El Ayuntamiento de Donostia prepara un informe en el que expondrá sus argumentos para que la franja no edificable en los terrenos de los cuarteles de Loiola se mantenga en veinte metros desde la orilla –como está actualmente– y no se amplíe hasta los 100 metros que contempla la Ley de Costas de 1988, lo cual limitaría el proyecto para la construcción de entre 1.500 y 1.700 viviendas.

Ha sido el rotativo ‘Noticias de Gipuzkoa’ el que ha hecho saltar la liebre este jueves, al indicar que las instalaciones militares estaban bajo un régimen especial por motivos de «defensa nacional», pero una vez que desaparece esta excepcionalidad, con la venta de los terrenos al municipio, la dirección de Costas –dependiente del Ministerio español para la Transición Ecológica– entiende que la servidumbre de protección ha de aumentarse, aunque ha pedido al Ayuntamiento que justifique su postura.  

La normativa se aplica no solo a la orilla del mar, sino que se extiende aguas adentro en los ríos, hasta el punto al que llega la acción de las mareas, y protege espacios que no estuvieran considerados como suelo urbano antes de aprobarse la ley. Fuera de eso, como norma general solo se permiten instalaciones deportivas al aire libre (para practicar remo, por ejemplo), equipamientos y servicios para usuarios de la costa (como vestuarios para bañistas) u «otros usos y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación diferente» Un caso sonado de incumplimiento es el del Hotel Algarrobico, en el parque natural del cabo de Gata, en Almería.

Fuentes municipales han indicado a NAIZ que entienden que los cuarteles son suelo urbano. «Estamos elaborando un informe que lo justifique y permita mantener los 20 metros, que es además lo que nos han pedido que hagamos», han declarado fuentes cercanas el Gobierno local.

Edificios protegidos

Las mismas fuentes apuntan que en esa franja de 100 metros están los dos edificios que deben ser protegidos, según la sentencia emitida en 2022 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, atendiendo parcialmente un recurso presentado por Vox.

También presentarán sendos informes la Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ministerio de Defensa, y a partir de ahí habrá que esperar la resolución definitiva. El Consistorio ha emitido posteriormente una nota en la que explicaba que se encuentra «en contacto permanente con el Ministerio de Defensa, desde el cual se ha transmitido la convicción de que este requisito se solucionará, de modo que la operación culmine de forma satisfactoria».

El proyecto para convertir los terrenos de los cuarteles en un nuevo barrio residencial es uno de los objetos de deseo de prácticamente todo el arco político donostiarra desde hace décadas. Tras años de infructuosos intentos, finalmente en diciembre se suscribió la compraventa, con un precio de 73 millones de euros.

El Ayuntamiento ha puntualizado que la operación se realizó con una valoración del suelo que tenía en cuenta el actual linde de protección de 20 metros, dejando entrever que si las condiciones cambian habría que revisar toda la operación.

Tenis de Ondarreta y Guggenheim Urdaibai

Para reducir el riesgo de inundaciones, en febrero se presentó un convenio de colaboración con URA para ensanchar el cauce del Urumea y construir una berma, un espacio llano por debajo de su cota actual susceptible de ser cubierto por el agua en caso de aumentar el caudal. Ello implicará la sustitución del puente de Urdinzu, que une Loiola directamente con los cuarteles, y la edificación de un nuevo puente cerca de la curva hacia Txomin Enea.

Esta de Loiola no es la única aplicación de la Ley de Costas que genera discrepancias en la capital guipuzcoana. En 2018 venció la concesión del Club de Tenis de Ondarreta, fundado en 1904, y hasta la fecha se ha desestimado la petición de prórroga, pese a los esfuerzos del Ayuntamiento por mantener esta instalación deportivo en el mismo lugar.

Más reciente es el caso del proyecto para construir un museo Guggenheim en la ría de Urdaibai. El PNV logró que el Gobierno español rebajara la franja de protección en los terrenos de Astilleros Murueta de 100 a 20 metros, pero las plataformas Guggenheim Urdaibai Stop y Zain Dezagun Urdaibai presentaron en enero sendos recursos en la Audiencia Nacional contra esta decisión.