ERC afronta estos comicios tras unos malos resultados en Catalunya y sabiendo que se trata de una convocatoria de baja participación. ¿Pueden ser un revulsivo para poner en valor la coalición Ara Repúbliques?

Somos conscientes del contexto en el que nos encontramos, de ahí que hace tiempo vengamos hablando de Europa, cuya influencia sobre nuestras vidas no se conoce lo suficiente. Aunque el covid, el Brexit o la guerra de Ucrania nos han acercado a esta realidad, mucha gente ignora que el 60% de las políticas agrarias y del sector primario se adoptan en las instituciones comunitarias. Hemos de recordarlo más a menudo y explicar la tarea que desempeñamos.

Ahora hace cinco años empezó su andadura en Estrasburgo. ¿Qué balance hace?

Junto con Jordi Solé hemos conseguido incidir en gran cantidad de asuntos. En mi caso, como directora del Comité de Igualdad, he sido ponente de la Directiva contra las violencias machistas. Como coordinadora de Cultura y Educación, se ha aprobado un reglamento cuya finalidad es proteger la pluralidad informativa en las redes sociales y otros medios de comunicación. Y después he elaborado el informe destinado a garantizar un mayor acceso del ciudadano a las instituciones o, dentro del comité de Derechos y Libertades, hemos impulsado la Directa Anti-SLAPP, que evita la persecución a la que se ven sometidos periodistas, activistas climáticos y opositores políticos.

¿Era necesario articular estas medidas ante el actual retroceso de las libertades?

Sin duda, pues en algunos contextos no se puede informar de manera plural ni reivindicar un pensamiento que no sea el del statu quo. Cuando esto ocurre, la democracia se viene abajo, de ahí la necesidad de legislar para blindar estos derechos, por los cuales nuestros padres tanto lucharon.

¿Existe el peligro real de que en la actual tesitura se vayan perdiendo?

Solo hay que ver lo que ocurre en Polonia, dónde una mujer falleció al no practicársele el aborto que necesitaba para salvar la vida; o en Italia, dónde Meloni ha prohibido que las parejas homosexuales puedan reconocer a sus hijos. Del mismo modo que en el Estado español se utiliza el sistema Pegasus para arrasar con el derecho a la intimidad de centenares de personas. Una serie de vulneraciones que, en función del papel que vaya cogiendo la extrema derecha, se pueden agudizar.

¿La ultraderecha puede marcar la agenda los próximos años en la UE?

Por eso habrá que levantar cordones sanitarios. Pero también denunciar los partidos de centro que, en una dinámica de querer satisfacer las supuestas demandas de la población, asumen su relato. Es inadmisible, por ejemplo, que el PSOE o Junts hayan respaldado un Pacto Migratorio y de Asilo que pone precio al ser humano a la hora de ser acogido. Los socialistas lo han justificado abiertamente y, desde Junts, su candidata número 2 ha ido más allá, pidiendo que se seleccione a quién acoger.

¿Esto sitúa a Europa en un escenario muy preocupante?

El debate radica en si queremos que sea un espacio de libertades o, por el contrario, uno donde se conculquen derechos básicos. Y, por ahora, vemos que las injusticias y desigualdades se van acrecentando poco a poco. Lo decía recientemente la activista Angela Davis: «Europa imagina su futuro siendo blanca», lo que revela que nuestra sociedad es claramente racista. Ahora Repúblicas surge para revertir esta deriva reaccionaria.

Ligado a los derechos humanos, vemos que el actual modelo de crecimiento ha incrementado la precariedad laboral y, en el terreno ambiental, ha situado el planeta al borde del colapso climático. ¿Qué propone ante ello?

Planteamos una transición ecológica que sea equitativa y sostenible. Por eso sugerimos que el Pacto Verde incluya la vertiente social, pues no podemos dejar atrás a la mayoría de la población, a quien la derecha le exige que se responsabilice de colocar placas solares o cambiarse el coche cuando apenas puede llegar a fin de mes. Hemos de acompañar la transición con políticas justas para que toda la ciudadanía esté en condiciones de poder hacer el tránsito.

Otro de los focos es la crisis que padecen los agricultores. ¿Hay que modificar la actual legislación?

Es urgente, pues es inadmisible que el 80% de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) se las lleven las multinacionales, que representan el 20% de los agricultores. Como tampoco es de recibo que, en virtud de los acuerdos de libre comercio que establece la UE, los principales beneficiados sean las grandes compañías, en su mayoría de capital europeo, no así los pequeños y medianos productores. En ese ámbito proponemos las Cláusulas Espejo, pensadas para garantizar que las explotaciones en terceros países sean respetuosas con el medio y la salud y no conlleven el desplazamiento de las comunidades.

¿Con relación a la vivienda, ámbito en el que los Estados acaparan todas las competencias, qué margen tiene Europa para intervenir?

Se puede actuar para que el sector turístico y los fondos buitre vean limitada su capacidad, ya sea mediante medidas regulatorias en el ámbito del transporte o en el medioambiente, pues indirectamente están contribuyendo también a la especulación.

Desde Ara Repúbliques también criticáis la gestión de los fondos Next Generation. ¿No están bien repartidos?

Han de transferirse de forma justa para que recaigan en ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones arraigadas en los territorios. Así ocurre en Alemania, dónde las corporaciones audiovisuales de los länders reciben competencias para gestionarse de forma autónoma. En el Estado español esto se antoja imposible. Ya no por la situación política que atraviesa; la cultura dominante lo hace profundamente centralista.

¿Eso explica las dificultades para qué el catalán, el euskera y el gallego tengan carácter oficial en la Unión Europea?

No hay voluntad política. Nuestro exparlamentario Josep Maria Terricabras, fallecido hace pocas semanas, siempre decía que «Europa es un club de Estados, y gatos con gatos, acostumbran a no pelearse». Aún estamos en esas, de ahí que desde Ara Repúbliques pidamos una Europa federal y de los pueblos que responda a la suma de culturas y lenguas. No como sucede hoy, que es la suma de las voluntades lingüísticas de los estados miembros.

¿Es optimista al respecto?

En algún momento habrá que abrir la caja de pandora, pues muchas lenguas están en una situación de emergencia. Un primer paso sería que algunas políticas no vinieran fijadas por el Consejo de Europa, que reúne a los estados, sino por el Parlamento, en cuyo seno se refleja esta diversidad.

En el terreno de la autodeterminación, parece que Pedro Sánchez ha convencido a sus homólogos europeos de que el problema catalán se ha reconducido. ¿Qué estrategia plantean para poner el conflicto encima de la mesa?

Habrá que insistir en que la resolución está lejos de alcanzarse, pues quedan muchos juicios por celebrarse, de manera que la carpeta de la represión está abierta. Y, respecto al derecho a decidir, junto a decenas de eurodiputados más hemos constituido el grupo Caucus, que plantea una ley de claridad o de autodeterminación como instrumento democrático que valga para todos los estados miembros. Tarde o temprano, Europa tendrá que habilitar una fórmula para que Catalunya y el resto de naciones podamos decidir nuestro futuro político. Las fronteras de Europa siempre se han movido y lo continuarán haciendo.