La diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha comparecido este jueves en comisión ante las Juntas Generales de Bizkaia para dar a conocer a grandes rasgos el proyecto de Norma Foral que incorpora el Plan Integral de Prevención y Gestión de Residuos de Competencia Local (PIPGRB 2030). Su reto es «minorizar el residuo generado, maximizar las tasas de reutilización y reciclaje, y establecer un sistema de gestión que permita una óptima operativa», que no convence a la primera fuerza de la oposición, que lo tacha de «continuista». Para EH Bildu, el Gobierno de Elixabete Etxanobe «pretende mantener el actual ‘status quo’» y su plan peca de «voluntarismo».

Una solicitud de información por parte de EH Bildu ha servido para conocer más detalles del PIPGRB 2030, aprobado el 14 de marzo pasado por el Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia, y que se encuentra en fase de alegaciones, para luego seguir el trámite de la norma en la Cámara foral. Este documento tiene sus antecedentes en el plan de 2005, que puso en el centro del sistema a la incineradora de Zabalgarbi, que se renovó en 2016 y lleva desde entonces en vigor.

Atutxa ha manifestado que el objetivo es reducir la generación de residuos a cerca de 522 kilos por habitante y año para 2030, algo inferior a los 526 de 2001, cuando las anteriores políticas implementadas por la Diputación llevaron en 2021 a que se registraran 553 kilos por habitante y año. Para 2025, se apunta a una reducción del 13% respecto a los registros de 2010, con una generación máxima de residuos de cerca de 534 kilos por habitante y año.

Otras metas

Otras metas que se persiguen, según ha expuesto la responsable foral, es la reducción de un 20% con respecto a 2019 en la generación de residuos de envases ligeros; mejorar la tasa de preparación para la reutilización en un 20%; asegurar la cobertura del 100% de la recogida selectiva de los residuos peligrosos del hogar, de textiles, de aceites de cocina, de voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y recogida separada de biorresiduos en los municipios; reducir el porcentaje de los residuos valorizados energéticamente a cerca de un 20% y la tasa de vertido de residuos municipales (tratados y sin tratar) en un 2,49%.

Para el juntero de EH Bildu Raúl Mendez, este plan es «voluntarista, conformista y continuista». «No incluye grandes cambios con respecto al actual —prorrogado durante 8 años ni en objetivos ni en medios».

«La tasa de generación, la ratio habitante/kg de residuo en 2005 es prácticamente la misma que en 2020. Y ustedes están trabajando con esos datos y luego una evolución a 2025 y a 2030», ha dicho preocupado. Ha pedido a la diputada que hagan autocrítica por los escasos resultados obtenidos en la fracción orgánica y ha reclamado una comisión de seguimiento.

Atutxa, más tarde, ha asegurado que han hecho autocrítica y que siguen trabajando para mejorar en el tratamiento del residuo orgánico, citando el avance en el compostaje. Respecto a la fiscalización, ha dicho que es responsabilidad del Consejo de Sostenibilidad, aunque ha apostillado que se convocará «cuando se estime oportuno».

Adoptar nuevas medidas

Méndez ha preguntado por qué no se avanza en políticas que graven la generación de residuos y bonifiquen a quienes la disminuyan, la recogida selectiva puerta a puerta, o relacionadas con el retorno de envases «para que se den incentivos al que lo hace bien y penalizaciones a los que lo hacen mal». «Estamos a tiempo de ser pioneros, de ser vanguardia como ustedes dicen que quieren ser, o de quedarnos los últimos de la fila», les ha emplazado.

La diputada ha negado que sea un plan «conformista» pero ha incidido en el papel que debe jugar la propia ciudadanía para garantizar su éxito. Para EH Bildu no es suficiente. Ha sostenido que no se puede cargar en los ayuntamientos la responsabilidad en la implementación y que la Administración foral tienen que liderar la adopción, por ejemplo, de medidas fiscales.

Arantza Atutxa ha defendido el proceso de participación abierto para elaborar el plan, citando los once encuentros comarcales en los que se implicaron 97 ayuntamientos y 9 mancomunidades, que cubren el 87% de la población de Bizkaia. Se recibieron 492 aportaciones, de las que 169 eran diferentes. Ha dicho estar seguro de que en el trámite parlamentario se mejorará el plan.

Méndez ha solicitado que se promueva un verdadero proceso de participación, que en la primera fase de la elaboración del plan ha sido deficiente.

Ante las críticas de que «se ha tardado más de lo deseado», que reconocen PNV y PSE, el portavoz jeltzale Jesús Lekerikabeaskoa lo ha achacado al proceso de participación abierto.