Se acaban de cumplir seis meses desde que Javier Milei llegara al Gobierno en Argentina. Un periodo suficiente para hacer un pequeño balance de su gestión, sobre todo de su programa de ajuste, la famosa terapia de choque, que tanto gusta a los extremistas del mercado.

Aunque todavía no ha logrado aprobar ninguna ley, el Gobierno de Milei sí ha tomado medidas para implementar su plan económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la primera: la devaluación del peso, que paso de cambiarse a 366 pesos por dólar a 800, es decir, perdió más de la mitad de su valor. Uno de los principales efectos de la devaluación de la moneda propia es que encarece las importaciones y hace más atractivo a los exportadores vender en el extranjero, lo que, en teoría, debería aumentar la reserva de divisas, clave para hacer frente a la enorme deuda externa argentina.

Entre diciembre y abril, la balanza comercial de Argentina ha conseguido un superávit de 7.200 millones de dólares, sobre todo, gracias a una caída de las importaciones; si la gente no tiene para gastar, las compras en el exterior caerán. En este caso, el superávit también se ha debido a un aumento de las exportaciones de productos agrícolas que se han recuperado de la sequía del año pasado.

Si en la cuenta con el exterior todo es ahorro, es de suponer que las reservas de divisas crezcan. Argentina ha pasado de un déficit de 11.200 millones de dólares a un superávit de 300 millones. Poca cosa. Incluso el FMI considera que no es suficiente y requiere una «mejora sostenida».

La inflación

La devaluación también tiene un efecto inmediato en los precios: todo se encarece. La inflación en diciembre con respecto a noviembre era del 25% mensual. En abril había bajado hasta el 8,8% mensual, básicamente porque la gente ya no tiene dinero para gastar. El informe del FMI sobre la marcha de las reformas señala que las ventas reales en los supermercados han caído nada menos que un 10% entre noviembre y marzo. La razón es que los salarios no han subido al ritmo de los precios y han perdido un 17% de poder adquisitivo, según recoge el informe. El FMI subraya como un logro que el empleo se haya mantenido. Tampoco es para tanto: si los salarios se devalúan mucho, las empresas no tiene prisa por despedir.

El segundo paso ha sido el ajuste fiscal que el Gobierno pretendía que fuera del 5% del PIB: un 3% de ahorro en el gasto público y un aumento de ingresos de 2% del PIB. Una barbaridad. En el lado de los ingresos, el principal cambio ha sido la unificación y el aumento del impuesto PAIS a las importaciones hasta el 17,5%. El resto de medidas necesitaban del visto bueno parlamentario y no lo consiguieron. De modo que los recortes se han centrado en el gasto del Estado: suspensión de la publicidad en los medios de comunicación, no renovación de contratos de menos de un año, reducción de ministerios, etc. No obstante, algunos economistas señalan que el 50% del ahorro se ha debido a dos partidas: reducción de la obra pública y a la no actualización de las pensiones.

El porcentaje de población en situación de pobreza ha subido del 44,7% al 55,5%. La indigencia también ha aumentado, pasando del 9,6% al 17,5%

El mazazo a las pensiones ha sido tremendo. Si los trabajadores han perdido alrededor del 17% del salario, las pensiones mínimas han perdido del orden del 21,7% en apenas cinco meses. Las dos principales patas de la terapia de choque de Milei han golpeado despiadadamente a las clases más humildes. La Universidad Católica de Argentina (UCA) estima que entre el tercer trimestre del año pasado y el primero de 2024 el porcentaje de población en situación de pobreza ha subido del 44,7% al 55,5%. La indigencia también ha aumentado, pasando del 9,6% al 17,5%. Unos datos que el informe del FMI obvia.

La actividad económica

Si el alza del coste de la vida ha llevado a más de la mitad de la población a una situación de pobreza, el mazazo a la actividad económica no ha sido menor. En diciembre, la caída de la producción era del 1,9% y, en marzo, era ya del 3%. La predicción es que el año termine con un retroceso del 3,5%. La actividad ha caído especialmente en la construcción, seguramente por el recorte en las inversiones del Estado, pero también porque en una coyuntura incierta las inversiones en general se desploman.

En diciembre, la caída de la producción era del 1,9% y, en marzo, era ya del 3%. La predicción es que el año termine con un retroceso del 3,5%

El informe del FMI añade el sector manufacturero y el comercio al por menor como otras ramas de actividad que también se han desplomado. Por el lado de la demanda, el consumo privado ha caído considerablemente. Si al alza de los precios, se suma la bajada de las pensiones y la congelación de los salarios, lo extraordinario hubiera sido que hubiera ocurrido lo contrario.

Los siguientes pasos

Hace unos días, el Senado aprobó la Ley de Bases con el voto de calidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ahora volverá al Congreso. Es una versión reducida de la famosa Ley Ómnibus que presentó Milei al principio de su mandato. Contiene cuatro cambios fundamentales. El primero es que delega facultades legislativas al presidente durante un año, aunque tuvo que ceder en algunos temas, como no intervenir ni disolver 15 organismos públicos, entre los que está el Banco Nacional de Datos Genéticos que guarda la información de las personas desaparecidas durante la dictadura.

El segundo cambio establece un Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) que prevé incentivos a inversiones superiores a 200 millones de dólares en energía, el agro o la minería. Una medida criticada porque discrimina a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Cristina Fernández dijo que responde a una «economía extractivista sin valor agregado», y que instaura un «colonialismo, versión siglo XXI». Este es un apartado clave en la estrategia del Gobierno, ya que con una economía en caída libre es imprescindible atraer inversiones que puedan al menos maquillar las cuentas.

El tercer apartado es la privatización. Las 40 empresas de la primera propuesta se han quedado reducidas a dos: Intercargo que gestiona aeropuertos y Energía Argentina SA (Enarsa) que se dedica a la explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. La privatización sigue la misma lógica del anterior: busca básicamente apañar las estadísticas económicas.

El cuarto aspecto es la reforma laboral, que incentiva la regularización de trabajadores, pero al mismo tiempo elimina las sanciones contra el trabajo «informal», de modo que en vez de estimular la contratación, la desincentivará; sale más barato no cumplir la ley que cumplirla. Es una apuesta decidida por la precarización de las relaciones laborales. Cambiar empleo con derechos por trabajo precario siempre empobrece.

La bendición del FMI

Hace unos días el Fondo Monetario Internacional daba el visto bueno a la octava revisión del acuerdo con Argentina y permitía un desembolso de 800 millones de dólares para apoyar los «esfuerzos de las autoridades».

La nota decía que «el programa está firmemente encaminado, habiéndose cumplido con todas las metas cuantitativas de desempeño para finales de marzo de 2024». Leyendo el elogioso comunicado del organismo internacional surge la duda de si el loco es Javier Milei o los dementes son los que gobiernan el FMI. El fascismo no viene, lleva tiempo gobernando el mundo con sus inhumanos programas de ajuste que empobrecen a las clases populares.