La Plataforma Vivienda Pública Rural ha denunciado este martes en una sesión de trabajo en el Parlamento navarro diversos problemas relacionados con los hogares arrendados en zonas rurales a través de la empresa pública Nasuvinsa.

Los representantes de la plataforma que engloba a personas que viven en régimen de alquiler público en zonas rurales han explicado que «entramos a vivir en estas viviendas con expectativas diversas, con el deseo de permanecer en nuestros pueblos o mudarnos a zonas rurales pero nuestra alegría fue breve».

«Las vecinas de Espinal, por ejemplo, pasamos los primeros meses de invierno sin calefacción; los de Ujué con cortes continuos de luz, calefacción y agua caliente; las vecinas de Bera con inundaciones en los trasteros, así como moho y humedades en los pasillos del edificio; y los vecinos de Garralda, sin trazado para red de Internet y agua caliente», han relatado.

Reuniones sin respuesta

Los portavoces han protestado porque el 19 de abril de 2024 se llevó a cabo la reunión «donde se discutieron las necesidades y cambios prioritarios para mejorar nuestras condiciones de vida en las viviendas y, aunque se prometió una respuesta en un mes, hasta la fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta ni fecha para la próxima reunión».

Asimismo, han denunciado que «el precio del alquiler en zonas rurales de Navarra es problemático; las viviendas protegidas a menudo cuestan más que las privadas, duplicando en algunos casos el precio medio de alquiler».

«Esto afecta al mercado residencial y puede llevar a que las propiedades se cataloguen como tensionadas en la página web de Navarra, donde se especifica que las viviendas protegidas deben tener un precio de alquiler inferior al mercado libre», han recordado.

La plataforma ha pedido cambios «prioritarios e inmediatos», como la libre elección del administrador de fincas, la mejora del sistema de aerotermia y la revisión de las leyes de adjudicación y edificación en el medio rural.

Carencias de la ley

Sobre la Ley Foral de Derecho a la Vivienda, los representantes han lamentado que «no aborda las necesidades específicas de quienes viven en zonas rurales de Navarra, donde los costos y las condiciones de vida difieren de los de Pamplona».

En concreto, «la disposición 24 de la ley establece un límite de 5.000 habitantes para subvencionar la adquisición de vivienda usada», han comentado.

Por eso, han instado al Departamento de Vivienda a «analizar la situación de los alquileres en Navarra, considerando la disparidad de precios entre Pamplona y las zonas rurales, y a modificar la Ley Foral en consecuencia».

También han propuesto «modificar el código de buenas prácticas para el arrendamiento de viviendas protegidas, asegurando derechos y obligaciones transparentes para los inquilinos, en línea con la normativa vigente de transparencia y protección al consumidor».

En ese sentido, han señalado que «hay puntos no se están cumpliendo como deberían», entre los que han situado «la entrega de viviendas en condiciones habitables, la posibilidad de participación vecinal y el sistema de reclamaciones y quejas, con un plazo de respuesta de un mes».

Desde la plataforma denuncian «situaciones como entrar en viviendas sin la debida adjudicación, falta de respuesta a instancias y reclamaciones, firmas de contratos sin inspeccionar la vivienda y desalojos tras denuncias, lo que genera una sensación de indefensión y la falta de legislación que regule estas prácticas».

Propuestas

Por eso, han propuesto una serie de medidas concretas para incluir en el código de buenas prácticas, como la asignación de una trabajadora social al entregar una vivienda, con una suplente designada en ausencia; establecer plazos de respuesta a reclamaciones, diferenciando entre urgentes y no urgentes; garantizar un servicio de urgencias disponible los fines de semana y durante vacaciones.

Asimismo, reclaman llevar a cabo reuniones sobre asuntos locales en los pueblos o sedes regionales, no solo en Iruñea, y proporcionar acceso claro a los departamentos responsables de cada tema, con números de teléfono y correos electrónicos correspondientes, eliminando los departamentos aislados.

Por último, abogan por realizar una inspección previa a la entrega de viviendas para detectar desperfectos, con seguimiento por parte del departamento de adjudicaciones, y prohibir la firma de contratos y el pago de fianzas sin inspeccionar la vivienda