óscar Chivite, porque lo contrario supone que la presidenta «defiende este tipo de prácticas no habituales que se están dando en el departamento de Cohesión Territorial», que «recuerda a los tiempos de Aragón y Urralburu».

También Emilio Jiménez, de Vox, ha visto «dudas razonables» en este proceso de contratación, «falta de transparencia y posibles irregularidades procedimentales», y ha lamentado la «técnica del calamar» utilizada por el PSN para salir de este asunto.