El Boletín Oficial del Estado español (BOE) publica este martes la conocida como Ley de Amnistía «para la normalización institucional, política y social» en Catalunya. Con este trámite la norma ya ha entrado en vigor.

La medida, que el Congreso de Madrid respaldó en el Pleno del pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

Una vez publicada la ley, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la Justicia europea. También se abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad, y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

Una de las cuestiones más candentes es el regreso de los exiliados, en especial el del expresident Carles Puigdemont. Para ello, el juez Pablo Llarena debe dejar sin efecto la orden de detención que pesa sobre él.

Por ahora, el magistrado del Supremo ha indicado que mantiene vigente y activa dicha orden, y ha dado cinco días a las partes –Fiscalía y defensa– para que se pronuncien sobre cómo se debería aplicar la nueva norma tanto en este caso como en el de otros exiliados.

Fecha tope, el 25 de junio

Puigdemont, cabeza de lista por Junts en los pasados comicios autonómicos, anunció su intención de estar presente en el pleno de investidura, previsto para finales de este mes, pero solo restan un par de semanas –la fecha tope es el 25 de junio– y se antoja complicado que Llarena haya resuelto para entonces.

Junts se hizo ayer con la presidencia del Parlament, merced a un acuerdo con ERC y la CUP que pone en el cargo al exconsejero Josep Rull, encarcelado a raíz del 1-O.

El secretario general de esta formación, Jordi Turull, ha augurado que «comienza una nueva batalla que en un Estado social y democrático de derecho de verdad no haría falta» porque «el Estado español y su cúpula patriótica-político-judicial nos  demuestra cada día que eso de aplicar la ley no será sencillo».

ERC presenta sus peticiones

Las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC por el ‘procés’ han presentado hoy mismo sus peticiones formales para reclamar que se les aplique esta ley, según ha informado la formación republicana.

Entre los encausados que piden la amnistía figuran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros.

Al igual que Llarena, otras salas que juzgaron a líderes independentistas han solicitado a las partes que se pronuncien. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado diez días para que le remitan los informes en relación a cinco de las causas que tiene en sus manos.

Se trata de la causa por malversación por los preparativos del 1-O, que afecta a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y está pendiente de juicio, así como las condenas por desobediencia a Artur Mas, a Quim Torra, así como al exalcalde y exconseller de ERC Bernat Solé y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà.