El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha comparecido este lunes a instancias de EH Bildu para aclarar los términos del acuerdo para la compraventa de los cuarteles de Loiola a raíz de las noticias recientes, que señalan que la dirección de Costas aboga por una franja de protección no edificable de 100 metros desde la orilla del río, afectando con ello al proyecto de nuevo barrio previsto para el espacio.

Goia se ha mostrado convencido de que Costas aceptará que la franja se establezca a los 20 metros, pero EH Bildu le ha pedido «garantías» ya que ello limitaría el proyecto para la construcción de entre 1.500 y 1.700 viviendas.

La coalición considera que el acuerdo entre el Consistorio y el Ministerio español de Defensa, firmado en diciembre de 2023, es «manifiestamente mejorable» y ha subrayado que «es mejor para el Ministerio de Defensa y no lo es tanto para el Ayuntamiento de Donostia».

Las instalaciones militares estaban bajo un régimen especial por motivos de «defensa nacional», pero una vez que desaparece esta excepcionalidad, con la venta de los terrenos al municipio, la dirección de Costas –dependiente del Ministerio español para la Transición Ecológica– entiende que la servidumbre de protección ha de aumentarse hasta los 100 metros. «Tenemos muy claro que son 20 metros. Desde 1962 al menos este terreno es urbano. Falta cumplimentar ese trámite ante costas. Espero que se lo antes posible», ha añadido Goia.

Para Goia, según lo expuesto en su comparecencia, se trata de «un trámite administrativo», con «cierta complejidad para explicarlo, pero sencillo». Por ello, ha asegurado que el equipo de Gobierno está «tranquilo». «Espero que a lo largo de este verano podamos proceder a la firma de escrituras en los términos acordados», ha añadido.

Asi, ha asegurado que la única modificación se dé en los plazos «y de forma no muy amplia». En este sentido, EH Bildu, ha recordado que «mañana, día 18 de junio, expira el plazo para el otorgamiento y pago de las escrituras por un valor de 64.447.000 euros aproximadamente, aunque parece ser que se aplicará la prórroga prevista de dos meses».

En una comparecencia ofrecida esta mañana por Juan Karlos Izagirre y Ricardo Burutaran, respondiendo a la afirmación del alcalde de que la planificación corresponde al Ayuntamiento, EH Bildu ha subrayado que el acuerdo «recoge la edificabilidad y el porcentaje de vivienda pública protegida». «En dicho acuerdo se menciona que si lo edificado es inferior a lo previsto, el precio total no varía; sin embargo, si se edificara más de lo previsto, aumentando el aprovechamiento, la cantidad a abonar al Ministerio de Defensa, aumentaría».

Por ello, Izagirre ha insistido en que «es evidente» que el acuerdo beneficia a Defensa. «Incluso si se diera el caso de una sentencia firme que anulara la planificación, el Ayuntamiento de Donostia no recuperaría la cantidad abonada, 73 millones de euros en total».

En palabras de Burutaran, cabe recordar que «el acuerdo se limita al mínimo legal de vivienda pública protegida». Frente a ello, EH Bildu ha criticado este porcentaje en diversas ocasiones, «tanto por insuficiente, teniendo en cuenta además de que hablamos de un terreno de propiedad pública; como por el hecho de que mayor porcentaje de vivienda publica suponía un menor precio en la operación de compraventa».