Israel respondió a la solicitud del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de dictar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, añadiendo más atrocidades a los delitos de los que les acusó, como «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencional» y «exterminio y/o asesinato».

«Francamente, nos faltan palabras para describir lo que está sucediendo en Gaza. Lo hemos descrito como una catástrofe, una pesadilla, un infierno en la tierra. Es todo eso, y peor», resumió Edem Wosornu, director de operaciones en Gaza de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Uno de los crímenes en los que se sigue cebando el Ejército israelí es el ataque a hospitales. En Yabalia, lleva dos días asediando el de Al-Awda, con 170 pacientes y personal atrapados, entre disparos de francotiradores e impacto cohetes.

En el Kamal Adwan, en Beit Lahia, pacientes, personal médico y gazatíes desplazados, entre ellos niños, se vieron obligados a abandonar el centro. Había unos 150 miembros del personal médico de diversas especialidades, decenas de pacientes y heridos en cuidados intensivos y cirugía, y varios bebés en incubadoras, según su director.

Sin embargo, al menos 15 personas no pudieron ser evacuadas, entre ellos dos mujeres que habían dado a luz recientemente y otras conectadas a máquinas.

Según el director del hospital Hosam Abu Sfiya, los tanques israelíes atacaron tanto la recepción como al departamento de emergencias. El centro dejó de estar operativo tras la agresión.

Las redes sociales difundieron imágenes del momento del ataque, así como de un grupo de personas intentando evacuar en camilla a un hombre entre calles en ruinas, o de pacientes huyendo con maletas y bolsas, entre ellos, un hombre con un bebé prematuro en brazos. 

En el centro del territorio palestino, los ataques aéreos tuvieron como objetivo el campamento de Al-Bureij y  en el sur, buques de guerra israelíes dispararon contra Jan Yunis.

De esta forma, el Ejército israelí añadió otros 85 muertos y 200 heridos a la lista de víctimas que en algo más de siete meses ha superado las 45.000 muertes –con varios miles desaparecidos bajo las ruinas–.

También en Rafah sigue adelante con su asalto, que  ha hecho huir a más de 810.000 personas, que ya eran desplazadas de otros lugares destruidos de la Franja. Los ataques y el avance de los tanques en esta ciudad obligaron a suspender la entrada de alimentos al impedir el acceso tanto al centro de distribución de la Unrwa como al almacén del Programa Mundial de Alimentos, ahondando en el uso del hambre como arma de guerra, otra de las denuncias por las que el fiscal del TPI ha pedido los arrestos. 

Desde que hace dos semanas Israel tomó el control del paso fronterizo de Rafah con Egipto en el lado palestino, la entrega de ayuda humanitaria prácticamente se ha paralizado. Al menos 1,1 millones de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a «niveles catastróficos de hambre» y tres cuartas partes de la población ya no tiene hogar.

Esta guerra del hambre se ve reforzada por la actuación de colonos israelíes que saquean los camiones antes de que lleguen a la Franja. El diario “The Guardian” reveló que policías y soldados israelíes colaboran con estos ataques al informar a los colonos de los planes y rutas de los convoyes de ayuda y, como difundió en un vídeo, al no hacer nada mientras los sionistas arrojan los alimentos al suelo.

Las matanzas también se extienden a Cisjordania. Ayer soldados israelíes mataron a siete palestinos –entre ellos un cirujano y dos menores de edad– e hirieron al menos a 25 en otra razzia del Ejército en el campo de refugiados de Yenin que duró doce horas.

Aliados contra el TPI

Pese a las muertes, el desplazamiento forzado, el hambre y los ataques a civiles y hospitales, el Ejecutivo de Israel pidió ayer el apoyo de las «naciones del mundo libre y civilizado» para que se opongan a la petición de la Fiscalía del TPI, y reclamó que «si se emiten órdenes de arresto, no sean aplicadas».

Varios aliados no tardaron en cuestionar la decisión del fiscal del tribunal, comenzando por EEUU y su presidente, Joe Biden, que ya el lunes sostuvo que la ofensiva israelí  «no puede considerarse un genocidio» y que «no se puede comparar» a Israel con Hamas, cuyos principales líderes también han sido objetivo de la solicitud de detención por parte de la Fiscalía.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, negó, además, que el Tribunal tenga jurisdicción sobre ninguna de las partes de este conflicto, incluido Hamas. «Creemos firmemente que Hamas debe rendir cuentas», afirmó Miller, que llegó a atribuir a Israel y al propio EEUU esta jurisdicción que niega al TPI.

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo, durante una sesión de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, que estaría dispuesto a sumarse a los republicanos para sacar adelante en el Congreso una propuesta que cuestiona la legitimidad del TPI.

Los republicanos han llegado a amenazar directamente a los miembros del TPI. EEUU ya cuenta con una ley que prohíbe colaborar con el tribunal, al que ha llegado a sancionar.

Cuando Blinken apenas había comenzado a intervenir, fue interrumpido al grito de «criminal de guerra» por una asistente que le reprochó tener las «manos manchadas de la sangre de 40.000 palestinos».

La UE se limitó a expresar su respeto y apoyo a la labor del TPI, pero los Gobiernos alemán, francés, italiano y polaco siguieron la estela de EEUU y arremetieron contra él considerando inaceptable que se pueda poner «al mismo nivel» a Hamas y al Ejecutivo israelí.

En cambio, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, celebró la petición del fiscal: «Es una decisión absolutamente lógica. De hecho, creo que han tardado demasiado tiempo en tomarla».

ASSOCIATED PRESS
Israel confiscó los equipos de la agencia  estadounidense Associated Press (AP), alegando una violación de la nueva ley de medios por proveer imágenes a la cadena Al-Jazeera, cuya retransmisión está censurada desde el 5 de mayo.