El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este martes una nueva orden ejecutiva que busca limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera con México, que ha llegado a ser calificada como la ruta migratoria terrestre más peligrosa.

Aunque no es la primera vez que el Gobierno demócrata impone restricciones para disuadir la migración, esta es la acción más drástica que Biden ha tomado en su Presidencia y recoge el espíritu de medidas usadas por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Nada más firmar la orden, Biden ha subrayado que nunca ha «demonizado» a los migrantes, a diferencia de su predecesor, y ha defendido la medida. «Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos, y construiremos una relación fuerte», ha añadido.

¿Cómo funcionarán estas restricciones?

Las medidas restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur; se activarán cuando el número de cruces irregulares supere una cifra concreta y se pausarán cuando disminuyan.

Cuando entren en vigor, las medidas permiten que las autoridades deporten a los países de origen o expulsen a México a las personas que crucen de manera irregular, a menos que prueben bajo unos estándares más estrictos que pueden ser perseguidas o torturadas si son expulsadas.

En concreto, las restricciones se activarán cuando se supere un promedio de 2.500 cruces irregulares diarios en la frontera por un periodo de siete días.

Los cruces diarios ya están por encima esa cifra, por lo que entrará en vigor «de inmediato», según han informado funcionarios estadounidenses en una llamada con reporteros.

La única manera de que se levanten las restricciones es que el número de detenciones baje a un promedio de 1.500 diarios durante 14 días.

Esta reducción es complicada de alcanzar, ya que una cifra tan baja de detenciones no se ha reportado desde julio de 2020, en plena pandemia.

Para poder solicitar asilo en EEUU cuando la restricción esté en vigor, una persona tiene que probar que existe una «probabilidad razonable» de que será perseguida o torturada si es enviada de vuelta su país de origen.

Según expertos legales citados por Efe, este estándar es mucho más elevado que el actual y requiere que las personas presenten más pruebas ante las autoridades migratorias en la frontera, que son filtro inicial para iniciar un caso de asilo en EEUU.

La orden, sin embargo, contempla excepciones y no aplica a los menores no acompañados ni a las personas que pueden demostrar una emergencia médica grave, riesgo inminente a su vida o seguridad o que sean víctimas de tráfico humano.

¿Cuál es la base legal?

La orden se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que otorga al presidente estadounidense la autoridad de prohibir la entrada a ciertos migrantes mediante decreto si se considera que su ingreso sería «perjudicial» para el interés nacional.

Trump invocó este artículo en varias ocasiones durante su mandato, incluyendo para prohibir la entrada de personas de países de mayoría musulmana.

El Gobierno republicano recibió múltiples demandas por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos por el uso de este artículo.

Funcionarios de la Casa Blanca han indicado que están «preparados» para cualquier disputa legal.

De hecho, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) ha anunciado este mismo martes que buscará tumbar en los tribunales la orden ejecutiva.

En un comunicado, la ACLU ha dado cuenta de su «intención de impugnar esta orden ante los tribunales». «Era ilegal cuando Trump lo hizo y no es menos ilegal ahora», ha dicho Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, uno de los abogados que ha liderado varias batallas legales contra el Ejecutivo estadounidense y que logró que se revocaran las medidas del Gobierno republicano.

¿Qué efecto real tendrá en la frontera?

Desde que en mayo de 2023 se levantó Título 42, una restricción que entró en vigor en la pandemia y permitía las expulsiones el caliente de migrantes a México, el Gobierno de Biden ha puesto en marcha varias medidas para limitar quién puede pedir asilo en EEUU y deportar a un mayor número de personas.

Sin embargo, el efecto real que han tenido se ve limitado porque Estados Unidos no tiene la capacidad para revisar rápidamente las solicitudes ni para deportar o detener a todas las personas que llegan a la frontera, según expertos consultados por Efe.

EEUU tiene actualmente un acuerdo con México para devolver a unos 30.000 migrantes al mes, pero solo los provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

«Simplemente, no hay tantos aviones» para llevar a cabo deportaciones, ha señalado Adam Isaacson, experto de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Lo que ha estado pasando hasta ahora es que las autoridades de EEUU permiten a esas personas entrar en el país mientras se procesa su solicitud de asilo en una corte.

Y así, pasan años hasta que tienen oportunidad de presentarse hasta un juez y saber cuál será su futuro, detalla Aaron Reichlin-Melnick, analista del American Immigration Council.