El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra los líderes de Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Dief e Ismail Haniyeh.

Esta Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Tiene 124 miembros, entre los que no está Israel, que no reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.

«Sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023», señala el texto publicado por Khan.

Así, les acusa de «hacer morir de hambre a civiles como método de guerra», «causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud», «homicidio o asesinato internacional», «el exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición», «persecución» y «otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad».

Khan sostiene que «los crímenes de lesa humanidad se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado». Unos crímenes que, añade, «continúan hasta el día de hoy».

Asimismo, defiende que «Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana», mediante «un asedio total» sobre Gaza, cerrando los puntos fronterizos y «restringiendo arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas». Del mismo modo, recuerda los cortes en el suministro de agua y luz.

«Esto tuvo lugar junto con otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían cola para recibir comida; obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias; y ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones en Gaza», añade el fiscal.

La oficina de Khan sostiene que «estos actos se cometieron como parte de un plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para eliminar a Hamas, asegurar el regreso de los rehenes que Hamas ha secuestrado, y castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a quien percibían como una amenaza para Israel».

Desde el pasado 7 de octubre, Israel ha defendido su «derecho a la defensa». El fiscal del TPI ha sido contundente frente a ello: «Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el Derecho internacional humanitario. Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales».

«Libelo de sangre»

El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, ha tildado de «crimen de proporciones históricas» contra Israel la petición de este lunes del fiscal. «Establecer paralelismos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo despreciable y los líderes de una organización terrorista sedienta de sangre es una profunda distorsión de la justicia y una flagrante quiebra moral», ha señalado Gantz en un comunicado.

El ministro insiste en que Israel está respetando el derecho internacional en sus combates en Gaza y que Israel cuenta con un sistema judicial «independiente y robusto».

Otro oficial israelí ha tildado las peticiones del fiscal de «infundado libelo de sangre». Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, ha calificado de «escandalosa» esa medida y ha ordenado la creación «inmediata» de un comité especial «con todos los elementos profesionales» para luchar contra esa decisión que, a su juicio, «pretende atar las manos del Estado de Israel y negarle el derecho de autodefensa».

Katz ha considerado que ordenar detener a los cargos israelíes junto con «abominables monstruos» de Hamas es una «vergüenza histórica».

Líderes de Hamas

Junto a la detención de los dirigentes israelíes, el fiscal también solicita que se emita una orden de arresto contra Yahya Sinwar, Mohammed Dief e Ismail Haniyeh, líderes de Hamas, acusados de «exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, la toma de rehenes, violación y otros actos de violencia sexual, tortura, trato cruel y ultrajes a la dignidad personal en el contexto del cautiverio».

En la misma línea que las acusaciones contra Netanyahu y Gallant, el fiscal defiende que «los crímenes contra la humanidad acusados fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel por parte de Hamas y otros grupos armados de conformidad con políticas organizativas. Algunos de estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy».

Khan hace a los tres miembros de Hamas «penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles» el 7 de octubre de 2023. La oficina del fiscal añade que «hay motivos razonables» para creer que los rehenes tomados en Israel «han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida violación».

«Compara a la víctima con el verdugo»

Ante ello, Hamas tampoco se ha mostrado satisfecho con las peticiones de Khan, al entender que «compara a la víctima con el verdugo». Según la formación islamista la decisión del TPI viola «tratados y resoluciones internacionales que otorgaron al pueblo palestino y otros pueblos del mundo bajo ocupación el derecho a resistir la ocupación en cualquier forma, incluida la resistencia armada, como especifica el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas».

Asimismo, considera que las ordenes de detención contra Netanyahu y Gallant deberían haber llegado hace siete meses y ha pedido que el TPI emita más órdenes contra «todos los criminales de guerra, incluidos líderes de la ocupación, oficiales y soldados que participaron en esos crímenes».

La UE «toma nota»

Desde la Unión Europea, el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que ha «tomado nota» de la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. 

«Tomo nota de la decisión del fiscal de la TPI de solicitar órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI contra Yahia Sinwar, Mohamed Diab al Masri, Ismail Haniye, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant», ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha señalado que «el mandato del TPI, como institución internacional independiente, es procesar los crímenes más graves según el Derecho Internacional» y ha recordado que «todos los estados que han ratificado los estatutos de la Corte están obligados a ejecutar las decisiones del tribunal».