Con motivo del Día contra la LGTBifobia, que se celebra todos los 17 de mayo, la Federación de entidades LGTBI+ (la asociación que agrupa a más entidades del colectivo de todo el Estado español) ha presentado este jueves su informe anual sobre delitos de odio, en el que ha denunciado un «iceberg» que no se está viendo en su dimensión real por los alarmantes niveles de «infradenuncia e infradetección», además de constatar una sorpresiva diferencia entre los datos de Interior y los propios.
La rueda de prensa ha tenido lugar en la Fundación ONCE y ha estado encabezada por la presidenta de la federación estatal, Uge Sangil; su secretario de Organización, Ignacio Paredero; y su responsable de investigación y formación, María Rodríguez. El informe ha sido elaborado por la consultora 40db y los ponentes han explicado que se ha corregido la base de la muestra «para que sea más representativa, concretamente para el segmento trans, además de incluir a personas intersexuales», con un «nivel de representatividad» diferente al utilizado en los trabajos de la agencia europea de derechos fundamentales (FRA).
El reporte detalla los hechos del último año y los últimos cinco. Con respecto al último lustro constata que entre el colectivo ha habido más de 350.000 episodios de agresión física o sexual (10% lo ha sufrido), discriminación (32,4%) o acoso (28,7%). De la discriminación, casi la mitad (45%) ha sido por falta de reconocimiento de un derecho y el 42,5% por recibir un trato no igualitario en el ambiente laboral.
El Ministerio de Interior solo ha recogido el 0,57% de los casos censados en realidad; 1.738 sobre 350.000
Paredero ha recalcado que una de sus principales conclusiones es que mientras las personas LGTBI declaran haber sufrido 350.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años, el Ministerio del Interior solo ha recogido registralmente 1.738 actos de odio entre 2018 y 2022, es decir un 0,57%.
En este sentido, el secretario de Organización asegura que «las cifras recogidas por el informe de la Federación se acercan bastante a los datos oficiales de Inglaterra y Gales, por lo que podemos sospechar que en España nos encontramos ante un problema de infradetección. Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio que no se está abordando».
Con respecto a la infradenuncia, Paredero dice que sus datos «lo acreditan, se denuncia muy poco», y de hecho hay una tasa de infradenuncia del 83,5 por cada 100 hechos ocurridos. De ese porcentaje que no registra su denuncia, el 33,2 por ciento ha respondido que es porque no piensa que fuese a servir de algo, el 21 por ciento porque no tenía pruebas y el 17,7 por ciento porque tenía miedo a la respuesta LGBTIfóbica de las Fuerzas de Seguridad.
Un detalle del informe que se ha querido resaltar es que de aquel 16,5% que sí efectúa la denuncia en vías institucionales, la mayoría lo hace en asociaciones del colectivo más que ante la Policía. De los que han acudido a las Fuerzas de Seguridad, un alarmante 21,1 por ciento ha contado que lo han citado luego a declarar para investigar un caso diferente al suyo. De hecho, el secretario de Organización ha hecho un inciso y ha dicho que en su caso personal también le había ocurrido.
En las denuncias ante las FSE, al 21% lo citaron luego a declarar por otro caso, en el 20% se les animó a desistir, el 18% recibió preguntas incómodas...
Además, el 25,4% de los encuestados han respondido que la Policía ha minimizado los hechos denunciados y el 20,4% ha señalado que las propias Fuerzas de Seguridad les han animado a desistir de las denuncias, en tanto el 18,6% dice haber recibido preguntas incómodas.
«A mí estos datos me abruman, el colectivo sigue sufriendo. Es verdad que hemos avanzado en derechos humanos, en matrimonio igualitario en 2005 y hace poco mas de un año con la ley LGTBI Trans pero falta mucho», ha dicho Uge Sangil. La activista canaria ha vuelto a «solicitar al Ministerio del Interior que realice una mayor eficiencia y recogida de los datos» porque «no coinciden».
En este sentido, ha lamentado que desde la federación no ven «ningún paso adelante en el último año y hay que repetirlo». También ha exigido una mejor «formación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque hay formación puntual pero no es suficiente una charla. Tiene que haber una asignatura que hable de los colectivos vulnerables, no solo del colectivo LGBTI, también de personas migrantes, racializadas y con discapacidades».
Trans, jóvenes y pobres, más vulnerables
Con respecto a las agresiones, el 47% las ha sufrido físicas leves, el 29% graves, el 26% ha sido agresión sexual con violencia física y el 43% intimidación (los porcentajes no suman cien, porque muchas personas han sufrido varias). El 25 por ciento de los consultados ha dicho haber recibido entre tres y cinco agresiones en el último lustro.
El lugar de las agresiones lo encabeza la calle, con el 37 por ciento, seguido por lugares de ocio (11%), el transporte público (10%) y el ámbito sanitario (9,6%). De lejos, el mayor grado de acoso y discriminación sufridos recae sobre el colectivo trans, con 43% y 59% en cada caso, seguido por el segmento de lesbianas (38% y 37%) y asexuales (32% y 34%). En agresión física grave también lidera el colectivo trans con 30%, seguido por los no binaries (14%).
La calle es el lugar donde más agresiones se producen y el colectivo trans el que más las padece
«Hay una correlación muy fuerte entre agresiones y actos de odio. Lo sufren mucho más los jóvenes de entre 18 y 24 años. La renta también es un valor protector, en los sectores de mayor renta se registran menos agresiones», ha explicado el secretario de Organización.
Sangil ha presentado también el Odio Diario, que es una suerte de periódico publicado por la federación en el que se retratan los discursos de odio. «El delito también crece porque las palabras tiene consecuencias. El discurso de odio contra el colectivo ha aumentado 130 por ciento. Por eso pedimos un Pacto de Estado contra los discursos de odio y que vaya más allá, con todos los colectivos vulnerables. Esperamos que haya una respuesta favorable del Gobierno», ha enfatizado.
En el Odio Diario se recuerdan episodios de violencia contra personas LGBTI en los días en que se pronunciaban en paralelo discursos violentos, como cuando Alberto Núñez Feijóo criticaba al presidente del Gobierno por la llamada ley Trans y le pedía dejar de «molestar a la gente de bien», o cuando Santiago Abascal tachó de «en su mayoría degenerados» a los activistas de ONGs del colectivo.
«A la acción discursiva le sigue el delito. No olvidemos que el discurso lleva las vidas vulnerables a la infelicidad. No dejaremos de poner la cara para denunciarlo», ha recalcado Sangil.