La plantilla de Bilbobus ha rechazado en las asambleas celebradas este jueves, en los turnos de mañana y tarde, el preacuerdo firmado el martes a última hora por la mayoría sindical que conforman UGT, CCOO y USO con Biobide (Alsa), la todavía concesionaria del servicio, al que se oponían ELA, LAB y ESK al no garantizarse el poder adquisitivo. En consecuencia, la huelga indefinida que arrancó el 9 de abril continúa con unos servicios mínimos del 30%.

En la votación, a la que estaban convocadas 650 personas, 287 votos se han opuesto al preacuerdo con la empresa, que han apoyado 249 y se ha contabilizado un voto nulo. Por lo tanto, prosigue la huelga que se prolonga ya durante cinco semanas después de siete meses de movilizaciones.

El preacuerdo que la asamblea ha desestimado planteaba una vigencia temporal hasta 2027, con un incremento salarial en 2025, 2026 y 2027 referenciado a la subida que tengan esos años los empleados de la Administración en la CAV. Dependiendo de cómo quedara el IPC, la plantilla tendría un diferencial a favor de un 0,5, si el IPC fuera superior a la subida que tuviesen los funcionarios, con un diferencial mínimo marcado de 0,7 para esos años.

Para ELA, la referencia de los incrementos salariales dependerá del incremento salarial en la función pública que establezca Madrid era «inaceptable, ya que se neutraliza el marco de negociación propio y se someten los salarios a las leyes estatales».

LAB también se oponía, al sostener que no vincular las subidas salariales al IPC suponía un retroceso en el marco de negociación que se ha mantenido en Bilbobus. «Ligar los salarios al IPC es la vía para no empobrecer a los trabajadores», por lo que el sindicato estimaba que tomar como referencia al funcionariado conllevaba perder poder adquisitivo progresivamente, «ya que los funcionarios llevan más de una década denunciando eso».

El comité de empresa de Bilbobus está conformado por 5 representantes de UGT, 3 de CCOO, 3 de ELA, 2 de USO, 2 de LAB y 2 de ESK.

Dimisiones y cambios

Tras el rechazo al preacuerdo, este viernes por la mañana se ha celebrado una reunión del comité de empresa donde UGT y USO han dimitido oficialmente de la presidencia y otros cargos que tenían en el comité.

Tras esta decisión, se ha procedido a la elección de los nuevos cargos para los que únicamente se han presentado las personas finalmente elegidas pertenecientes a los sindicatos ELA, LAB y ESK, que han salido adelante, en segunda votación, con la abstención de UGT, CCOO y USO.

El nuevo presidente es de ELA (Ángel Jáuregi) al igual que el secretario del comité, que también será de ese sindicato, mientras que la tesorería la ocupará ESK y el secretario de la Comisión de líneas será de LAB. Aún así, UGT, CCOO y USO no han abandonado el comité y siguen teniendo mayoría.

El hasta ahora presidente del comité, José Fernández (UGT), que seguirá siendo miembro de este órgano, ha negado que lo ocurrido suponga un «cisma» y ha asegurado que se trata simplemente de «un cambio estructural interno». «Nosotros seguimos siendo el sindicato mayoritario, no cambian ni las mayorías ni los planteamientos», ha añadido.

Desde el sindicato ELA han explicado a NAIZ que la huelga continuará la semana que viene y que, en principio, todos los sindicatos «seguirán en el mismo barco». Así, el próximo lunes tendrán una reunión para definir la línea a seguir a partir de ahora. ELA ya ha adelantado que seguirá defendiendo una subida salarial ligada al IPC y poner fin a «la precariedad que supone la parcialidad».

Manifestación vecinal por una gestión pública

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo ha convocado una manifestación para el jueves 23 de mayo para exigir una reestructuración de las líneas de Bilbobus que dé respuesta a las necesidades de todos los barrios, servicio que esté «directamente gestionada por el Ayuntamiento sin empresas intermediarias».

A través de una nota, han mostrado su solidaridad con la plantilla, y han subrayado que el Gobierno municipal «no puede ni debe lavarse las manos ante un conflicto laboral en un servicio público que afecta a una gran parte de la ciudadanía de Bilbao, además de a la propia plantilla».

Para las asociaciones vecinales, el conflicto ha evidenciado que «el modelo de gestión de servicios públicos en manos de empresas privadas no es ni justo, ni digno, ni efectivo y además es más caro para el conjunto de la ciudadanía».

«La privatización de Bilbobus conlleva que los beneficios empresariales de las empresas adjudicatarias estén por encima de los derechos laborales y de la calidad del servicio. No puede ser que haya barrios incomunicados y con un servicio de buses muy deficiente mientras empresas privadas se llenan los bolsillos. Por esto, queremos exigir un servicio de Bilbobus gestionado directamente desde el Ayuntamiento, sin intermediarios que encarecen el servicio, lo empeoran y explotan a la plantilla», han señalado.

Asimismo, han pedido al Gobierno Aburto que inicie un proceso participativo junto con la plantilla y la ciudadanía.

EH Bildu también apuesta por la gestión directa

EH Bildu ha considerado que la solución al conflicto laboral en Bilbobus pasa por la gestión directa del servicio municipal de transportes por parte del Ayuntamiento de Bilbo «en lugar de recurrir a subcontratas».

A su juicio, con lo planteado se pretendía «cerrar en falso el conflicto laboral, en lugar de dar una solución a largo plazo que garantice unas condiciones laborales dignas a los trabajadoras y un buen servicio público a la ciudadanía».

Los ediles de la coalición abertzale han denunciado también la «falta de transparencia y rigor» del gobierno municipal y de la empresa en el proceso ya que «paradógicamente ahora que se va a rescindir el contrato de mutuo acuerdo por incumplimiento por parte de la empresa, ésta se apresura a negociar unas condiciones hasta el 2027, cuando ya no es la empresa adjudicataria».

Para EH Bildu, la solución «no es seguir subcontratando este servicio a empresas cuya finalidad es solo lograr beneficios», sino «realizar una gestión directa como única garantía para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas a la plantilla».