El acuerdo entre el Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio español de Defensa para la compraventa de los cuarteles de Loiola y otros terrenos contempla que se deberán reservar un máximo de 58 viviendas de alquiler social para las familias que residen en los actuales bloques de pisos ubicados en la parte trasera, la que da a la carretera que asciende al parque de Ametzagaina y al albergue de Uba.

Según se recoge en el acuerdo suscrito el pasado 18 de diciembre en Madrid, al que ha tenido acceso NAIZ, dichos bloques «albergan 78 viviendas y 2 locales comerciales», pero en el momento de la firma solo estaban ocupadas 58, y son sus moradores a los que el Ayuntamiento tendrá que reubicar. «Son pisos de alquiler de renta antigua. Hay militares, pero también personas que no lo son, que son descendientes de militares que han vivido ahí desde siempre», ha explicado a este medio un antiguo soldado que estuvo acuartelado en Loiola.

Estas familias tendrán derecho, según el documento, a «una nueva vivienda en este ámbito urbanístico y, preferentemente, en un mismo edificio de nueva construcción». Hasta que no puedan entrar a vivir en su nuevo hogar permanecerán en el actual. El proyecto contempla entre 1.500 y 1.700 viviendas, de las cuales el 60% irán al mercado libre y el 40% serán de protección pública, una mitad tasada y la otra mitad social. Tomando como referencia la cifra de 1.500 viviendas, el 20% de vivienda social supone 300 viviendas, de las cuales casi la quinta parte estaría ya adjudicada.  

Seguirá la residencia militar

Además existe un edificio, denominado residencia militar General González Vallés –exgobernador militar de Gipuzkoa, muerto en atentado de ETA en 1979– y que está ubicada en el lado sur, con acceso nada más cruzar el puente de Txomin Enea, que seguirá en manos del Ministerio de Defensa. En este espacio se alojan principalmente los mandos de Loiola y militares que se encuentran en comisión de servicio, realizando alguna tarea puntual en Donostia.

Para estos usuarios el Ayuntamiento se ha comprometido a entregar «en propiedad 50 plazas de garaje para turismos, con destino al uso exclusivo de su personal y residentes en aparcamiento subterráneo en la instalación más cercana», valoradas en 1.084.207 euros.  

Por ello, aunque genéricamente se habla de «los cuarteles de Loiola» la operación se divide en varias zonas y fases. Porque también entran en la misma varias parceles «rústicas» y «no urbanizables» ubicadas en el monte Ulia, que pertenecen al Ejército y que pasarán a manos municipales, identificadas en el documento como «Monte Redondo, Punta Atalaya, Punta Atalaya Bis, Fuerte Almirante y Faro de Plata».   

Dos meses de prórroga

El acuerdo contempla un precio total de 73.323.373 euros, de los cuales se abonaron en el momento de la firma 5.000.000 en concepto de fianza. Hoy, cuando se cumplían justo seis meses, el Ayuntamiento tenía que abonar 64.447.697 euros, por la zona del cuartel y por las parcelas de Ulia. Sin embargo, se ha ejecutado la cláusula que permitía una prórroga de dos meses, hasta el 18 de agosto, debido a las dudas surgidas en torno a los límites de edificabilidad impuestos por la Ley de Costas.

Quedarían pendientes 3.875.675 euros, correspondientes a las parcelas de las viviendas, cuyas escrituras cambiarán de manos en junio de 2028, salvo que el traslado de sus actuales inquilinos a sus nuevos pisos se produzca antes.  

Eneko Goia ha comparecido este martes para confirmar que retrasa el pago, remarcando que «el Ayuntamiento necesita tener la seguridad» de que la franja de protección del río Urumea será de 20 metros y no de 100, como contempla la Dirección de Costas.

«El valor sería muy distinto»

«No tiene ninguna lógica que el Ayuntamiento proceda a la adquisición de un bien cuya valoración se ha hecho considerando que la franja de servidumbre de Costas es de 20 metros y no de 100, porque el valor sería muy distinto», ha subrayado el alcalde.

De hecho, el acuerdo contempla que si se construye más de lo previsto y el Ayuntamiento aumenta sus plusvalías, tendrá que abonar más dinero al Ministerio de Defensa, pero si se construye menos Defensa no devolverá nada, tal y como advirtió ayer EH Bildu.

Goia ha destacado que «por lo menos desde 1962» esa zona es «ámbito urbano», y así se ha recogido en las alegaciones presentadas. «La respuesta normal y lógica va a ser, efectivamente, establecer la franja en 20 metros de servidumbre», ha augurado.