A petición de EH Bildu, la diputada foral de Cultura, Leixuri Arrizabalaga, ha comparecido este miércoles para dar explicaciones sobre los sobrecostes de la ampliación y reforma del Museo Vasco de Bilbo. Este proyecto estaba presupuestado en 15 millones, y hace unas semanas se supo que se va a incrementar hasta los 21 millones, un 40% más que pagarán la Diputación vizcaina y el Ayuntamiento bilbaino.

Siguiendo los argumentos de la UTE formada por Viuda de Sáinz, Teusa y Urbelan que está ejecutando la obra, la diputada foral ha justificado los sobrecostes en «diferentes cuestiones técnicas imprevistas en el momento de ejecutar la obra» y el alza de precios y tipos de interés.

El museo se cerró al público el 11 de octubre de 2020 y unos dos años después comenzaron las obras. Según ha asegurado este miércoles Arrizabalaga, la dirección de la obra supervisaba todas las semanas los avances de la misma.

Ya en julio de 2023 la UTE presentó un documento que «recoge la imposibilidad de materializar el proyecto de ejecución», y durante los próximos meses se estudió el cambio de proyecto. En septiembre, el director facultativo emitió un informe para tramitar cambios en las obras del proyecto inicial. En diciembre se presentó el cambio de proyecto y en marzo de 2024 se solicitó el cambio de presupuesto.

Según ha explicado la diputada, entre los factores que han conllevado los sobrecostes, se encuentran el incremento de obras por la necesidad de mejorar, con nuevos cimientos y micropilotes, la estructura de los distintos edificios que conforman el museo (Misericordia, Unamuno y La Cruz). Además, se han tenido que elaborar estudios geotécnicos complementarios y buscar una solución para retirar el amianto encontrado.

El aumento de presupuesto fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbo el 30 de mayo, pero en el caso de la Diputación, este incremento fue aprobado el 9 de mayo en el Consejo de Gobierno, sin contar con la oposición, que se ha quejado por la falta de transparencia.

Quejas de la oposición

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos y PP han coincidido en señalar una importante falta de previsión a la hora de valorar e iniciar el proyecto, y han dejado caer que habría que depurar responsabilidades.

«Sabiendo que se estaba reformando un edificio del siglo XVII, ¿no se podría prever esas dificultades en las obras? Estamos empezando a acostumbrarnos a aceptar sin más los enormes sobrecostes de las obras y no debería ser así, las administraciones necesitan una mirada más crítica, sabiendo además que este dinero sale de los ciudadanos», ha señalado Rakel Goñi, de EH Bildu.

En la misma línea, Richar Vaquero, de Elkarrekin Podemos, ha calificado lo ocurrido como una «previsión inicial fallida» y ha indicado que los responsables de ello tendrían que rendir cuentas.

También Raquel González, del PP, ha exigido responsabilidades y se ha preguntado «por qué, si la obra se supervisaba cada semana, se tardaron meses en informar de las nuevas dificultades y sus consiguientes sobrecostes».

La diputada se ha escudado en las dificultades del proyecto «al tratarse de varios edificios antiguos y enclavados en una zona estrecha» y ha confiado en que con el desarrollo de las obras no se tengan que producir modificaciones posteriores y que la obra se pueda entregar en los plazos previstos, en verano de 2025.