Cuando se cumplen exactamente dos años de estos sucesos y ante «la ausencia de indicios de delito», la Fiscalía marroquí ha archivado la investigación sobre la tragedia del 24 de junio de 2022 durante un salto en la valla de Melilla en la que murieron al menos 23 migrantes, una cifra que una ONG elevó a 27.

Según han informado a Efe fuentes de Ministerio Público marroquí, la investigación constata que hubo un «uso proporcional de la fuerza» por parte de los agentes marroquíes.

Es la misma conclusión a la que llegó en diciembre de 2022 la Fiscalía española, que también archivó la investigación tras no ver delito por parte de funcionarios españoles en esa tragedia, que ocurrió cuando cerca de 1.700 migrantes, la mayoría sudaneses, intentaron acceder a la ciudad de Melilla forzando la valla del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador.

A pesar de que no apreciaba delito, la fiscal de la Sala Coordinador de Extranjería, Beatriz Sánchez, advirtió de que varios agentes de la Guardia Civil lanzaron piedras contra los migrantes.

Aquel intento costó la vida a al menos 23 migrantes, según las autoridades de Marruecos, y a 27 según la ONG Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que denuncia que hay otras 70 personas desaparecidas.

«Las investigaciones han demostrado que la intervención de las fuerzas públicas fue para repeler el ataque, el peligro que existía y mantener el orden con un uso proporcional de la fuerza, pese al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y que poseían armas blancas», han afirmado las fuentes de la Fiscalía marroquí.

También han explicado que la investigación arroja que las lesiones que sufrieron los migrantes fueron consecuencia del «intento de atravesar a la fuerza (el puesto fronterizo) en medio de una intensa estampida y aglomeración» de personas y del «intento de escalar» dicho puesto.

«Es lo que confirmaron los testimonios de los emigrantes escuchados, y fue también corroborado por los resultados de la autopsia que se realizó a los cuerpos de los fallecidos», han subrayado las mismas fuentes.

Durante la investigación, la policía judicial y la fiscalía competente escucharon a finales de 2023 y principios de este año la versión de lo ocurrido de organizaciones de la sociedad civil de Nador, según explicaron a Efe fuentes de dichas asociaciones.

Entierro de algunas víctimas

La sección de Nador de la ONG marroquí AMDH informó este fin de semana en su cuenta en Facebook sobre el entierro de algunas de las víctimas de la tragedia de Melilla a raíz de «instrucciones» de la Fiscalía.

AMDH añadió que esto se decidió «tras recoger muestras de ADN», y señaló que desconoce hasta el momento el número total de los enterrados.

Tras la tragedia de Melilla, las autoridades marroquíes detuvieron a los centenares de migrantes que protagonizaron el intento de cruce. Unos fueron alejados en autobuses hacia el interior o sur del país y otros fueron procesados. La justicia marroquí condenó a 61 de ellos con penas de hasta 3 años de cárcel.

El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló este viernes que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una «amplia y exhaustiva» investigación y concluyó que no hubo «ningún tipo de responsabilidad por parte de ninguna autoridad ni ningún funcionario español».

Por su parte, el organismo público marroquí Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un informe sobre los hechos del 24 de junio de 2022 en el que concluyó que los muertos eran 23 y que fallecieron por «caída de la valla» y «asfixia mecánica».

La semana pasada, la ONG Border Forensics y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia publicaron un «contrainforme» (del que se desvinculó AMDH tras ser citada como colaboradora) que señala a los dos estados como responsables de la tragedia de Melilla: a Rabat por la «trampa» tendida a los migrantes, que desencadenó su intento de entrada, y a Madrid por la respuesta policial en la valla «hiriendo a personas migrantes y tratándolas de forma inhumana y degradante».

Explicaciones en Europa

Este caso llegó a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en marzo de 2023, donde Grande-Marlaska aseguró que esos hechos «nunca debieron ocurrir», pero que derivaron de una actuación «proporcionada» de los cuerpos policiales.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara, exceptuando a los representantes del PSOE, de la Agrupación Nacional de Marine le Pen y a Fidesz –el partido de Viktor Orbán–, criticó la gestión del Gobierno español en la tragedia de Melilla.